La prensa oficialista se preocupa por los impagos del Gobierno a los agricultores

Madrid/“La deuda de millones de pesos persiste, como un virus que se niega a ser borrado”. Así caracteriza la prensa oficial los impagos de las empresas estatales agrarias a los productores en un reportaje publicado este miércoles que repasa las elevadas cantidades que se deben a cientos de guajiros en la provincia de Artemisa, polo agrícola por excelencia del occidente de la Isla. 

La cadena de impagos es escandalosa y afecta a unos 300 productores y 36 cooperativas del territorio. El monto total de las empresas estatales asciende más de 95 millones de pesos si se suman los apabullantes 60 millones de la agropecuaria de San Antonio de los Baños a los 35,7 millones que adeuda la del municipio cabecera de Artemisa, según cuenta Juan Carlos Alcolea Torres, presidente de la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap).

De este último monto, la mayor parte (82%) ha vencido ya, 29,3 millones, según Osbel Guilarte González, director municipal de la Empresa Agropecuaria de Artemisa.

De este último monto, la mayor parte (82%) ha vencido ya, 29,3 millones, según Osbel Guilarte González, director municipal de la Empresa Agropecuaria de Artemisa

Esto es solo si se mira a los productores, porque la deuda con los bancos hace palidecer al resto. “Le debemos al banco más de 260 millones de pesos, en créditos vencidos de años anteriores. En 2024 renegociamos esa deuda a 10 años y, debido a eso, nos entran créditos vencidos casi todos los meses, los cuales debemos ir cumpliendo. Así que el banco toma de nuestros ingresos el 80% de cuanto ingresa a nuestras cuentas”. Con el 20% que resta, deben cubrir salarios, otros gastos financieros y las aportaciones exigidas legalmente.

El reportaje pone el foco en los casos de tres productores que se las ven y se las desean para cobrar. Uno de ellos es Daniel Evelio González, que ha visto cómo menguaba su cosecha de plátanos por la imposibilidad de pagar los insumos necesarios. “Al no tener fertilizantes, el plátano se atrasa; cuando pare la mata, demora demasiado en coger su tamaño y ponerse hecho. Y me deben como medio millón de pesos”, cuenta el campesino. Son malos tiempos, añade, porque nadie quiere trabajar en el campo, y menos en las condiciones que se dan. 

González afirma que ha dejado de cosechar porque, a raíz de los impagos, no tiene con qué pagar los gastos de la finca, incluyendo a unos trabajadores que son eventuales y quieren cobrar de noche -y en efectivo– lo que hicieron en la mañana. La tarea termina de complicarse por la imposibilidad de tener efectivo. “Nosotros teníamos un millón y pico de pesos en el banco y nos dan 2.000 o 5.000 pesos”, cuenta el guajiro. Antes entregaba los productos a Acopio, que a su vez pagaba a la cooperativa de la que forma parte –Tomás Álvarez Breto–, pero cada vez entregan menos y más tarde. “¿Explicación? Que no hay dinero. No sé”, afirma.

A William Hernández Valdés, integrante de la misma cooperativa, se le adeuda más de un millón de pesos por lo cosechado desde noviembre pasado en sus casi 20 hectáreas de plátano burro. “Eso influye en la propia contratación y el pago a los obreros. Cuando los encuentras”, lamenta, señalando los mismos inconvenientes que González. 

“Solicitaron un crédito de 48 millones con el cual nos iban a pagar. Demoró en aprobarse, y ahora les dijeron que se usará para pagar comercialización, o sea, los productos que entregáramos a partir de la aprobación, no la deuda”

Fernando García Cazañas, presidente de la cooperativa, agrega que la empresa agropecuaria les debe casi 12 millones en total –que , que aumentan cada mes, a lo que hay que sumar la climatización. “Ellos tienen una economía muy mala; cuando han tenido la posibilidad, se han enredado con las producciones y los pagos de La Habana, que igualmente les debe muchos millones”, apunta.

García Cazañas revela que ya en 2025 hubo un antecedente y, aconsejados por la primera secretaria del Partido Comunista en Artemisa, dejaron de entregar productos a la capital. “Amparado en el Decreto Ley 63, si tienes que trancar La Habana, hazlo. Porque si no te pagan, te enredas con los de aquí… y al final te van a demandar los tuyos. Tienes que buscar otro destino”. Aunque así han logrado vender y ganar dinero, el pago del crédito al banco no da para más. 

