La Corte Suprema revisará las demandas de Exxon y Havana Docks

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La Habana/La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que aceptará y revisará dos apelaciones hechas en el marco de la Ley Helms-Burton por dos compañías estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas con las nacionalizaciones de Fidel Castro. Se trata de las demandas presentadas por la corporación petrolera Exxon Mobil y la empresa de cruceros Havana Docks.

La decisión de la más alta instancia judicial, impulsada por una petición del Departamento de Justicia de revisar ambos casos, revierte los fallos de los tribunales de apelaciones que los habían llevado hasta ahora.

La Helms-Burton es una ley que entró en vigor en 1996 pero su Título III, que permite a aquellas familias y compañías expropiadas por el régimen reclamar compensaciones por sus antiguas propiedades estuvo inactiva hasta 2019, cuando el Gobierno de Donald Trump durante su primer mandato decidió activarlo.

Ese mismo año, Exxon Mobil, antes llamada Standard Oil Company, reclamó ante los tribunales la expropiación de la actual refinería Ñico López de La Habana, así como 117 gasolineras que operaban en la Isla antes de la llegada de Castro al poder. La demanda se impuso contra la Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo (Cupet), quienes debieron defender su posición en las cortes estadounidenses. En total, ha declarado la empresa, las pérdidas fueron de 72 millones de dólares en esa época, una cifra que ahora se calcula en unos 600 millones.


También en 2019 se lanzó a reclamar Havana Docks, a la cual Fidel Castro expropió numerosas instalaciones portuarias en 1960

Sin embargo, la causa fue frenada por un tribunal de apelaciones, que alegó que las empresas estatales cubanas estaban protegidas por la inmunidad soberana de países extranjeros. Exxon decidió llevar el caso hasta el Supremo el pasado abril.

También en 2019 se lanzó a reclamar Havana Docks, a la cual Fidel Castro expropió numerosas instalaciones portuarias en 1960. La demanda se impuso contra las compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises por atracar en los puertos confiscados. En 2022, la jueza federal de EE UU Beth Bloom sentenció a las navieras a pagar 400 millones de dólares por violar la Helms-Burton.

Bloom sentó un precedente en los casos relacionados con las propiedades confiscadas por Fidel Castro, cuyas demandas habían sido tradicionalmente desestimadas. 

Poco después, otro tribunal de apelaciones bloqueó la multa en 2024, pero Havana Docks también decidió recurrir, el pasado marzo, ante la Corte Suprema, que pidió a la Administración de Donald Trump su aval. El Departamento de Justicia respaldó ambas demandas, por lo que el Supremo acepta ahora revisar los casos.

En abril, la Justicia estadounidense también concedió la indemnización que reclamaba desde 2019 el cubanoamericano Mario Echevarría a la agencia estadounidense de viajes Expedia Group. El monto, por beneficiarse de su sistema de reservaciones en hoteles construídos sobre terrenos confiscados por el régimen cubano en Cayo Coco, Ciego de Ávila, asciende a 29,8 millones de dólares.


La demanda de Echevarría se centró en el “tráfico” de Expedia con hoteles situados en los terrenos que pertenecían a su familia

La demanda de Echevarría se centró en el “tráfico” de Expedia con hoteles situados en los terrenos que pertenecían a su familia antes de ser nacionalizados por Castro. Según alegó, Expedia –que provee servicios de reservas en línea– ofrecía estancias en los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, ubicados en sus terrenos, y se lucraba con ese negocio.

Estos, no obstante, no son los únicos casos. Varias compañías de renombre internacional han debido enfrentarse a demandas de los herederos de propiedades confiscadas en la Isla desde la activación del Título III de la Ley Helms-Burton. En 2023, en otra demanda contra Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, un juez falló a favor de las compañías de cruceros y contra la reclamación del cubanoamericano Javier García-Bengochea –heredero de los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba–, porque el médico estadounidense había recibido la propiedad de los enclaves después de ser usados por las empresas estadounidenses.

El año pasado fue Airbnb la demandada por García-Bengochea por poner en alquiler en La Habana un edificio de seis departamentos en Miramar, construido en 1939 por la familia Parreño, gracias a quien el sanitario obtuvo la casa en herencia.

Iberostar, cuyos hoteles están implicados en el caso de Expedia, y la también española Meliá, son otras de las compañías que han logrado librarse de la Helms-Burton en los últimos años.

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