La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el viernes, desde Villahermosa, que hay intención de llegar a un acuerdo con Estados Unidos en la revisión del T-MEC antes de las elecciones legislativas de noviembre en ese país, aunque todavía no se alcanza el punto final. Como parte de la negociación, México plantea reducir el déficit comercial estadounidense con más compras a su vecino y menos a otros países. La declaración llega cuando la incertidumbre ya tiene forma institucional. El 1° de julio, Washington se negó a renovar el tratado en su forma actual y activó el mecanismo de revisiones anuales previsto en el artículo 34.7. El acuerdo sigue vigente hasta 2036, y cada año se abre de nuevo la mesa, con la posibilidad de presionar en aranceles, reglas de origen, energía o seguridad sin necesidad de amenazar con una ruptura.
El suspenso suele atribuirse al estilo personal de Donald Trump. La decisión responde también a un cálculo estructural: Estados Unidos aceptó la integración económica de Norteamérica como un hecho y decidió convertirla en una palanca de uso permanente. Las revisiones anuales le permiten extraer concesiones de manera escalonada mientras conserva los beneficios de un mercado que su propia industria necesita.
En términos agregados, México es la parte más expuesta. En 2025 exportó a Estados Unidos 534 mil 874 millones de dólares, más de 80 por ciento de sus ventas totales al exterior y el equivalente a más de una cuarta parte de su PIB. Lo que Estados Unidos vende a México ronda el uno por ciento de su PIB. Una ruptura o un endurecimiento severo de las reglas de origen golpearía el empleo manufacturero, la inversión extranjera y el tipo de cambio en México con una intensidad que la economía estadounidense absorbería a escala nacional. La calificadora HR Ratings ya redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2026 de 1.5 a 1.1 por ciento bajo el supuesto de revisiones anuales, y ubica el riesgo principal en la pérdida de valor agregado mexicano por reglas de origen más estrictas.
El costo estadounidense se mide mejor en el mapa que en el agregado. México fue en 2025 el principal destino mundial de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, con compras por 30 mil 630 millones de dólares, casi 18 por ciento del total. Es el primer comprador de maíz estadounidense y un mercado récord para la soya, el cerdo, los lácteos y la carne de ave. Ese dinero llega a los estados agrícolas del Medio oeste, donde el voto republicano es mayoritario. La industria automotriz reparte sus plantas entre Michigan, Ohio e Indiana, con piezas que cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en un vehículo terminado. Buena parte de la economía fronteriza de Texas depende de la logística del comercio bilateral. El consumidor estadounidense paga en el supermercado cada arancel sobre el aguacate, el jitomate o la cerveza, en un contexto donde la inflación define elecciones.
Esa distribución explica la preferencia de Washington por la presión sostenida. Una ruptura concentraría el daño en los territorios que sostienen la base electoral del propio gobierno. Revisar el tratado cada año mantiene la amenaza abierta y aplaza indefinidamente el cobro de ese costo. Que la referencia para cerrar un acuerdo sea la elección de noviembre confirma dónde se mide ese costo.
Para México, la asimetría tiene dos caras y ambas exigen política. La primera obliga a reducir la vulnerabilidad mediante la diversificación de mercados, el fortalecimiento del mercado interno y un mayor contenido nacional en las cadenas de exportación. La segunda permite negociar con conocimiento de causa, porque cada revisión anual se discute frente a productores, armadoras y consumidores estadounidenses que pagarían primero el costo de cualquier endurecimiento. Convertir esa exposición en presión exige dos instrumentos. El primero son represalias calibradas y preparadas de antemano, elegidas por su peso político más que por su monto, como las que México aplicó en 2018 al cerdo, el queso, las manzanas y el bourbon en respuesta a los aranceles al acero; su valor está en ser creíbles, no en aplicarse. El segundo son alianzas sostenidas dentro de Estados Unidos con asociaciones de productores, cámaras empresariales, gobernadores y legisladores de los estados expuestos, que son quienes pueden frenar a Washington desde adentro. La presión anual puede durar diez años. La respuesta mexicana requiere la misma duración: una estrategia de Estado que convierta la exposición de sus socios en argumento de negociación permanente.
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