¿Cómo leer la pobreza multidimensional?

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l Inegi acaba de publicar los datos de “pobreza multidimensional” y su desarrollo durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Social en 2004, y constitucional sobre derechos humanos de 2009. Como ha ocurrido desde el inicio de esta medición, la fuente de datos es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en determinado mes del mismo año. El uso de la misma fuente de datos garantizaría su comparabilidad entre las mediciones. La pobreza multidimensional reflejaría el compromiso del gobierno con las normas y principios nacionales e internacionales de derechos humanos, el reconocimiento constitucional de derechos, así como la existencia y creación de leyes e instituciones específicas.

Interesan los cambios ocurridos en las llamadas “brechas de desigualdad”, que se dan entre diferentes grupos poblacionales, sea por su ubicación geográfica, edad, género, etnia, etcétera. La noción es que midiendo el desarrollo de estas brechas se pueden conocer los cambios positivos o negativos en el desarrollo social. Se supone que este Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) identifica si las intervenciones públicas materializan los derechos sociales con igualdad y progresividad. Además, permitirían valorar la medida en que el gobierno cumple sus obligaciones en materia de derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

En cuanto al derecho a la salud en 2016, 84.4 por ciento de la población mexicana no presentó carencia por acceso a los servicios de salud, según el SIDS, pero para 2024, este indicador pasó a 65.8 por ciento. Por entidad federativa, en 2024 Nuevo León y Baja California Sur registraron los niveles más altos de población sin esta carencia de 80 por ciento o más; en el extremo opuesto, Chiapas presentó el nivel más bajo a escala nacional, con 36.7 por ciento de su población sin carencia por acceso a servicios de salud, seguido por Puebla, con 52.7por ciento. Es muy probable que este desarrollo negativo tenga que ver con la forma de levantar la encuesta, porque en 2016 estar inscrito el Seguro Popular se tomaba como acceso a los servicios de salud, aunque no fuera el caso.

En este rubro hay, además, un error, ya que el texto del Inegi refiere que el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuando en realidad se cambió este texto para establecer que es un derecho humano, durante el gobierno de licenciado López Obrador. Con el enfoque de SIDS esto fue un cambio muy importante. También se cambió la Ley General de Salud para que defina un sistema que garantiza la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa para la atención integral y gratuita de las personas.

En el indicador de accesibilidad geográfica a servicios hospitalarios, en 2024, 93.3 por ciento de la población reportó contar con un tiempo de traslado menor a dos horas en caso de requerir atención médica de emergencia. Este porcentaje fue similar al de 2016 (93.9). Sin embargo, las disparidades regionales de nuevo pusieron a Chiapas, Guerrero y Oaxaca en desventaja en este indicador, con entre 86 y 75 por ciento de la población.

En 2024, 51.8 por ciento de la población tenía acceso a la seguridad social, lo que representó un incremento de 5.9 puntos porcentuales respecto a 45.9 por ciento que se registró en 2016. De nuevo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero reportaron cantidades inferiores a 27.5 por ciento, sin esta carencia. En contraste, los estados del norte –como Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur– presentaron los niveles más altos, con más de 71.4 por ciento, sin carencia por acceso a la seguridad social. Este hallazgo, desde luego, tiene relación directa con el tipo de actividad económica, que da acceso a los sistemas públicos de seguro social.

En 2024, 40.1 por ciento de la población económicamente inactiva (PNEA) de 60 años y más reportó recibir una pensión no contributiva, o actualmente la Pensión de Bienestar. El incremento fue de 7.5 puntos porcentuales respecto a 2016 (32.6). Las entidades federativas con porcentajes más altos de PNEA de personas adultas mayores receptoras de la pensión no contributiva fueron Oaxaca, Chiapas y Guerrero: la incidencia resultó igual o superior a 55.1 por ciento. Asimismo, en 2016, Oaxaca, Chiapas y Michoacán figuraban entre las de mayor cobertura, con 49.1 por ciento o más. Lo que no capta este indicador es que muchos estados habían introducido algún tipo de “pensión”, pero frecuentemente muy bajo.

En 2024, 69.4 por ciento de la población mexicana habitó en hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa. El incremento fue de 13.8 puntos porcentuales al comparar con el registro de ocho años atrás. En 2016, los porcentajes estatales de población en esta situación oscilaron entre 29.8 y 70.6; para 2024, el rango se amplió y se desplazó hacia valores entre 47.1 y 83.2 por ciento. Guerrero y Tabasco presentaron los niveles más bajos del país, con porcentajes iguales o inferiores a 51. En contraste, los estados del norte que colindan con la frontera –como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas– concentraron los porcentajes más altos, con 73.1 o más.

En 2024, 92.1 por ciento de la población mexicana no presentó carencia por calidad y espacios de vivienda, mientras que 85.9 por ciento se encontró sin carencia de acceso a servicios básicos en ella. Al desagregar los datos según entidad federativa, en el caso específico de calidad y espacios de vivienda, los porcentajes de población en Chiapas, Guerrero y Oaxaca oscilaron entre 73.8 y 81.2 por ciento. Por otro lado, en estos mismos estados, los porcentajes de población sin carencia en el indicador de servicios básicos presentaron un rango desde 51.3 hasta 53.4. En 2024, 53.4 por ciento de la población mexicana reportó contar con suministro diario de agua dentro de su vivienda; la disminución fue ligera con respecto al registro de 2016 (54.8).

Sería de suma importancia profundizar en los datos relacionados con las condiciones de salud de la población. Es así porque los elementos utilizados parecen contradictorios, ya que unos indicadores son positivos y otros negativos, lo que no ayuda para la planeación de los servicios.