Orizaba, Ver.- La operación de mototaxis en varios municipios de la región continúa provocando la inconformidad de organizaciones de taxistas debido a que este servicio se presta sin que exista, hasta ahora, una modalidad reconocida y una regulación específica por parte del Gobierno del Estado.
Jairo Guarneros Sosa, representante del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (Grito), expuso que varios alcaldes han permitido e incluso fomentado la operación de mototaxis al asignarles espacios o declararlos como servicios tolerados, pese a que –afirmó– los ayuntamientos no tiene facultades para autorizar este tipo de transporte, atribución que corresponde a la autoridad estatal.
Mencionó a entre los alcaldes que fomentan este tipo de servicio irregular al de Nogales, Santa Ana Atzacan, Soledad Atzompa, Magdalena, Acultzingo, Mixtla de Altamirano y Tequila.
El dirigente aclaró que no se opone a que las mototaxis puedan convertirse eventualmente en una alternativa de transporte, pero consideró necesario que primero haya una regulación clara y una autorización oficial.
Criticó que mientras las autoridades hacen operativos contra su gremio por licencias vencidas o pólizas de responsabilidad caducadas, se permita trabajar a unidades que tampoco tienen autorización estatal para prestar el servicio.
Guarneros Sosa sostuvo que existe un trato que considera inequitativo hacia los transportistas formalmente autorizados, particularmente porque algunos enfrentan problemas para obtener placas que, dijo, derivan de decisiones del propio Gobierno del Estado.
En contraste, fustigó que las mototaxis y unidades de plataformas pueden continuar operando sin que se resuelva previamente su situación jurídica y administrativa.
Mencionó que esta problemática no se limita a un solo municipio, pues también se ha presentado en la sierra de Zongolica y la zona de Córdoba.
Citó los casos de Tehuipango y Zongolica, donde, aseguró, autoridades municipales han asignado espacios o permitido la operación estos vehículos mientras se imponen restricciones a ruleteros que sí tienen autorización estatal.
Por ello, pidió que sean las autoridades estatales y municipales las que aclaren formalmente qué facultades tienen los ayuntamientos en materia de transporte y, en su caso, determinen responsabilidades si alguna administración está autorizando servicios que corresponden al ámbito estatal.
Expuso que también deben abrirse mesas de diálogo para construir propuestas de regulación para mototaxis y plataformas digitales.
Finalmente, Guarneros cuestionó que los gobiernos municipales invoquen la aplicación de la ley para restringir actividades de ciudadanos, mientras que al mismo tiempo permiten servicios cuya autorización, sostuvo, no les corresponde otorgar.
“Si tu autoridad no está respetando la ley, ¿por qué me pides a mí, ciudadano, que yo la cumpla?”, planteó.
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