CDMX plantea reforma para regular rentas, frenar alzas excesivas y combatir la gentrificación, con nuevas reglas, defensoría inquilinaria y más vivienda asequible.
Escucha esta conversación de Adriana Esthela Flores con el secretario Inti Muñoz.
Laura Velarde
El Gobierno de la Ciudad de México avanza en una reforma integral para garantizar “rentas justas” y frenar el encarecimiento de la vivienda, un fenómeno que afecta a millones de habitantes. De acuerdo con el secretario Inti Muñoz, al menos una de cada tres familias en la capital vive en renta, en un contexto donde los precios han aumentado de forma sostenida durante la última década.
El funcionario explicó que este incremento responde tanto a factores globales como a decisiones locales. Señaló, al tiempo que criticó el modelo de desarrollo urbano entre 2012 y 2018, cuando se privilegió la vivienda privada. Esto, dijo, derivó en “encarecimiento del suelo, especulación, corrupción inmobiliaria” y aumentos de renta de hasta 100 o 200% en algunas zonas.
“A partir de un fenómeno que inició hace poco más de 10 años los precios de la renta comenzaron a subir desmedida mente, esto, hay que decirlo, tiene que ver también con así como con factores globales económicos que ocurren en todas las ciudades del mundo, también con una definición política ideológica que en el gobierno de la ciudad entre 2012 y 2018 se tomó y tuvo efectos negativos y es abrir la puerta para que la mayoría de la vivienda que se produjera en la Ciudad de México fuera privada o fuera producida por las empresas inmobiliarias».
Frente a este panorama, la administración encabezada por Clara Brugada impulsa una reforma constitucional y una futura Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables. Entre las medidas centrales destaca un criterio que ya existe en el Código Civil pero que ahora se busca elevar a rango constitucional.
«La siguiente definición que se incluye incluirá en la de ser aprobada la iniciativa por el Congreso es que la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación registrada el año anterior por el INEGI. Eso ya saben el código civil, ya ha sido también ratificado por la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, ahora estará en la Constitución de la ciudad y más adelante en la Ley de Rentas Justas con distintos mecanismos de aplicación».
Además, se propone la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que garantizará el equilibrio entre arrendadores e inquilinos. Explicó Muñoz, subrayando que el objetivo no es perjudicar a propietarios, sino regular un mercado actualmente “alterado”.
«También algo muy importante, fundamental, es que se conformará una institución pública a la que se llamaría Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que va a tener a su cargo la promoción y la defensa de los derechos del equilibrio de la legalidad en las relaciones inquilinarias, es decir, que haya relaciones justas con certidumbre entre las partes y esto beneficiaría, por cierto, tanto arrendatarios, inquilinos como arrendadores».
Otro eje clave es el derecho al arraigo vecinal, que busca evitar la expulsión de familias de sus comunidades por el aumento de precios, fenómeno vinculado a la gentrificación. Pues el gobierno implementará permanentemente una política pública contra la gentrificación y a favor del arraigo vecinal, destacó el funcionario, calificando la medida como un paso “histórico”.
«Se establece el derecho al arraigo vecinal y comunitario en la eh en la Constitución. Eso significa que las personas tengan derecho a eso que es el arraigo vecinal, al vínculo social, cultural, económico y a permanecer en las zonas donde han crecido y desarrollado su vida, es derecho social democrático que se afianza en la Constitución de la Ciudad de México y finalmente algo muy importante que yo considero es histórico, porque es la primera ciudad tal vez en el mundo que en su Constitución incluye la siguiente definición,, la cual señala el gobierno implementará permanentemente una política pública contra la gentrificación y a favor del arraigo vecinal y comunitario».
CDMX plantea reforma para regular rentas
El diagnóstico oficial indica que más de 20 mil familias al año se ven obligadas a abandonar la ciudad por no poder pagar una vivienda. Muchas terminan en zonas cada vez más alejadas, lo que implica traslados de hasta seis horas diarias.
“Después, la obligación del gobierno de la ciudad de ampliar permanentemente su reserva territorial, es decir, adquirir suelo para producir vivienda, sobre todo en las zonas porque el problema que tenemos es que miles de familias cada año se tienen que ir a vivir a lugares cada vez más alejados en la zona conurbada. Ya no es Ecatepec, estamos hablando de Teotihuacán, de Zumpango y esto lleva a que las personas que trabajan en la ciudad central inviertan hasta 6 horas de su vida todos los días en ir y venir de su casa lugar de trabajo y esto pues es terrible, tiene costos económicos, ambientales, humanos».
La estrategia también contempla aumentar la oferta de vivienda asequible mediante inversión pública y privada. Actualmente, dijo, existe una “sobreoferta de vivienda cara que el 95% de la gente no puede comprar”. Mientras que las familias destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de renta. El objetivo es que este gasto no supere el 30% del ingreso familiar.
Muñoz rechazó que la iniciativa implique congelar rentas o afectar la propiedad privada.
“Decirles que no es así, es decir, la iniciativa constitucional que se ha presentado, la ley de rentas justas no congelarán las rentas, no es un congelamiento de rentas, no se toca a la propiedad privada, se le respeta. Eso es muy importante señalarlo, más bien da certidumbre jurídica al mercado de la renta habitacional, le da estabilidad, porque lo que tenemos es algo terrible, es decir, es un mercado alterado donde eh pues quién puede pagar una renta de 100 000 pesos en la Roma Sur donde antes pagaba 8 mil o 10 mil pesos».
Finalmente, sostuvo que estas reformas buscan consolidar un modelo de ciudad más equitativo.
«No es así, lo que estamos haciendo es tener una ciudad donde las dinámicas de la habitabilidad de la vivienda donde el derecho a habitarla, donde del la dimensión económica y de mercado que hay en torno al derecho a la vivienda también, pero sobre todo el derecho humano de las personas a la vivienda adecuada, funcionen con garantías, con una estructura que le da ese derecho, ese derecho pues certidumbre, certidumbre, funcionalidad, sostenibilidad».
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