¿Qué dice el decreto sobre el SUS?

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a publicación del decreto sobre el Sistema Universal de Salud (SUS) al inicio de mayo ayudó a desentrañar qué se está buscando con este sistema. De entrada, hay que señalar que el decreto se apoya en la Constitución y los acuerdos internacionales firmados por México. Así, debe garantizarse la salud como derecho humano y la protección de la salud, que significa al acceso a los servicios sanitarios. Ambas cuestiones se han declarado a lo largo de cuatro décadas, pero de diferentes maneras como señalé en mi anterior artículo ( La Jornada 17/4/26). Es decir, la idea no es nueva, pero se ha entendido de varias maneras, que pueden caber tanto en el pensamiento neoliberal como progresista.

Un tema significativo es que sólo es un decreto presidencial y no un cambio en la Ley General de Salud (LGT). Esto es importante porque indica dos asuntos. Por un lado, concierne el sistema de salud, pero no tendría necesariamente una aplicación generalizada. Por ejemplo, no regularía el sector privado. Llama la atención en este sentido quiénes firman este decreto. En primer lugar, está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, seguida por los/as secretarios/as de Gobernación, de la SHCP, de Bienestar, de Energía, de Salud y del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Llama poderosamente la atención que las instituciones públicas directamente involucradas en la prestación de los servicios de salud, el IMSS, el OPD IMSS-Bienestar y el Issste no aparecen entre los firmantes. O sea, los actores habituales en el sector público de salud no aparecen. Esto es particularmente llamativo, ya que el decreto los involucra directamente, tanto en lo referido a su infraestructura, su personal, sus presupuestos como en “la continuidad de la atención.”

El primer punto del acuerdo es que es obligatoria la coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales que prestan servicios de salud y que forman parte de éste, mientras los servicios de salud de las entidades federativas puedan adherirse al acuerdo. Esta formulación significaría que los sistemas estatales de salud que no se adhirieron a la federalización pueden o no integrarse a SUS. Es decir, se mantiene el carácter voluntario de la federalización.

El segundo artículo define al SUS como una red integral e integrada de prestación de servicios de salud, compuesta con el IMSS, el Issste y el OPD IMSS-Bienestar, los servicios de salud de Pemex, Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales de Salud, las unidades médicas a cargo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, etcétera. Esta red brindará servicios médicos y medicamentos gratuitos conforme a las reglas que el decreto establece. Se hace explícito que esto debe ocurrir sin afectar su capacidad financiera y sin disminución en la calidad de los servicios que las instituciones prestan a su respectivas poblaciones encargadas.

Este punto es indudablemente uno de los más controvertidos, ya que de inicio las instituciones mencionadas tienen una sobrecarga de demanda grave en sus distintos niveles de atención. Por ello, la insistencia de la Presidenta y de los altos funcionarios de salud en acelerar la renovación y el equipamiento de unidades existentes y construir nuevas. Sin embargo, para que ello sea posible habría que hacer cambios reglamentarios profundos, tanto para acelerar las obras como para encontrar nuevas formas de contratación como, por ejemplo, los hospitales llamados “llave en mano”.

Otro artículo complejo de aplicar es el referido a la coordinación del esquema de compensaciones entre las instituciones. Estará en manos de la Siscosam (la anterior subsecretaría de planeación y rectoría) coordinar el esquema de compensación para su eficiente operación. Este esquema ya existe, pero no ha funcionado satisfactoriamente. Para ello, se apoyará en los sistemas telemáticos. También se harán expedientes clínicos que se puedan consultar en todas las instituciones, independientemente de donde pertenece el paciente; tema importante pero difícil de homogeneizar porque un número importante de hospitales e instituciones ya tienen sus expedientes automatizados y no están muy dispuestas de cambiarlos.

El SUS contará con un padrón nacional, que se integrará a partir de que las personas se registren para solicitar la expedición de su credencial de salud. Dicho registro será gratuito, utilizando como identificador único la Clave Única de Registro de Población (CURP). El padrón nacional será administrado por la Secretaría de Salud. El censo sería la base del “intercambio de servicio” y la “continuidad del servicio” como analicé en mi anterior artículo. Una cuestión de fondo es que los que tienen menos acceso a los sistemas automatizados es la población más pobre, que más necesitaría el intercambio de servicios.

México necesita urgentemente un SUS, pero para ello hay que resolver de fondo los problemas que lo ha impedido hasta hoy.