Durante el gobierno de AMLO establecieron políticas de nutrición para atender problemas de consumo de alimentos ultraprocesados.
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Escucha la tercera parte del especial con producción de René Garza Betancourt.
Luz Cecilia Andrade
Después de que en sexenios pasados, investigadores, instituciones de salud y sociedad civil buscaron estrategias para equilibrar la balanza en políticas públicas de salud, donde el contrapeso lo juegan las empresas de comida chatarra y los intereses particulares, en 2018 llegó un nuevo gobierno que prometió leyes para corregir la mala alimentación en México en todos los estratos sociales: el de Andrés Manuel López Obrador.
En los primeros años de su administración, aplicó medidas significativas en la atención de problemas de salud. Una de las más importantes fue la modificación a la Norma Oficial Mexicana de Salud-051, que obligó a las empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas a incluir un nuevo sistema de etiquetado frontal.
Los cambios a la regulación se dividieron en tres fases.
Fase 1: La regulación más avanzada y completa del mundo
En octubre de 2019 ocurrió la primera modificación. El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas. Esto, con la implementación de un sistema frontal para informar a las y los consumidores sobre el contenido de grasas, azúcares, calorías y sodio en la comida ultraprocesada.
“Bueno, pues celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que sí es importante para los consumidores que se tenga información de lo que contienen los productos, eso tiene que ver con la salud”.
Esta medida representó un gran avance a nivel nacional e internacional. Para hacerla posible, investigadores y funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) trabajaron con integrantes de la sociedad civil como el Poder del Consumidor, entre otros, para catalogar a los alimentos ultraprocesados.
Lo anterior, conforme a los lineamientos que establecieron las siguientes organizaciones:
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En 2020, órganos de salud internacional celebraron la adición de esta medida por tratarse de “la regulación más avanzada y completa del mundo”. Esto, lo afirmó David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2024.
“Con el paso del tiempo, el beneficiario final, el consumidor, el ciudadano, tuvo un impacto positivo no solo en la información sino en la salud. Las formulas se modificaron en algunos casos y ahí esta es algo con lo que poco a poco, y de manera cultural nos vamos a tener que ir acostumbrando”.
Resistencia de las empresas de comida chatarra
Sin embargo, la respuesta de la industria de comida chatarra fue negativa. Después de la entrada en vigor del etiquetado frontal, diversas empresas de comida chatarra interpusieron más de 170 amparos en contra de la nueva medida. Cerca de 130 fueron rechazados y sólo 40 quedaron pendientes de resolución.
El primer amparo en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue de la empresa Santa Clara, subsidiada por Coca-Cola. Tras ella, desfilaron empresas como la embotelladora Barrilitos, Desde el corazón al Fruto, Herdez, McCormick, Alimentos del Fuerte y Nutrisa. Pero, el año pasado negaron algunos de los amparos.
Estas estrategias legales dejaron en evidencia al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), integrado por 38 empresas, ya que, en 2020 el 85% de los productos de estas compañías contaban con sellos de advertencia.
Entre los asociados de ConMéxico, resultaron empresas responsables de los problemas de salud relacionados con enfermedades no transmisibles en el país, dentro de las cuales están:
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Coca-Coca Femsa.
Danone.
Jugos del Valle.
Diageo.
Ferrero de México.
PepsiCo.
GEPP.
Jumex.
La Costeña.
Mondelez.
Grupo La Moderna.
Sigma.
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Fase 2: Derecho a una alimentación adecuada
El primero de junio de 2021, a mitad del sexenio de López Obrador, entró en vigor la segunda fase de la reforma a la NOM-051 de la Ley General de Salud. Para este momento, las empresas reguladas debían cumplir con medidas de transparencia y protección adicional al etiquetado frontal.
Dos años después, el Senado de la República ratificó la modificación a la Ley General de Educación. Ésta prohíbe la distribución y publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas, así lo explicó Alejandro Calvillo, integrante del Poder del Consumidor:
“Y, este proceso seguimos y luchando por esto, pues logramos una reforma a la Ley General de Educación para que ya, desde la ley, desde arriba, el máximo órgano regulador estableciera que tienen que desarrollar lineamientos con ciertas características”.
Dentro de esta etapa, en 2024, también publicó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible con el objetivo de establecer las bases para garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
Esto, para algunos especialistas, representó el inicio de un ejercicio de voluntad política importante en favor de la salud para las personas de todos los grupos de edad en el país, destacó Calvillo:
“Este es un cambio importante, o sea, desde 2010 se ha tratado pero los lineamientos nunca han estado establecidos como en este momento lo están. Entonces, es importante que sigan las campañas”.
Fase 3: Vida saludable, vida feliz
El relevo presidencial bajo el mismo proyecto político, representó una continuidad de los pasos que avanzó el sexenio anterior. Lo cual, quedó plasmado en el punto 46 de los 100 compromisos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca reducir la obesidad, hipertensión y diabetes:
“Lo que queremos es fortalecer la buena alimentación, la alimentación saludable, que es motivo de lo que ayer expresó Mario Delgado, secretario de Educación, de prohibir los alimentos chatarra y de hacer una campaña muy fuerte de educación.
No es que se vayan a evitar que se vendan, pero que las mexicanas y los mexicanos sepamos lo que significa ingerir tanto alimento procesado y que regresemos a la alimentación saludable”.
Su estrategia incluye el proyecto “Vida saludable, vive feliz”, cuyo objetivo es sacar de las escuelas la comida chatarra y las bebidas azucaradas.
No obstante, las alertas por parte de la sociedad civil se activaron cuando Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la actual administración, se reunió el 9 de abril con representantes de la organización ConMéxico para hablar sobre el programa.
“Limitar la participación de las empresas en la elaboración de políticas públicas es esencial debido a que, históricamente, se ha demostrado que su presencia entorpece los programas en beneficio de la salud”, comentó Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública:
“El diálogo con las corporaciones que hacen comida chatarra, el trabajo conjunto y tenerlos en la mesa de decisión, no genera buenos resultados. Lo que estamos buscando en las escuelas es que los niños aprendan a comer y que regresen a esas dietas libres de ultraprocesados.
Yo creo que sí hay una gran preocupación y que la máxima distancia que se pueda tomar de las corporaciones es lo mejor para los niños”.
Para finales de este año, durante la gestión de Sheinbaum, está contemplada la tercera fase de la reforma a la NOM-051. El cálculo y evaluación de la información nutrimental complementaria en productos ultraprocesados contemplará íntegramente las disposiciones contenidas en la modificación de la norma.
Frente a este panorama, es importante no quitar el dedo del renglón, ya que, aún quedan pendientes como:
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Reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.
Lineamientos para restringir la publicidad dirigida a las infancias y adolescencias.
Monitorear que se cumplan los lineamientos de la estrategia “Vida saludable, vida Feliz”.
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