Rafael García
Alertaron que, con el Plan B, la mandataria de México busca probar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para ver si pasan por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Advirtió también que es anticonstitucional definir en una ley aprobada por el congreso federal la integración de los ayuntamientos, cuando eso le corresponde a los estados.
“La federación no le tiene que decir al estado de Guerrero, Tabasco o Sonora cuántos integrantes tiene que tener”, aseveró.
Advirtió que, más allá de estos cambios, lo que está buscando la presidenta de México es habilitar una vía que es “más peligrosa: la de aprobar leyes que son abiertamente contrarias al texto de la Constitución”.
“Además están confiados en que los contrapesos institucionales ya no tienen la fuerza ni el vigor de antes”, expuso.
El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que esta SCJN no es garante de la Constitución y podría respaldar las anticonstitucionalidades del Plan B.
“Si bien hay temas que, efectivamente, no podrían alterarse, este guardián de la Constitución, que es la SCJN no es garante de que las anticonstitucionalidades se echen para atrás como ya ha ocurrido anteriormente”, señaló.
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