Washington/El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.
Tras una jornada de ocho votaciones, el senado dio pasó al acuerdo de financiamiento provisional con 60 a favor y 40 en contra.
El pacto fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.
El pacto fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles
Los ocho demócratas que se desmarcaron de su bloque y permitieron el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King.
La división demócrata fue calificada como “frustrante” por el senador de Arizona, Ruben Gallego, quien dijo que los afectados serán “24 millones de estadounidenses que potencialmente verán aumentar sus primas”, debido a que el acuerdo aprobado no garantiza la extensión de subsidios a programas de salud como el Obamacare que vence a finales de este año.
Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.
Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre.
El compromiso bipartidista aprobado en el Senado combina tres medidas de financiación anual para distintas agencias con un proyecto de ley provisional que mantendría operativas al resto de las dependencias federales hasta el 30 de enero.
El acuerdo también revertiría más de 4.000 despidos que la Administración Trump había intentado ejecutar al inicio del cierre y prohibiría nuevos recortes hasta finales de enero, ofreciendo un respiro a una fuerza laboral federal afectada por decenas de miles de ceses este año.
Sin embargo, el texto no incluye la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que expiran a fin de año
Sin embargo, el texto no incluye la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que expiran a fin de año y cuyo fin podría elevar los costos médicos para millones de estadounidenses. Los demócratas habían presionado para incluir esa medida, pero los republicanos se negaron a discutir la política sanitaria antes de la reapertura del Gobierno.
Este es el epicentro de la polémica, que ha paralizado durante 40 días el acuerdo, ya que los demócratas se rehusaron a apoyar en el Senado una medida temporal impulsada por los republicanos para financiar el Gobierno federal que no incluyera una extensión de estos subsidios, ampliados en 2021 y extendidos hasta 2025 por la Ley de Reducción de la Inflación apoyada por el ex presidente Joe Biden.
La expansión en 2021 de los créditos del Obamacare ayudó a que más estadounidenses de clase media pudieran acceder a la ayuda federal. Como consecuencia, en los últimos cuatro años, la cantidad de personas que están inscritos en el programa se duplicó: de unos 11 a 24 millones, según datos de la organización sin ánimo de lucro KFF.
Si el Congreso de EE UU no llega a un acuerdo en diciembre y, efectivamente, la expansión de subsidios se termina, las personas más afectadas serán los adultos mayores y las familias de clase media y trabajadora. Las personas que dependen del dinero del Gobierno para poder tener un plan médico se enfrentarían a tarifas que representan el doble de lo que pagan actualmente, de acuerdo con KFF.
La ley ACA fue una de las políticas bandera del ex presidente Barack Obama (2009-2017), que hizo campaña bajo la promesa de recortar los gastos en salud y ampliar el acceso a seguros médicos asequibles y de calidad.
Después de una larga batalla en el Congreso, la legislación fue promulgada por Obama en 2010, sellando con su nombre la realización de una de las reformas de salud más ambiciosas de la historia del país.
Dos años después, la Corte Suprema confirmó su constitucionalidad, permitiendo la entrada en vigor de sus medidas clave, entre ellas la expansión de Medicaid, los subsidios y prohibición de discriminación por condiciones médicas preexistentes. Desde sus inicios hasta hoy, los republicanos –con el presidente Donald Trump a la cabeza– se han opuesto a la legislación.
Según datos de KFF, en el año 2024 los subsidios al Obamacare permitieron que las personas aseguradas ahorraran en promedio 705 dólares, reduciendo su pago anual a 888 dólares. Sin estos beneficios, el costo promedio anual de los seguros habría sido de 1.593 dólares, es decir, más del 75% por encima de los precios actuales.
En concreto, se estima que unas cuatro millones podrían perder su cobertura médica para 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso
Este aumento en los costos forzaría a muchas personas a quedarse sin seguro de salud. En concreto, se estima que unas cuatro millones podrían perder su cobertura médica para 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En EE UU no existe un sistema sanitario público financiado totalmente por el Gobierno. Los programas Medicare y Medicaid, para familias e individuos y adultos mayores con bajos recursos, proveen atención médica gratuita o de bajo costo y funciona de manera distinta según cada estado.
