La Habana/El reciente despliegue de inspectores en Sancti Spíritus, descrito con pomposidad por el medio oficialista Escambray, no es más que una nueva arremetida contra los pocos espacios de comercio donde aún se puede comprar alimentos y productos básicos, aunque sea a precios altos. Más de 800 inspecciones, cerca de 190 multas, cierres de negocios y decomisos de mercancía forman parte de lo que las autoridades celebran como un logro en la llamada lucha “contra la corrupción y los delitos económicos”.
En la provincia se penalizaron irregularidades como pizarras ilegales, “precios abusivos” y el uso “incorrecto” de las pasarelas de pago electrónico. Las sanciones recayeron, en su mayoría, sobre los trabajadores por cuenta propia y las pymes privadas, que entregaron más de un millón de pesos en multas. Los productos con más violaciones de precios fueron el arroz, aceite, detergente, leche en polvo y salchichas, todos más o menos básicos en las casas cubanas.
A quienes no se los decomisaron, la advertencia ha sido que vuelvan a vender a precios topados que, como en varios casos se han quejado los comerciantes, a veces no cubren ni el costo de adquisición.
Lo que en teoría se trata de garantizar “legalidad” y “protección al consumidor”, en la práctica se ha convertido en una cacería de brujas que el Gobierno hace con cada vez más frecuencia. La situación tampoco es exclusiva de Sancti Spíritus. En La Habana, el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito también se ha traducido en cierres, multas millonarias e inspecciones sorpresa.
En el Parque Metropolitano, informó el gobierno de la capital, la pyme Salsa Río fue sancionada por no facilitar correctamente los pagos por pasarelas digitales
En el Parque Metropolitano, informó el gobierno de la capital, la pyme Salsa Río fue sancionada por no facilitar correctamente los pagos por pasarelas digitales. En el municipio de Plaza de la Revolución “se realizaron 90 acciones de control, con multas que sumaron más de 1,2 millones de pesos, y la inmovilización temporal de 20 actores por violaciones de higiene y de 11 vendedores ilegales detectados. Se ocuparon documentos de tres proyectos y se paralizaron actividades incumplidoras”, informó la prensa oficial.
A nivel nacional, según la emisora Cadena Agramonte, solo esta semana se impusieron más de 7.500 multas en todo el país, derivadas de más de 12.000 inspecciones. Las sanciones suman casi 24 millones de pesos recaudados. Un golpe no solo para quienes intentan sobrevivir con su negocio, sino para toda una población que depende, en muchos casos, del mercado informal para encontrar productos que el Estado es incapaz de poner en los mostradores. No obstante, declaró con orgullo la prensa oficial, ni una sola provincia se libró de las mulatas por “ilegalidades”.
El ejemplo emblemático ha sido el de La Cuevita, cerrada temporalmente por el gobierno de La Habana con la excusa de llevar a cabo reparaciones y que esta semana todavía bullía de gente. “De esto vive el pueblo, no lo pueden cerrar”, decía un vendedor a 14ymedio.
La Cuevita, cerrada temporalmente por el gobierno de La Habana con la excusa de llevar a cabo reparaciones y que esta semana todavía bullía de gente
A inicios de año, en abril, ocurrió algo similar en la Calle 13 de Holguín, donde tras un operativo de control se cerró el mercado informal, se impusieron multas y hubo decomisos y detenciones. Los vendedores simularon por unos días respetar los precios topados, pero pronto la “candonga” volvió a su ritmo habitual.
En más de una ocasión los propios negociantes han denunciado la arbitrariedad del Gobierno, que no solo impone precios que no coinciden con la demanda y el coste de adquirir los productos, sino que envía hordas de inspectores que, tablilla en mano, buscan más recaudar dinero en multas que controlar las ilegalidades.
Osmel Ramírez, un cuentapropista de Mayarí, fue citado por la Policía esta semana tras denunciar en redes a una inspectora por su conducta abusiva. Según el comerciante, la funcionaria lo visita con frecuencia y, cuando encuentra la más mínima infracción, impone la máxima multa posible. “Gente como ella lastiman más que los apagones”, escribió en redes sociales.
La inspectora, contaba, ya le había puesto cuando empezó su negocio 45.000 pesos de multa, y ahora pretendía cobrar otros 16.000 “por unos cigarros que el dependiente tiene en su bolso”. “Esa es la manera que ellos tienen de estimular al sector privado, estimularnos a quebrar”.
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