Auditoría revela vacíos legales en más de 2 mil 300 sucursales del Banco del Bienestar

Ocho de cada diez sucursales del Banco del Bienestar se construyeron sin contar con una escritura, un contrato de donación, un acuerdo de comodato o un acto de asignación de espacio público, lo que deja a la institución encargada de dispersar los apoyos sociales del gobierno federal en una situación de vulnerabilidad jurídica.

Con alrededor de 3 mil 149 sucursales que brindan atención a cerca de 30 millones de mexicanos, el Banco del Bienestar es la institución financiera con más sucursales en el país; sin embargo, su operatividad pende de un hilo, pues está expuesta a reclamaciones, desalojos y otros litigios por la propiedad de los predios donde se construyeron los inmuebles.

“Dos mil 319 sucursales del Plan de Expansión del Banco del Bienestar (84%) operan sin tener el instrumento jurídico que acredite el uso o posesión legal de los predios en donde se ubican, ya que dos mil 282 inmuebles no disponen de algún instrumento jurídico que acredite el uso o posesión y 37 inmuebles disponen de 24 contratos de comodato y 13 actas de asignación de uso de espacio, cuyas vigencias están vencidas”.

Así lo señala una auditoría realizada en octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control (OIC) del propio Banco del Bienestar, la cual busca regularizar los predios que ocupan las sucursales con el objetivo o de “anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción”.

Según las investigación, de esas 2 mil 750 sucursales, 791 (29%) se edificaron sobre terrenos ejidales y 519 (19%) en propiedades federales. Asimismo, 73 terrenos son competencia de los gobiernos estatales, 41 del gobierno de la Ciudad de México, mil 216 pertenecen al ámbito municipal, 83 son de particulares y 27 no tenían definidas su naturaleza jurídica.

El documento del OIC no prueba irregularidades, pero sí evidencia opacidad, falta de control documental y escaso personal para regularizar los inmuebles del Banco del Bienestar- Eduardo Iván Nieto, integrante de la firma BRAIZ Abogados Inmobiliarios

Para Eduardo Iván Nieto, integrante de la firma BRAIZ Abogados Inmobiliarios, la primera duda que surge al notificarse la falta de sustento jurídico que tienen las sucursales del Banco del Bienestar es si alguno de los inmuebles fue producto de un despojo, si hay litigios en curso o si hay personas afectadas por anomalías en el uso de los predios.

“El documento del OIC no es una prueba irrefutable de irregularidades. Más bien, es una prueba irrefutable de oscuridad en la información, falta de control documental a nivel centralizado en el banco y sobre todo también denota muy poco personal asignado y capacitado para esta labor”, planteó Nieto, al destacar que asignar a cuatro personas para la regularización documental de la propiedad inmobiliaria es muy poco para lo monumental de la tarea.

El Banco del Bienestar se ha convertido en una pieza central de la política social del gobierno federal, al concentrar la dispersión directa de apoyos económicos a millones de personas en todo el país. Sin embargo, su crecimiento acelerado —entró en funciones en 2019— y su papel estratégico contrastan con cuestionamientos sobre la situación jurídica de su infraestructura.

Con presencia en las 32 entidades del país, en 2 mil 700 comunidades de mil 970 municipios, la función principal del Banco del Bienestar no es competir en el mercado tradicional, sino servir como el principal dispersor de recursos de programas sociales, lo que lo convierte en un brazo operativo del Estado en materia de transferencias directas .

En términos de cobertura, el banco atiende a cerca de 30 millones de beneficiarios, principalmente personas adultas mayores, jóvenes y población en situación de vulnerabilidad que reciben pensiones, becas o apoyos gubernamentales. Esta magnitud lo coloca como uno de los sistemas de pago social más grandes de América Latina.

La crisis jurídica que envuelve al Banco del Bienestar quedó al descubierto en mayo de 2025, cuando se reformó la Ley General de Bienes Nacionales, la cual obliga a las entidades que tengan destinados inmuebles federales a investigar la situación jurídica en que se encuentran sus predios.

En junio de 2025, el OIC pidió a la Unidad de Administración y Jurídica evidencia de las reuniones efectuadas para dar seguimiento a las acciones de regularización de los predios, un archivo sobre el seguimiento a predios y carpetas electrónicas de los 2,750 predios que contengan el total de la documentación que a la fecha se había obtenido.

Después de analizar la documentación enviada por las dependencias del Banco del Bienestar, solo se verificó que existe evidencia documental de los instrumentos jurídicos que acreditan el uso o posesión legal de 431 predios entre los que se encuentran 270 actas de asignación de uso de espacio público, 62 contratos de comodato, 56 escrituras públicas y 43 escrituras o contratos de donación.

De la revisión a la documentación relativa a las mil 750 sucursales, se verificó que 431 predios están regularizados a través de 270 actas de asignación de espacio público, 62 tienen contratos de comodato, 56 escrituras públicas y 43 escrituras o contratos de donación. Únicamente 251 instrumentos jurídicos que equivalen al 58% del total fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal.

El abogado inmobiliario Eduardo Iván Nieto remarca que el desorden jurídico del Banco del Bienestar no solo refleja oscuridad y negligencia administrativa, sino que lleva a preguntarse si, en medio de tales anomalías, las sucursales están pagando adecuadamente un arrendamiento, si cuentan con las medidas de protección civil, si el uso de suelo es el correcto, si tienen permisos y licencias.

“Si tú le rascas a esto, estoy seguro que podríamos escandalizarnos”, expone Nieto. “El error más grave fue arrancar de manera acelerada el plan de expansión del Banco del Bienestar, pues obligó a tomar predios sin antes asegurarse de que no causarían problemas legales”.