La Habana/El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, se pronunció el 30 de diciembre sobre la autorización acordada por La Habana a una empresa privada con sede en el condado para gestionar remesas hacia Cuba, un asunto que llamó a examinar como un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.
La reacción del funcionario ocurre apenas horas después de que se conociera la decisión del Banco Central de Cuba (BCC) en favor de Cubamax Travel Inc., radicada en Hialeah. La medida, publicada en la Gaceta Oficial cubana, permite a la empresa “desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia el territorio nacional” mediante canales financieros de la Isla, incluyendo depósitos en cuentas y tarjetas, así como la entrega de efectivo a beneficiarios en Cuba, ya sea en moneda nacional o en divisas.
El anuncio reavivó un debate antiguo y especialmente sensible en el sur de Florida: quién controla el flujo de remesas, qué actores participan en ese negocio y hasta dónde se convierten los envíos familiares en una fuente de oxígeno para un aparato estatal y militar, el conglomerado Gaesa, al que Washington mantiene bajo sanciones.
Fernández abordó el tema en un comunicado posterior, sin mencionar a Cubamax por su nombre, y enmarcó su inquietud en términos de seguridad
Fernández abordó el tema en un comunicado posterior, sin mencionar a Cubamax por su nombre, y enmarcó su inquietud en términos de seguridad. “Cualquier actividad que pueda poner dinero, control operativo o influencia financiera en manos de una dictadura comunista que oprime sistemáticamente a su pueblo y se alinea con regímenes hostiles como Venezuela, Irán y Rusia debe estar sujeta al más alto nivel de escrutinio”, advirtió.
En su mensaje, Fernández insistió en que el objetivo de las remesas debe ser auxiliar a las familias y brindar ayuda humanitaria, “no fortalecer ni legitimar a un gobierno autoritario ni a su aparato financiero controlado por el Estado”.
En el centro de sus argumentos aparece un punto recurrente entre políticos locales del exilio cubano: cualquier operación financiera vinculada a Cuba está atravesada por restricciones federales y, por tanto, no puede tratarse como un intercambio comercial ordinario. Fernández recordó que las relaciones económicas con la Isla se encuentran sujetas a autorizaciones específicas y limitadas, y que el hecho de que una entidad extranjera, en este caso, el Banco Central cubano, “apruebe” o habilite a una empresa no exime del cumplimiento de la normativa estadounidense.
Fernández aseguró que si una compañía pretende mantener relaciones comerciales o financieras que involucren a entidades cubanas, debe operar “con una licencia de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro) o trabajar con una licencia del Departamento de Comercio y cumplir con todos los reglamentos”. Con ese planteamiento, el recaudador pidió a las autoridades federales “una revisión exhaustiva” del asunto y que se garantice el cumplimiento pleno de las sanciones y regulaciones vigentes.
El pronunciamiento del recaudador se suma a la dimensión política que ya acompaña a Cubamax desde antes. En el sur de Florida, donde la cuestión cubana funciona como termómetro electoral, el tema de remesas suele dividir incluso a quienes comparten una crítica frontal al régimen. Para una parte del exilio, facilitar envíos significa aliviar urgencias familiares y evitar que los cubanos se hundan más en la crisis; para otros, cualquier canal que termine conectado con instituciones financieras cubanas refuerza un sistema que depende crecientemente de divisas externas para sostenerse.
La autorización del BCC introduce un elemento que ha llamado la atención: la posibilidad de entregar efectivo “en divisas” a los beneficiarios en Cuba
En ese contexto, la autorización del Banco Central cubano introduce un elemento que ha llamado particularmente la atención: la posibilidad de entregar efectivo “en divisas” a los beneficiarios en Cuba. No se trata solo de un detalle operativo. En un país con escasez crónica de efectivo y una moneda nacional en permanente deterioro, recibir dólares u otra divisa directamente, sin conversión forzosa inmediata, cambia el cálculo para muchas familias: permite conservar valor, aplazar el cambio a pesos y decidir el momento de usarlo. Pero también eleva las preguntas sobre cómo se ejecutaría esa entrega, con qué contrapartes en la Isla y bajo qué requisitos, en un entramado financiero donde el Estado ha intentado mantener el control sobre cada vía de entrada de divisas.
Fernández, por su parte, subrayó que su oficina tiene jurisdicción a nivel condal y se rige por normas del estado de Florida, pero insistió en que el “cumplimiento” de lo establecido no puede interpretarse solo desde el ángulo local.
Recientemente, Fernández había anunciado que el condado de Miami-Dade revocaba con efecto inmediato el Impuesto Local de Negocios –equivale a una licencia comercial– a un grupo de empresas acusadas de participar ilegalmente en el comercio con el Gobierno cubano, una decisión que busca impedir que el sur de Florida sea utilizado como plataforma económica para sostener al régimen de La Habana.
Poco después se dio a conocer que al menos dos de las 20 empresas sancionadas en Miami-Dade aseguraron tener licencia de la Ofac. La empresa Xael Charters presentó una demanda contra la revocación de sus permisos locales en Miami-Dade y la compañía Yumury Envios & Travel también ha asegurado que sus operaciones comerciales con Cuba estaban permitidas por los autoridades federales de EE UU.
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