La Declaración de Calakmul —firmada por México, Guatemala y Belice el 15 de agosto de 2025 para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya—, nació sin informar ni consultar a las comunidades que habitan ese territorio, denunciaron Cohesión Comunitaria e Innovación Social A. C., y Plataforma Contra la Impunidad, y acusaron a los Gobiernos de ignorar a los más de 2 millones de habitantes, incluidos pueblos originarios y afrodescendientes, pese a que el propio documento reconoce sus derechos.
A través de comunicado, organizaciones insistieron en que los planes de Acción y de inversiones destinado a dicho corredor, que incluye a Calakmul, Campeche, deben construirse con participación real desde el inicio y bajo estándares internacionales de derechos humanos y exigen que los Gobiernos publiquen mapas, datos georreferenciados y la lista de comunidades potencialmente afectadas, para abrir un proceso de diálogo informado y transparente.
Criticaron que la conservación de la Selva Maya no puede quedar en manos de intereses empresariales, ni modelos de desarrollo que han destruido ecosistemas, rechazan que el Corredor sea usado para negocios “verdes” y advierten que no debe repetirse lo ocurrido con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
También demandaron evitar la militarización de obras civiles, evaluaciones independientes sobre los riesgos socioambientales, y que cualquier empresa que participe en proyectos del Corredor demuestre políticas claras de derechos humanos y mecanismos de reparación.
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