Texas y Florida, considerados bastiones republicanos, son los estados que enfrentarían los mayores aumentos en los costos de seguro médico. En estas regiones, los incrementos pueden superar el 30%, especialmente en áreas rurales donde la competencia entre aseguradoras es menor.
Los residentes en estados del sur donde el Medicaid no fue expandido —como Texas, Carolina del Norte y Georgia— también estarán entre los más perjudicados, porque estos lugares dependían más de los subsidios y ahora verán crecer los costos de manera significativa.
En regiones rurales de Wyoming, Virginia Occidental y partes de Georgia, las subidas serían aún más dramáticas. Los pagos mensuales para los adultos mayores pueden llegar a duplicarse, superando a veces los 2.000 dólares al mes en lugares con menor acceso a servicios médicos y pocas opciones de aseguradoras.
El cierre de Gobierno seguirá vigente al menos 48 horas más y por el momento ha causado miles de cancelaciones de vuelos, 1.3 millones de trabajadores federales afectados, así como la falta de pago del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP) que beneficia a 42 millones de estadounidenses.
En este sentido, la jueza federal de Massachusetts Indira Talwani emitió este lunes una orden temporal que impide al Gobierno recuperar los fondos de asistencia alimentaria ya transferidos para noviembre, y también prohíbe penalizar a los estados por no devolverlos.
La orden de la jueza se produce después de que el Departamento de Agricultura, del que depende el programa de asistencia alimentaria SNAP, exigiera el pasado sábado a los estados “deshacer cualquier paso” tomado para la distribución de la ayuda tras recibir los fondos.
La orden de la jueza se produce después de que el Departamento de Agricultura, del que depende el programa de asistencia alimentaria SNAP
El vicesecretario de Agricultura, Patrick Penn, consideró la distribución de los fondos “no autorizada” después de que el Supremo avalara el viernes que el Trump frenara la financiación completa del SNAP mientras durase el histórico cierre del Gobierno.
Penn indicó en un comunicado que si los estados no cumplían con su exigencia de “deshacer” su distribución de la ayuda alimentaria, la agencia podría cancelar la financiación de las siguientes tandas y responsabilizarles por los potenciales gastos adicionales derivados de no obedecer.
El SNAP, que entrega cupones de alimentos a unos 40 millones de beneficiarios, se ha convertido en un frente abierto para la Administración.
Una coalición de 25 fiscales estatales demandaron al Gobierno el 28 de octubre por congelar el programa el SNAP durante el cierre del Gobierno, tras lo que un tribunal federal ordenó a Agricultura usar sus fondos de contingencia para financiarlo este mes al menos parcialmente.
Tras esa decisión, otro tribunal ordenó a Agricultura financiar por completo el programa en noviembre, tras lo que la agencia emitió una notificación el pasado viernes diciendo que los estados dispondrían de ese dinero, y estos empezaron a transferir las ayudas a los beneficiarios.
No obstante, el viernes por la noche, la Administración Trump apeló esas órdenes judiciales y logró el aval del Supremo, que emitió una orden de suspensión temporal para frenar la financiación del SNAP, y entonces el sábado Agricultura obligó a los estados a “deshacer” las transferencias.
La coalición de fiscales lamentó que Agricultura ha “emitido cuatro notas contradictorias en cinco días”, poniendo en jaque el acceso a ayudas alimentarias para millones de estadounidenses
Según un comunicado de la fiscal de Nueva York, Letitia James, ayer domingo una corte de apelaciones denegó la solicitud del Gobierno para que la financiación del SNAP quedara bloqueada temporalmente mientras recurre el caso, lo que “dejaba en efecto la orden de la instancia menor”, que requería a Agricultura pagarla.
La jueza Talwani respondió ayer a una nueva demanda del grupo de fiscales en relación a la amenaza de Agricultura, y estableció una audiencia para este lunes por la noche para tratar el caso en detalle.
La coalición de fiscales lamentó que Agricultura ha “emitido cuatro notas contradictorias en cinco días”, poniendo en jaque el acceso a ayudas alimentarias para millones de estadounidenses, y ha generado un “caos operacional” y “amplia confusión” en los beneficiarios.
La fiscal James agregó que, desde ayer, los beneficiarios del SNAP han empezado a recibir las ayudas en sus tarjetas electrónicas, que se pueden usar con normalidad, e instó a aquellos a los que se les niegue el uso a reivindicar sus derechos y reportarlo.
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