La Habana/Siguiendo los pasos de Guatemala, los gobiernos de Guyana y el de San Vicente y las Granadinas han anunciado que dejarán de contratar personal sanitario cubano a través de convenios estatales.
El ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, confirmó en entrevista con Kaieteur News que el acuerdo bilateral firmado con Cuba desde 2023 ya no es “necesario”. “Tenemos médicos cubanos que ahora están llegando a Guyana de manera independiente, así que los empleamos, por lo que no hay necesidad del acuerdo”, declaró.
Además, el ministro negó que la decisión respondiera a presiones de Washington y aseguró que simplemente acatan sus leyes laborales, las cuales coinciden con las expectativas internacionales. Añadió que cualquier profesional cubano que cumpla los requisitos podrá ser contratado bajo las mismas condiciones que un médico guyanés: “Este país tiene leyes laborales que permiten que las personas sean empleadas y reciban sus salarios. No podemos violar ninguna norma vigente en nuestro país”, subrayó en la entrevista.
Cualquier profesional cubano que cumpla los requisitos podrá ser contratado bajo las mismas condiciones que un médico guyanés
A su vez, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas anunció un plan de transición de tres años para sustituir progresivamente a los médicos cubanos y fortalecer la contratación de personal nacional, según St. Vincent Times. El primer ministro, Godwin Friday, justificó la medida por las barreras idiomáticas y los costos asociados al mantenimiento de personal extranjero.
Estas decisiones se producen después de las advertencias explícitas de Estados Unidos a los países caribeños sobre posibles restricciones de visas y repercusiones comerciales si continúan participando en los convenios médicos con Cuba, calificados por Washington como “trata de personas”. En un comunicado reciente, la Embajada estadounidense en Barbados instó a los gobiernos de la región a rechazar estos programas y optar por mecanismos éticos de contratación: “Al participar en estos programas, pese a los conocidos abusos de derechos humanos, los gobiernos extranjeros se convierten en cómplices de las tácticas del régimen”.
El pasado junio, el Gobierno de Bahamas cedió finalmente a las presiones y canceló los contratos médicos con La Habana, prometiendo contratos directos con los especialistas. Hace apenas unos días, Guatemala confirmó a la agencia EFE que no renovará el convenio iniciado con Cuba en 1998 tras el huracán Mitch, vigente hasta 2027.
El Gobierno de Bahamas cedió finalmente a las presiones y canceló los contratos médicos con La Habana, prometiendo contratos directos con los especialistas
Esta medida ha generado críticas internas en el país centroamericano. Según organismos independientes locales, el Ministerio de Salud de Guatemala funciona con uno de los presupuestos más bajos de la región y no cuenta con el personal sanitario ni la infraestructura suficiente para atender a los 18 millones de habitantes del país. El Gobierno de Bernardo Arévalo de León señaló a EFE que “para asegurar la atención a la población se implementará un plan de sustitución escalonado que contempla contratación de personal nacional”.
Las decisiones de estos países se suman a la reciente comunicación de Antigua y Barbuda en la que se anuncia el fin de sus convenios sanitarios con Cuba, la cancelación por parte de Paraguay de su acuerdo bilateral con el Gobierno cubano y la declaración del Gobierno de Bahamas de su intención de librarse de la intermediación estatal cubana y contratar directamente a los profesionales médicos. Mientras tanto, Honduras sigue bajo escrutinio, tras cuestionamientos de la ONU por las condiciones de alojamiento de las brigadas cubanas.
La exportación de servicios médicos cubanos ha recibido críticas tanto de organismos internacionales como del mismo personal cubano involucrado. Estos intercambios constituyen la principal fuente de divisas del Estado cubano, llegando a alcanzar ingresos de casi 5.000 millones de dólares anuales, superiores a los del sector turístico. Sin embargo, los médicos reciben una fracción mínima de lo que los gobiernos locales pagan al Estado cubano por ellos, un salario muy inferior al que ganarían siendo contratados directamente. Asimismo, los médicos cubanos han denunciado sus condiciones de trabajo, señalando riesgos para su seguridad, limitaciones de movimiento, censura y afectaciones salariales.
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