Rafael Ramírez / El Sol de México
La propuesta plantea la creación de un marco normativo general que fije directrices federales, a partir de las cuales las entidades federativas puedan desarrollar su propia regulación, respetando su ámbito de competencia.
Además, se establece que cualquier modificación en estos esquemas deberá notificarse a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con al menos 30 días de anticipación, y se prohíben cláusulas contractuales que resulten abusivas o perjudiciales para usuarios o conductores.
Anaya Mota argumentó que, aunque estas plataformas han transformado la movilidad urbana en menos de una década, su operación carece de un marco jurídico federal específico, lo que ha derivado en regulaciones dispares entre estados y en zonas grises en materia de derechos y obligaciones.
Subrayó que la actual Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no contempla de forma expresa este tipo de servicios, pese a su expansión en las principales ciudades del país.
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En materia de seguridad, la iniciativa establece requisitos obligatorios para los vehículos y conductores, como verificación vehicular vigente, seguro de responsabilidad civil, documentación en regla y controles para evitar la suplantación de identidad.
De manera adicional, propone la implementación de mecanismos de verificación biométrica o reconocimiento facial para los conductores, tanto al inicio de cada jornada como durante la prestación del servicio.
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