La Habana/El Tribunal Supremo Popular (TSP) declaró este viernes firmes las dos sentencias condenatorias contra Alejandro Gil Fernández, ex vice primer ministro y ex ministro de Economía de Cuba, incluida la cadena perpetua por espionaje. La decisión, confirmada a a 14ymedio por fuentes cercanas al proceso, cerró definitivamente la vía de apelación presentada por la defensa tanto en la causa por espionaje como en el expediente que agrupaba una decena de delitos vinculados a la corrupción.
Según comunicó la corte a las partes, no fueron admitidos los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas tras el juicio celebrado en noviembre pasado, en una doble vista. El 8 de diciembre, el propio TSP había anunciado los fallos: cadena perpetua por espionaje y 20 años de prisión por delitos como malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos.
Gil fue cesado de sus cargos en febrero de 2024 y, apenas un mes después, las autoridades anunciaron su detención y la apertura de una investigación judicial por “errores graves”. En noviembre, la Fiscalía General de la República formalizó la acusación por once delitos, aunque fue el cargo de espionaje el que marcó un giro cualitativo en el caso y lo elevó al plano de la “traición a la Patria”.
En un comunicado oficial, el TSP afirmó que el ex ministro “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”, y que incumplió los protocolos de manejo de información clasificada, la sustrajo y la puso “a disposición de los servicios del enemigo”. Para los jueces, estos actos justifican una “respuesta penal severa”, al tratarse del “más grave de los crímenes”.
El caso adquiere una dimensión política mayor por la mención de Venezuela en la acusación
La caída de Gil no tiene precedentes recientes. Figura cercana al presidente Miguel Díaz-Canel y miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba, era hasta hace poco uno de los rostros más visibles del gabinete. Su gestión estuvo asociada a la implementación de la Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria de 2021 que eliminó la doble moneda y que terminó provocando una fuerte devaluación del peso, inflación descontrolada y la actual dolarización de facto de la economía. También fue el encargado de abrir, con límites, el espacio a las pequeñas empresas privadas y de aplicar medidas de ajuste impopulares, como la subida de los combustibles en hasta un 400%.
Sin embargo, más allá de la narrativa oficial, el caso adquiere una dimensión política mayor por la mención de Venezuela en la acusación. Información filtrada a la que este medio tuvo acceso revela que la Fiscalía sostuvo que Gil habría espiado para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, entregando información sensible que afectaba directamente la relación estratégica entre La Habana y Caracas.
El informe, firmado por Edward Roberts Campbell, fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, señala que el ex ministro habría facilitado datos clasificados a “un agente no identificado, pero presuntamente perteneciente a la CIA”, comprometiendo la “seguridad nacional venezolana”. Entre la información filtrada figurarían transacciones económicas bilaterales, acuerdos petroleros, esquemas de triangulación financiera, el envío de brigadas médicas cubanas y hasta detalles del apoyo cubano en materia de ciberseguridad y contraespionaje al régimen de Nicolás Maduro.
La acusación va aún más lejos: incluye supuestos datos personales del propio Maduro, su familia, su vivienda, activos dentro y fuera de Venezuela –incluida Cuba– y detalles del anillo de seguridad compuesto por militares cubanos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todo ello fue presentado como una operación destinada a “socavar la soberanía venezolana y derrocar a su legítimo presidente”.
El énfasis en Venezuela y en un supuesto “traidor interno” coincide con la narrativa de confrontación con Washington
No obstante, el propio desarrollo del caso deja grietas difíciles de ignorar. De acuerdo con testimonios consultados por 14ymedio, en agosto de 2022 estaba previsto que fuera Díaz-Canel quien se reuniera con Maduro, pero la Seguridad del Estado recomendó que acudiera Gil en su lugar, por la “alta confianza” depositada en él. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y fue ampliamente difundido por la prensa oficial de ambos países.
La cronología posterior resulta aún más contradictoria. Si, como sostienen programas oficialistas, Gil era investigado desde al menos 2020, cuesta explicar por qué en 2022 y 2023 se le autorizó a viajar al más alto nivel, acompañando a Díaz-Canel en una gira por China, Argelia, Rusia y Turquía, y siendo designado único representante de Cuba ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
Una fuente con acceso a la acusación fiscal admite que desconoce si las imputaciones relacionadas con Venezuela fueron probadas con evidencias concluyentes durante el juicio. “No puedo afirmar que se demostrara que Gil entregó información sensible a la CIA ni que esos hechos sustentaran la cadena perpetua”, señala.
El contexto internacional añade otra capa de lectura. El énfasis en Venezuela y en un supuesto “traidor interno” coincide con la narrativa de confrontación con Washington bajo la Administración de Donald Trump, que ha apostado por el endurecimiento de la presión contra los aliados de Caracas y La Habana.
Así, el juicio de Alejandro Gil no solo sella la caída del funcionario más poderoso purgado en al menos 15 años, sino que expone las tensiones internas de un sistema que, ante el colapso económico y el aislamiento internacional, parece necesitar culpables visibles. Si Gil fue espía, lo fue con una libertad inexplicable; y si no lo fue, su condena ilustra hasta dónde puede llegar el poder cuando decide proteger a quienes operan en las alturas.
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