Amenazas de represalias obligan a Rocío San Miguel a callarse

Madrid/La excarcelación de la abogada y activista venezolana Rocío San Miguel no ha venido acompañada de libertad plena ni de la posibilidad de explicar su caso. Por el contrario, el comunicado difundido por su hermano y único portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, confirma que la salida de prisión estuvo condicionada a una estricta prohibición de declarar públicamente, una medida que, en la práctica, funciona como una mordaza impuesta bajo amenaza indirecta contra su entorno familiar que permanece en Caracas.

El documento, fechado el 10 de enero de 2026 y emitido desde Madrid, insiste una y otra vez en que ninguna persona –ni siquiera allegados– está autorizada a hablar en nombre de San Miguel ni a interpretar su situación legal, política o personal. En el contexto venezolano, ese silencio forzado suele estar asociado a represalias latentes contra familiares que siguen bajo la jurisdicción del régimen.

“La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente”, subraya el comunicado, y añade que dicha restricción forma parte de una “medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad” dentro de un proceso judicial que, lejos de cerrarse, continúa abierto. No se trata, por tanto, de una absolución ni de una liberación definitiva, sino de una concesión condicionada.

El texto, cuidadosamente redactado en tono institucional, agradece de forma explícita al Gobierno de Venezuela, al de España y, de manera destacada, al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye un papel decisivo en las negociaciones. “Sus gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones”, afirma José Manuel San Miguel, en una frase que ha llamado la atención tanto por lo que dice como por lo que omite.

Según el propio comunicado, la llegada de la activista a Madrid se produjo “por intermediación directa del Gobierno español” y, en especial, “gracias a las gestiones sostenidas durante más de un año por el expresidente Rodríguez Zapatero”. La familia se esfuerza en aclarar que no se trata de un destierro, sino de “acuerdos humanitarios y diplomáticos” destinados a viabilizar su salida de prisión. Sin embargo, la imposibilidad de regresar libremente a Venezuela y de expresarse sin consecuencias indica lo contrario.

“A San Miguel la callan con alguna suerte de chantaje”

San Miguel, una de las figuras más visibles de la oposición venezolana de línea conservadora y con doble nacionalidad española y venezolana, fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país. El régimen la acusó de estar vinculada a una supuesta conspiración para atentar contra Nicolás Maduro, un patrón habitual en los casos de persecución política. Tras más de dos años encarcelada, su liberación se produce en un contexto excepcional marcado por la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y la reconfiguración del poder en Caracas bajo el mando interino de Delcy Rodríguez.

Ese contexto explica, en parte, las concesiones calculadas del chavismo, entre ellas la liberación selectiva de presos políticos con alto perfil internacional. Pero también expone las condiciones draconianas impuestas: silencio, agradecimientos obligatorios y control absoluto del relato.

Juristas, activistas y usuarios críticos reaccionaron con rapidez al contenido del comunicado. Uno de los comentarios más compartidos subrayó una contradicción de fondo: “Una nacional española en territorio español no tiene cautelares de otro país que cieguen su libertad de expresión. Eso en España es inconstitucional”. La autora, Elisa Beni, quien es periodista, analista y experta en temas judiciales, concluye que “a San Miguel la callan con alguna suerte de chantaje”, e invita a “juristas de guardia” a leer con atención el texto firmado por su hermano. 

Otros comentarios fueron más allá y describieron un patrón que, según denuncian, se estaría aplicando en las recientes excarcelaciones: la liberación de un número muy limitado de presos bajo coacción, condicionada al silencio absoluto sobre torturas y malos tratos. “Si denuncian, se paralizan las futuras liberaciones”, advierte Javier Rubio Donzé –arquitecto y divulgador con amplia audiencia digital–, quien además califica este método como “propio de una mafia”. La acusación se vuelve más grave al recordar que la hija de San Miguel, Miranda Díaz San Miguel, permanece en Caracas bajo régimen de presentación judicial y con prohibición de salida del país, mientras que su esposo, Alejandro González de Canales Plaza, aunque figura en listas de excarcelación, continúa preso en El Rodeo I. 

Según Foro Penal, desde el jueves han sido excarceladas 16 personas, aunque aún quedarían 804 presos políticos

Resulta especialmente significativo que el comunicado advierte de que “cualquier declaración que difiera” de lo allí expuesto “carece de legitimidad y no cuenta con autorización de la familia”. En un país donde la disidencia se castiga con cárcel, ese tipo de cláusula no protege, sino que delata el miedo. La experiencia venezolana demuestra que estas prohibiciones rara vez se limitan al ámbito jurídico y suelen extenderse al terreno de las amenazas veladas.

Una veintena de familiares y activistas permanecen en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, donde han pasado la noche orando y reclamando la liberación de presos que consideran “injustamente” detenidos. En paralelo, otros se concentraron frente al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde encendieron velas y escribieron los nombres de los detenidos. Según Foro Penal, desde el jueves han sido excarceladas 16 personas, aunque aún quedarían 804 presos políticos, mientras la Plataforma Unitaria Democrática eleva la cifra de liberados a 22; este sábado salieron al menos ocho más, entre ellos dirigentes y activistas opositores, aunque otros continúan encarcelados.

San Miguel fue durante años una de las voces más duras contra Rodríguez Zapatero, a quien llegó a calificar públicamente como una “vergüenza para Occidente”. Hoy, su entorno no solo le agradece, sino que eleva la diplomacia y el diálogo –los mismos que ella cuestionó– como vías “efectivas” para resolver situaciones complejas. El contraste refuerza la impresión de que el agradecimiento no es del todo voluntario.

En cuanto a su estado de salud, el comunicado informa que se encuentra en “buen estado general” y en proceso de rehabilitación tras dos cirugías en el hombro realizadas en el año 2025. 

El mensaje final apela a la reconciliación nacional y a la esperanza de que otros presos políticos recuperen la libertad. Rocío San Miguel está fuera de la cárcel, pero no es libre. Su silencio no es una elección personal, sino el precio impuesto por una negociación en la que la diplomacia española –con Zapatero como mediador clave– parece haber aceptado, una vez más, las reglas del régimen venezolano.