Habrá descuentos en las facturas eléctricas de los cubanos que inviertan dólares en la UNE

Madrid/Ante la ola de indignación en redes sociales y las interpretaciones erróneas que han circulado en las últimas horas, el Gobierno tendrá que explicar minuciosamente la medida aprobada este jueves por la que autoriza a la población y las empresas a contratar potencia eléctrica de origen solar en divisas a cambio de descuentos en la factura. 

La propia Gaceta Oficial señala la necesidad de aclarar ese concepto novedoso, que se asemeja a una inversión, y “establecer una campaña de comunicación con el fin de su divulgación a las personas naturales y jurídicas”.

La medida es escueta. El usuario puede contratar energía fotovoltaica de la Unión Eléctrica (UNE) en dólares a un precio determinado en un anexo por el que obtiene un descuento en su factura mensual. Cuanto más años contrate, más reducción en la factura. El precio se abonará en la cuenta del monopolio estatal, que se compromete a invertir esas divisas en mejorar el sistema eléctrico, priorizando en las renovables. El cliente obtiene, además, un certificado que lo acredita como consumidor de este tipo de energías y que, por lo que se sabe, no recibe ningún beneficio ni está exento de los apagones, ya que sigue conectado como cualquier otro usuario al sistema eléctrico nacional (SEN).

Por cada kilovatio contratado, la UNE se compromete a reducir la factura mensual de electricidad en 125 kWh

Por cada kilovatio contratado, la UNE se compromete a reducir la factura mensual de electricidad en 125 kWh. La inversión inicial es alta, ya que las opciones van desde los 45 dólares para dos años por 0,5 kilovatios, que suponen un ahorro de 63 kw/h mensuales, a los 6.000 dólares por 20 años, para 1.250 kw/h al mes. Además, la resolución establece la posibilidad de vender el excedente, de manera que si se consume menos de lo contratado, la empresa estatal comprará lo que el inversionista no gastó.

Sobre el papel, la medida fomenta el ahorro, además de la inversión en un sector para el que es imprescindible contar con unas divisas que ahora mismo al Gobierno le escasean, después de que casi todos los sectores que daban este tipo de rendimientos –turismo, exportaciones de níquel y misiones médicas en el extranjero– hayan sido golpeadas. El problema está en la práctica, ya que es dudoso que mucha gente quiera comprometer sus divisas en invertir en una operación dirigida por un Gobierno que ha dado muchas pruebas de sus incumplimientos.

A diferencia de la opción de comprar un panel solar propio –una opción, eso sí, mucho más cara–, este sistema no supone garantizarse el abastecimiento de luz, ya que el cliente está igualmente enganchado al SEN, por lo que el apagón está prácticamente asegurado en las condiciones actuales.

Además, aunque los plazos son muy variables, el clima político y social no invitan a comprometer dinero ni siquiera a dos años vista cuando la percepción generalizada es que puede haber un cambio incluso de sistema político en cuestión de meses. Por otra parte, el mayor monto posible, 6.000 dólares, es una cantidad ínfima para invertir en un sistema; más aún cuando es improbable que haya muchas personas dispuestas a aportarlos.

En medio de la indignación generalizada que ha causado pensar que la electricidad se iba a pagar obligatoriamente en dólares –un malentendido que ha corrido como la pólvora en los minutos que siguieron la publicación de la nueva norma en la tarde del jueves–,una de las voces más claras a la hora de pronunciarse sobre la medida ha sido la de la empresaria Yulieta Hernández Díaz, que ha analizado la norma en su cuenta de Facebook.

“Quien tenga USD y desee, invierte para que le descuenten de la factura, reciba un certificado de energía renovable y, si sobra electricidad, pueda vender el excedente a la red. Los apagones, sin embargo, siguen siendo para todos, mientras la producción eléctrica continúe siendo inferior a la demanda y exista una única red de distribución”, resume.

Se pregunta si la norma es una cierta forma de privatización del sistema. “En realidad se trata de una actualización de tarifas de una norma anterior, no de una normativa completamente nueva. Sin embargo, su implementación genera efectos prácticos que merecen análisis ético y responsable”, señala.

Puesto que la red sigue siendo “única y limitada”, la única diferencia es que permite acceder a ciertos beneficios individuales.

Puesto que la red sigue siendo “única y limitada”, la única diferencia es que permite acceder a ciertos beneficios individuales

“Para que este tipo de inversión sea realmente viable, es fundamental la credibilidad y las garantías legales y constitucionales, incluyendo el respeto a la propiedad y la seguridad jurídica. Sin estas garantías, las inversiones pierden sentido: ya se han visto múltiples experiencias donde se promovieron inversiones, pero posteriormente las reglas cambiaron, las cuentas en divisas perdieron respaldo, se exigieron nuevas aperturas y se modificaron las condiciones financieras y monetarias, generando inseguridad y desconfianza”, recuerda.

Hernández subraya que no está en contra de las privatizaciones ni la inversión privada, pero que para ello es preciso que “las reglas sean claras, que los beneficios no dependan de relaciones personales o favores, y que los ciudadanos comprendan y confíen en los mecanismos de inversión y participación”. A su juicio, esta Gaceta Oficial no es, ni mucho menos, la primera norma que incumple estas premisas y no permite un debate previo sobre una decisión que, en la práctica, implica cambios en la propiedad pública de sectores estratégicos.

“Otras normativas publicadas en el primer trimestre de este año (todas visibles en la Gaceta Oficial) han reforzado mecanismos que en la práctica abren condiciones para privatizaciones de tipo neoliberal”, opina. Y pide más participación ciudadana ante medidas que cambian el paradigma sin que esto se reconozca siquiera.