Madrid/La frustración es la sensación más generalizada en los grupos de migrantes que residen en EE UU con I-220A [también conocido como libertad bajo palabra]. Pendientes de la decisión de un tribunal de Atlanta que aclarara su incierto futuro, el fallo, aunque no es negativo, los mantendrá en un compás de espera nuevamente, ya que devuelve a la instancia anterior –la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)– el caso. “Tantos detenidos injustamente y deportados y aún no tenemos una respuesta, seguimos en un limbo migratorio”, lamentaba uno de ellos, residente en Texas.
La expectación era alta en torno a esta demanda, una apelación ante el Tribunal del Undécimo Circuito en Atlanta presentada por un abogado de Miami, Mark Prada, para que revisara el caso de dos cubanas a quienes se negó la solicitud de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En 2023, la BIA estableció que el formulario I-220A no podía ser considerado un parole y, por tanto, para solicitar la residencia era obligatorio tramitar el asilo político en un juzgado de manera ordinaria. Esa era la postura que defendía el Gobierno de EE UU, que consideraba que esas entradas eran ilegales y el documento solo les permitía ser libres hasta que los tribunales decidieran si tenían derecho de asilo.
Esa era la postura que defendía el Gobierno de EE UU, que consideraba que esas entradas eran ilegales y el documento solo les permitía ser libres hasta que los tribunales decidieran si tenían derecho de asilo
Prada decidió recurrir ese fallo, argumentando que el documento que recibieron sus defendidas, y cualquier persona detenida y posteriormente liberada, debía haber sido el parole. La Ley de Inmigración indica que un permiso humanitario es la única opción para poner en libertad a un detenido, por lo que solo se trataba de aplicarla correctamente, sin crear otros mecanismos.
Además, consideraba que la legislación federal había sido confusa en los últimos años. Ahora, el Tribunal admite que el Gobierno no tenía un criterio firme sobre la admisión, con las consecuencias que eso suponía posteriormente, a la hora de obtener un beneficio migratorio.
El Gobierno, sin embargo, ha argumentado que nunca hubo intención de “otorgar los beneficios de un estatus de parole que nunca tuvo la intención de conceder”.
“Tras revisar el expediente y con el beneficio de los argumentos orales, concluimos que tenemos jurisdicción sobre el asunto, anulamos las órdenes de BIA en ambos casos y remitimos los expedientes para procedimientos posteriores”, reza el dictamen, que tiene apenas seis páginas.
De esta manera, la decisión queda abierta, ya que dependerá nuevamente de la BIA pronunciarse sobre el caso particular de ambas migrantes y si repercute en los más de 300.000 cubanos que viven en EE UU con un permiso I-220A. El fallo también podría determinar fijar algunos criterios sobre las solicitudes de fianza o recursos de habeas corpus, muy debatidos actualmente por las nuevas normas migratorias de la Administración de Donald Trump.
“No es la decisión que queríamos, pero hemos ganado varios puntos en esta batalla”, dijo el abogado tras conocerse el fallo. El letrado al menos mostró satisfacción en algunos aspectos. “El Onceno Circuito rechazó el criterio BIA de que una persona con I-220A no es elegible para Ajuste Cubano y ninguno de los argumentos del Gobierno fue aceptado”. Además, Prada dijo que la decisión abre la puerta a una demanda colectiva en Florida, puesto que el tribunal de Atlanta se declaró competente en este caso.
“Esta es una lucha larga, hay mucho que hacer y tenemos muchas piezas en movimiento”, dijo a los medios el abogado, que tiene otro caso similar abierto en Nueva York.
“Esta es una lucha larga, hay mucho que hacer y tenemos muchas piezas en movimiento”, dijo a los medios el abogado, que tiene otro caso similar abierto en Nueva York
El pasado agosto, Jorge Lázaro García, un cubano con I-220A se convirtió en el primer caso conocido al que un juez de inmigración de Nueva Orleans otorgó un parole y residencia mediante la Ley de Ajuste. La decisión, no obstante, dependía de un posible recurso del Gobierno del que no ha habido información, pero los expertos advirtieron entonces de que el caso no tenía ningún antecedente y era demasiado optimista pensar que habría más.
Los afectados, pese a que son más frecuentes las detenciones de quienes no tienen delitos, mantienen la fe, pero cada vez les cuesta más. “Esto no tiene precedentes. Ninguno de nosotros nos imaginamos salir de la isla-cárcel aquella para llegar aquí y vivir esta incertidumbre de ser devueltos a donde salimos huyendo. Toda la política es una mierda, juegan con nuestras vidas como si fuéramos muñecos. Usan el dinero y el sudor del pueblo para hundirnos en vez de salvarnos”.
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