Ociel Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, explicó que 17 comunidades promovieron un amparo, con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ante la contaminación del acuífero por agroquímicos y advirtió que el problema no es exclusivo de Hopelchén, pues debido a la geología cárstica de la Península de Yucatán, los “venenos y químicos” vertidos en la zona pueden dispersarse hacia Yucatán y Quintana Roo.
El representante señaló que el impacto de esta contaminación trasciende a las 17 comunidades que participaron en el proceso y alcanza potencialmente a toda la población que depende del agua en la península.
Por ello, consideró que el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a las autoridades federales y estatales a frenar la contaminación por plaguicidas como el glifosato y a proteger el acuífero de la región, abre una puerta para utilizar las herramientas legales en defensa de los recursos naturales y del patrimonio de las comunidades.
Pech recordó que el amparo fue admitido durante la pandemia y que las comunidades tuvieron que esperar alrededor de seis años para obtener la sentencia, pese a contar con peritajes y pruebas sobre las condiciones del agua. Ahora la principal preocupación es que la resolución se cumpla y no quede únicamente en el papel.
El colectivo pidió que las autoridades estatales, municipales y federales coordinen las acciones para proteger el acuífero y que las comunidades mayas participen directamente en las estrategias, debido a que conocen el territorio y sus problemáticas.
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