Asfixia presupuestal hunde a las defensorías públicas

La defensoría pública en México, servicio que brinda defensa legal y asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, atraviesa por un proceso de asfixia presupuestal.

De acuerdo con la base de datos Data Justicia, elaborada por la Fundación Friedrich Naumann, en colaboración con la organización México Evalúa, las entidades que reciben mayor presupuesto para atender legalmente a sectores de escasos recursos son Guanajuato, con 6.5 millones de pesos por cada 100 mil habitantes; Baja California Sur, con 6.2 millones de pesos, y Nuevo León, con 5.9 millones.

Por el contrario, los servicios estatales de defensoría pública más castigados son Guerrero, con apenas 55 mil pesos por cada 100 mil habitantes; Durango, con 221 mil pesos, y Veracruz, con 397 mil pesos.

“La institución más débil en cuanto a recursos es, sin duda, el sistema estatal de defensorías públicas. Es una instancia a la que no se le ha dado la importancia debida a pesar de que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de elevar la calidad de los debates judiciales penales”, plantea Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

Es como un efecto dominó, explica. “Si tenemos defensorías públicas abandonadas, los ministerios públicos no tienen incentivos para hacer bien sus investigaciones y presentar casos bien armados ante los tribunales, lo que al final de la cadena repercute en una defectuosa impartición de justicia”.

En el sistema judicial mexicano, la defensoría pública es la institución encargada de garantizar el derecho a la defensa legal gratuita para las personas que no pueden pagar un abogado, especialmente en materia penal. A nivel federal y estatal, los gobiernos proporcionan abogados de oficio para representar a imputados o acusados en un proceso judicial.

Su función consiste en representar legalmente al acusado ante jueces, brindar asesoría desde la detención, participar en audiencias y diligencias, presentar pruebas y argumentos de defensa y garantizar un juicio justo, principalmente personas sin recursos económicos, aquellas que fueron detenidas sin abogado o a grupos vulnerables.

Según Data Justicia, que se basa en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay un total de 2 mil 205 defensoras y defensores públicos.

Con datos de 2024, los estados con mayor presencia de abogados de oficio son Baja California Sur (con 5.4 defensores por cada 100 mil habitantes), Nayarit (4.6), Chihuahua (3.7), Campeche (3.4) y Zacatecas (3.1); los más desproveídos son Chiapas (0.8), Puebla (0.8), Veracruz (0.7), Tlaxcala (0.6) y Jalisco (0.5).

El promedio nacional es de 249 casos por defensor, pero en Tlaxcala cada uno atiende hasta tres mil asuntos, mientras que en Morelos y Quintana Roo la carga baja a 65 y 48 casos por persona, respectivamente

El promedio nacional de carga de trabajo es de 249 casos por persona, lo que refleja el exceso de asuntos penales y el poco personal para representarlos. El caso más extremo se registra en Tlaxcala, donde cada defensor atiende, en promedio, tres mil casos; en tanto que las cosas están más desahogadas en Morelos (65 asuntos por persona) y Quintana Roo (48).

El salario promedio de los abogados de oficio en el país es de 25 mil 347 pesos, aunque los que más ganan están en Guanajuato (64 mil pesos), Nuevo León (60 mil pesos) y Estado de México (41 mil pesos). En el otro extremo están los abogados de Baja California (10 mil pesos), Tabasco (11 mil pesos) y Tlaxcala (12 mil 500 pesos).

Para Susana Camacho, los bajos sueldos para personal que atiende montañas de asuntos va en detrimento del propio sistema de defensoría pública, pues “aun cuando tengas buenos defensores, ellos suelen migrar a las fiscalías, que son instituciones donde pagan un poquito mejor; entonces, realmente no hay incentivos para que los buenos litigantes en defensoría permanezcan en su puesto”.