Luis Franco, de PODER, advierte que el plan de remediación del Río Sonora es un avance, pero carece de garantías claras, tiempos definidos y participación comunitaria.
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El anuncio del Plan de Justicia y Remediación del Río Sonora, presentado por autoridades federales con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, representa un avance importante para las comunidades afectadas por el derrame minero de 2014, aunque persisten preocupaciones por la falta de garantías, tiempos claros y participación comunitaria, advirtió Luis Franco, coordinador de Organización Comunitaria de PODER.
En entrevista para El Acento, Franco explicó que el plan retoma varias propuestas impulsadas desde las comunidades del río Sonora; sin embargo, subrayó que llega 11 años después de la tragedia ambiental, cuando ya existen diagnósticos alarmantes sobre metales pesados en agua, sangre y orina de habitantes de la región.
Falta de información directa en las comunidades
El activista señaló que uno de los principales problemas es que el plan no ha sido informado directamente en territorio, a pesar de contemplar obras como 16 plantas potabilizadoras y 16 sistemas de cloración. Indicó que muchas comunidades aún desconocen por qué algunas zonas serán atendidas y otras no, pese a que existen reportes de contaminación en pozos y en el cauce del río.
Preocupación por tiempos, garantías y transparencia
Luis Franco advirtió que las comunidades mantienen dudas sobre los tiempos de ejecución, la existencia de convenios claros, la transparencia de los acuerdos y la garantía de recursos suficientes. También expresó preocupación porque ya hay personas diagnosticadas con afectaciones graves a la salud que no han recibido atención integral.
Además, recordó que persiste el reclamo para que Grupo México no intervenga en los procesos comunitarios, más allá de su aportación económica, a fin de evitar interferencias empresariales en el territorio.
Justicia hídrica y participación comunitaria, claves del plan
El coordinador de PODER insistió en que la remediación debe ir acompañada de justicia hídrica, especialmente para agricultores y ganaderos afectados por el abatimiento de pozos, así como de mecanismos reales de participación comunitaria y seguimiento permanente.
Finalmente, subrayó que el reto principal no es solo la presentación del plan, sino su cumplimiento, el cual —dijo— debe ser garantizado por el gobierno federal con reglas claras, información pública y rendición de cuentas.
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