“Solicitaron un crédito de 48 millones con el cual nos iban a pagar. Demoró en aprobarse, y ahora les dijeron que se usará para pagar comercialización, o sea, los productos que entregáramos a partir de la aprobación, no la deuda”, cuenta el cooperativista, que explica las dificultades de hacer entender al productor que no se le van a pagar los atrasos sino lo nuevo que vaya a aportar. “Eso propicia que el productor no entregue nada. Son los afectados. A algunos se les debe un millón de pesos, a otros casi esa cifra. Y se perjudica también la comercialización de Artemisa y La Habana”, sostiene. Otras provincias y destinos –Comercio Interior o Salud Pública– se benefician de la situación, añade, mientras las tarimas de la provincia y la capital se quedan vacías, por no hablar del “encargo social”. 

La nota repasa más casos, incluyendo los que consiguen y no consiguen pagar al campesino, en función de cómo se organicen; un contexto en el que surge el tema de la gasolina. “Ahora se abre la posibilidad de importar el combustible y lo que necesites. Claro, eso lleva dinero. Muchos me han dicho ‘¿por qué tú no me pagas la deuda, a ver si puedo comprar aunque sea 30 litros?’. Tú llamas al proveedor y te lo trae a la finca, pero te dice ‘Dame lo mío’. Y no puede ser todo el mundo”, subraya.

El presidente de la cooperativa Camilo Cienfuegos. Alfredo Morales López, expone otra imponente deuda de Acopio, que desde noviembre a finales de julio debía ya seis millones de pesos. “La empresa necesita casi 26 millones a fin de pagar las deudas. Sin embargo, nos explicaron que el crédito de 46 millones aprobados sería para pagar lo que se entregue a partir de ahora”, dice. El mismo caso que el de García Cazañas.

“Recientemente, el director de la empresa aseguró que lograron cobrar varios millones y nos pagarán todo. Solo al campesino Adolfo Briz Benito le deben 5.811.740 pesos. Pero va pasando una semana tras otra… y nada”, añade. El medio contactó con el directivo, que confirmó la versión, pero los problemas no cesan. “Ahora falta que, entre la corriente y la conexión, lleguen de una vez del Banco a la tarjeta, para, luego, extraerlos poco a poco, en otro proceso largo”, dice.

Osbel Guilarte González admite que la gestión del cobro “no ha sido la más eficiente”, aunque lo atribuye al transporte. “Acumulamos casi 120 millones en cuentas por cobrar, buena parte de ellas envejecidas. Nuestro principal cliente, la Empresa de Acopio Habana, al cierre de mayo nos debía más de 11 millones de pesos, y la UEB Mercado de Plaza Cerro, que pertenece a Acopio Habana, pero a la empresa de Matanzas, nos debe casi 15, es decir, 27 millones entre las dos”, resume.

“Todavía nos deben noviembre y diciembre de 2025, así como enero, mayo, junio y julio de este año. Faltaban por pagar nueve millones, y ya la deuda creció a 11.700.000”

A su juicio, si lograran cobrarlo todo, podrían satisfacer los pagos a los campesinos, pero cada vez que entra dinero, el banco se lo queda y se necesita un nuevo crédito. “A principios de junio, se nos aprobó otro más para la comercialización: 45 millones a fin de pagar a los campesinos”, dice. Ahora intentan pagar como máximo en 30 días y ya han aliviado parte de las cargas, sostiene, aunque los cooperativistas recuerdan que sigue faltando dinero y desconfían de que el monto no deje de aumentar. 

“Nos pagaron los meses de febrero, marzo y abril de este año, porque eran los de menos cuantía. Todavía nos deben noviembre y diciembre de 2025, así como enero, mayo, junio y julio de este año. Faltaban por pagar nueve millones, y ya la deuda creció a 11.700.000”, indica García.

El reportaje no lo menciona, pero desde abril de este año y como parte de las reformas económicas del Gobierno, Acopio pierde los derechos de comercialización si no consigue pagar. Las autoridades establecieron en la nueva norma que la estatal debe cumplir con las obligaciones del contrato independientemente de si posee recursos económicos o no. En caso de que tenga problemas logísticos y financieros queda obligada, como todos los demás, a comunicarlo a los productores con los que había contratado, que quedan así liberados para comercializar con otras personas naturales o jurídicas, un mecanismo que pone fin a la obligación que soportaban los campesinos a pesar de las las eternas deudas e impagos.