Política social, prioridad

Cumplido el ritual que obliga al Ejecutivo a poner el Paquete Económico (en este caso correspondiente a 2027) a consideración del Legislativo a más tardar el 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dio cuenta del resultado de la política social: “Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y eso ha permitido que ese indicador, así como el de pobreza laboral y el de desigualdad, se encuentren en sus niveles más bajos desde que hay registro; los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país, y el gasto público tiene la doble responsabilidad de construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”.

Ya en los documentos que dan cuerpo al Paquete Económico, Hacienda subraya que “el gasto público mantendrá como prioridad el bienestar de la población y la inversión en el futuro del país. Respecto de 2026, aumentarán los recursos para educación, ciencia, salud y seguridad, y todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación. En conjunto, a los programas prioritarios se canalizará el equivalente a 2.6 por ciento del producto interno bruto” (PIB).

Pero, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento económico para 2027? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la tasa de crecimiento será de entre 1.5 y 2.5 por ciento real, “por encima de lo previsto para 2026”, y tal comportamiento “estará sustentado principalmente en la fortaleza de la demanda interna, a la que se sumará una contribución favorable del sector externo. El crecimiento estará respaldado por mayores ingresos de los hogares, condiciones financieras menos restrictivas y una dinamización de la inversión, impulsada por los proyectos de infraestructura y los incentivos del Plan México”.

El consumo privado continuará como uno de los principales motores de la actividad. El crecimiento de los salarios reales –que durante los primeros siete meses de 2026 elevó en 4.4 por ciento el ingreso mediano real de los trabajadores–, la generación de empleo y la ampliación de la red de protección social seguirán fortaleciendo el ingreso disponible de los hogares y la economía popular. Este efecto será particularmente relevante entre las familias de menores ingresos, que destinan mayor proporción de sus recursos adicionales al consumo, sostiene la versión de Hacienda.

Algo más: “los Programas para el Bienestar, junto con el fortalecimiento de los servicios de salud y cuidados, contribuirán tanto al bienestar de la población como al dinamismo del mercado interno. A este impulso se sumarán condiciones financieras más favorables. La reducción de la tasa de referencia durante 2026 comenzará a reflejarse con mayor intensidad en el costo del crédito y del capital, debido a los rezagos con los que opera la política monetaria. Esto favorecerá el consumo de bienes duraderos y las decisiones de inversión de las empresas. Asimismo, la solidez del sistema bancario y la creciente digitalización de los servicios financieros permitirán acompañar una mayor demanda de crédito y ampliar el acceso al financiamiento, particularmente para las pequeñas y medianas empresas”.

Además, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 “impulsará proyectos estratégicos en energía, transporte, puertos y agua, aumentando directamente la formación de capital y el empleo. Conforme estas obras entren en operación, reducirán costos logísticos, ampliarán la conectividad y la disponibilidad de energía y agua y elevarán la capacidad productiva de las regiones. La participación privada y mixta permitirá ampliar el alcance de estos proyectos y fortalecer la complementariedad entre la inversión pública y privada”.

Las rebanadas del pastel

Donald Trump va de locura en locura y la más reciente, que no la última, es la ilegal y descarada propuesta de comprar votos con miras a la elección intermedia del próximo noviembre. Su oferta es pagar 5 mil dólares a cada uno de los estadunidenses que sufrague por los candidatos republicanos al Congreso (Cámara de Representantes y Senado). En el lejano caso de que así procedan los poco más de 77 millones 300 mil ciudadanos que en 2024 apoyaron al delirante en las urnas, entonces el monto a cubrir sería superior a 386 mil 500 millones de dólares, cantidad similar al PIB de Perú o Portugal, de acuerdo con el FMI. ¿De dónde saldría el recurso? De su bolsillo no, desde luego, pero más allá del río de dinero prometido, ¿quién sanciona el delito y al delincuente? Parece que nadie, porque hasta ahora nadie ha frenado el daño que ha causado.

Twitter: @cafevega

[email protected]