La Habana/Dos hombres han sido condenados en Ciego de Ávila a nueve y siete años de prisión, respectivamente, por robar tornillos destinados a un parque solar. Ambos fueron acusados de “sabotaje”, explica este viernes el diario oficial Invasor, tal y como está tipificado en el inciso A del artículo 125.1 del Código Penal.
Este indica que recibirá una sanción de “privación de libertad de siete a quince años quien, con el propósito de impedir u obstaculizar su normal uso o funcionamiento, o a sabiendas de que puede producirse este resultado, destruya, altere, dañe o perjudique los medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares”, tales como “fuentes energéticas, obras hidráulicas, vías y servicios de transporte terrestre”.
Según Invasor, el Tribunal Provincial avileño consideró probado que los acusados robaron unos 50.000 tornillos, piezas necesarias para el montaje de las estructuras metálicas que sostienen los paneles solares. La sentencia sostiene que el hecho provocó pérdidas superiores a 620.000 pesos para la Empresa Eléctrica y retrasó la ejecución de una obra “de alto interés para el sistema electroenergético nacional”.
Además de la prisión, los sancionados deberán indemnizar al Estado con más de 617.000 pesos, y recibieron sanciones accesorias como la privación de derechos públicos y la prohibición de salir del país. El Tribunal consideró en su fallo “la elevada lesividad del hecho”, el “impacto económico-social generado”, “el contexto actual del país” y “la importancia estratégica de las obras vinculadas al sector energético”.
Además de la prisión, los sancionados deberán indemnizar al Estado con más de 617.000 pesos
La sentencia se produce después de que la propia Fiscalía advirtiera en febrero sobre el aumento de delitos vinculados al sistema eléctrico en Ciego de Ávila y la respuesta de las autoridades con la política de “tolerancia cero”.
Esta nueva política se lleva aplicando desde mediados del pasado año, cuando el primer ministro, Manuel Marrero, advirtió de las consecuencias para quien “destruya, altere, dañe o perjudique” las fuentes de energía e incluye solicitar sanciones severas, aplicar prisión provisional y clasificar los hechos como sabotaje o cohecho. La campaña contra estos delitos involucra además al PCC, el Ministerio del Interior y las organizaciones de masas en las comunidades, así como a la prensa, que se hace eco de estos juicios ejemplarizantes cada vez con más frecuencia.
En medio de la gravedad del actual deterioro del sistema eléctrico –que este viernes provocará un nuevo récord de apagones, según la Unión Eléctrica Nacional–, estos “juicios ejemplarizantes” parecen querer trasladar la responsabilidad del sistema hacia delitos individuales.
Estos ‘juicios ejemplarizantes’ parecen querer trasladar la responsabilidad del sistema hacia delitos individuales
Mientras el Gobierno impulsa su “transición energética” e invoca la “resiliencia” para aliviar el déficit del sistema nacional, la subida del valor de materiales y combustibles en el mercado informal, junto con la presión de la precariedad, ha fomentado el robo y la reventa. En respuesta, el Estado ha endurecido la política penal y multiplicado los juicios públicos, presentándolos como advertencias ejemplares para la población, aunque la escasez continúa empujando a los cubanos hacia la economía informal.
El juicio celebrado en Ciego de Ávila se suma a otros procesos recientes presentados como ejemplos públicos de castigo. En esa misma provincia, el Tribunal Municipal de Majagua condenó a cuatro años de prisión a una trabajadora de Correos que se apropió de 57.000 pesos, unos 100 dólares al cambio informal. La cobertura del caso por la prensa oficial reflejó un tono moralizante y elogios al proceso judicial, descrito como un acto “muy bueno” por su carácter público y ejemplar.
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