“Legalizarse es un castigo” se quejan los choferes de triciclos en Holguín

Holguín/“Lo que más molesta son los trámites engorrosos esos que hay que hacer”. La frase, dicha con cansancio y rabia por un holguinero que conoce desde dentro el negocio de los triciclos eléctricos, resume mejor que cualquier anuncio oficial lo que está ocurriendo en la ciudad. El Gobierno tolera a duras penas un servicio que necesita con urgencia, pero al mismo tiempo lo estrangula con cobros, papeles, colas y corrupción.

En estos momentos, asegura Damián –nombre ficticio–, el triciclo es “la opción más abundante y más viable que hay para la transportación” en Holguín. Se trata de uno de los pocos recursos que le quedan a la gente para moverse en una ciudad atravesada por la falta de combustible, la escasez de guaguas y el desplome general del transporte público.

La modalidad más visible es la de ruta fija. Son triciclos que cubren el tramo “desde Las Baleares hasta el hospital Lenin, con aproximadamente unos cuatro kilómetros”. El precio real, cuenta, es de 100 pesos por persona. “Y es un dinero que se puede pagar”. La cifra contrasta con la tarifa que, según dice, quieren imponer las autoridades estatales: 50 pesos por pasajero. “Los triciclos están cobrando 100 porque si no, imagínate”, explica. Incluso así, añade, “tienen que dar varios viajes para poder sacar algo de dinero”.

La distancia entre la tarifa oficial soñada y el precio que impone la realidad vuelve a mostrar el mismo problema de siempre: el Estado pretende mandar sobre los números, pero no puede mandar sobre los costos. Los apagones afectan directamente a los triciclos, las piezas se encarecen, los precios de la comida se disparan y el peso se hunde, pero la orden administrativa sigue siendo cobrar menos. 

Transportar pasajeros en triciclos de carga o motorinas eléctricas podía costar multas de entre 5.000 y 16.000 pesos, además de sanciones a la licencia y hasta la inmovilización del vehículo

La paradoja en Holguín es todavía más cruda porque, hasta hace apenas semanas, transportar pasajeros en triciclos de carga o motorinas eléctricas podía costar multas de entre 5.000 y 16.000 pesos, además de sanciones a la licencia y hasta la inmovilización del vehículo. A finales de febrero, sin embargo, las autoridades comenzaron a entregar permisos temporales para que esos medios pudieran llevar también personas, una decisión presentada como respuesta a la crisis de combustible. La medida incluyó un censo de vehículos, revisión técnica vigente y licencias específicas según el tipo de medio. También colocó a triciclos y motorinas bajo control de las piqueras y de la Empresa Provincial de Transporte.

Pero en la calle nadie habla de alivio. “Lo que más golpea es la cantidad de trámites que hay que hacer cuando ya se vence el permiso especial o excepcional que otorgaron”, dice el transportista holguinero. Según explica, ese permiso “supuestamente se vence” el 31 de mayo, aunque en la ciudad circulan comentarios sobre una posible extensión hasta diciembre. Ese último punto no ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí está claro para los choferes es que el permiso excepcional no resuelve nada, apenas compra tiempo antes de obligarlos a entrar en un sistema todavía más enredado.

Regularizarse cuesta, y cuesta mucho. La fuente calcula que hay que pagar 2.500 pesos en total. “Por un lado te cobran aproximadamente unos mil pesos entre piquera”, dice. Solo el derecho de piquera vale 300 pesos mensuales, y a eso se suman otros cobros y hasta aportes al sindicato. 

Después viene otro golpe: en la Unidad Estatal de Tráfico de Holguín, “la carta o el permiso vale unos 1.500 pesos”, dinero que, según cuenta, hay que soltar “de un solo palo” para salir con la autorización y la pegatina excepcional. Ese cálculo coincide con lo reportado por este diario a fines de febrero, cuando varios choferes situaron el costo total del proceso en torno a los 2.500 pesos y señalaron que la piquera rondaba los 300 pesos mensuales.

Sin embargo, el dinero no es el único peaje. El otro gran costo es el tiempo. “No es que tú los hagas de un solo viaje y ya tengas los papeles para poder tirar pasaje autorizado legalmente”, lamenta. Cada trámite va por su lado. 

Para que el vehículo pase sin problema, tienes que sobornar así de dos a tres mil pesos a las personas que te encargan eso en el somatom

Primero, la cuenta fiscal en el banco. “Yo conozco personas que se han demorado de seis a ocho meses sacando esa cuenta fiscal”, explica, por culpa de “las perras colas” y de una burocracia que parece diseñada para inmovilizar a cualquiera. Luego hay que presentar un proyecto de trabajo ante el órgano municipal correspondiente para justificar qué se pretende hacer con la patente. Después viene la revisión técnica, el famoso “somatom”, y más tarde la recalificación de chofer profesional.

Es en esa cadena donde aflora la corrupción que acompaña casi todos los trámites estatales en Cuba. “Para que el vehículo pase bien, es decir, pase sin problema, o tú pases sin hacer las colas esas kilométricas, tienes que sobornar así de dos a tres mil pesos a las personas que te encargan eso allí en el somatom”, denuncia. “Eso es una olla de corrupción”.

La conclusión de Damián no deja espacio para adornos: “Por eso es que la gente se están revolcando y no quieren sacar esa patente o licencia operativa”. No porque rechacen la legalidad, sino porque en Cuba legalizarse suele ser otra forma de castigo. Holguín necesita esos triciclos porque resuelven lo que el Estado no puede resolver. Pero en vez de facilitarles el camino, las autoridades los empujan hacia una trampa. Y luego buscan culpables externos para justificar el colapso.