¿Hacia un sistema universal de salud?

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ara empezar, es preciso apoyar la idea de un sistema universal de salud. El problema no es si se requiere o no, sino cómo lograrlo. En sus recientes mañaneras la Presidenta ha hablado de un decreto que se va a publicar, o sea, todavía no está. Por lo que se puede deducir sería un sistema, que abarca al IMSS, Issste e IMSS-Bienestar OPD y eventualmente Petróleos Mexicanos (Pemex), o sea, las instituciones públicas de salud del Estado mexicano. El paso previo sería la credencialización.

La idea de universalidad tiene una larga trayectoria en México, pero se han entendido sistemas muy diferentes. Uno de los primeros que lo planteó fue el doctor Soberón como secretario de Salud del presidente De la Madrid, o sea, en los años ochenta del siglo pasado. Debería ser parte de un sistema descentralizado, pero nunca se realizó por falta de recursos tanto económicos como de infraestructura. Con la llegada de la oposición a la Presidencia con Fox, el doctor Frenk inició el Sistema Nacional de Protección Social en Salud o el Seguro Popular. Cómo su nombre indica, debería ser “universal” en el sentido de que sería “el seguro de salud” para los no cubiertos por la seguridad social pública. Si embargo, no debería de ser gratuito más que para los más pobres y con una cuota para el resto de la población. Múltiples estudios de distintos tipos han demostrado que nunca llegó a abarcar la población objetivo.

El antecedente más cercano es el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos en el sistema de salud federalizado del presidente López Obrador. La intención de este programa fue que toda la población sin seguridad social pudiera acceder a los servicios médicos y medicamentos que necesitaba, sin costo alguno. El camino de instrumentación de esta política fue complejo, ya que pasó por la federalización voluntaria de los servicios de los estados y un cambio de la instancia de compra de medicamento a la SHCP. Ambas cosas fueron muy complejas por razones políticas, por falta de conocimientos de los responsables y la pandemia de covid, que ayudó en el sentido de que todas las instituciones públicas se coordinaron para garantizar la atención a toda la población. También ayudó la fundación del OPD IMSS-Bienestar.

La propuesta del sistema universal de salud iniciaría con la credencialización de toda la población por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, independientemente de su adscripción o su falta de adscripción institucional. Se empezaría con los mayores de 85 años y luego sucesivamente hasta haber abarcado a toda la población. Así, dentro de un año toda la población tendría una credencial para eventualmente usar el sistema universal. Es decir, la persona podría acudir al lugar de atención que más le conviene por razones geográficas o tipo de especialidades médicas.

Para garantizarlo se fijarían algunas condiciones obligatorias para su atención, pero no se distinguen mucho de las ya obligatorias para todas las instituciones de salud. Una novedad positiva es lo que se llama “continuidad de la atención”, pero de nuevo el principal obstáculo es una falta de capacidad para hacerlo realidad. Aquí también surge la duda sobre los recursos reales disponibles. Por otra parte, es difícil entender cómo una paciente asegurada por el IMSS sería obligada a dejar su lugar a otra persona credencializada. La respuesta sería crear una especie de “cámara de compensación” entre las instituciones públicas; propuesta que tiene muchas dificultades en vista de las diferencias de recursos económicas entre las instituciones participantes.

En términos generales se señala que se ampliaría la infraestructura física, de equipamiento y personal especializado. Sin embargo, no se encuentra en los “Precriterios para el Presupuesto 2027” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un incremento sustantivo de recursos para salud y tampoco un cambio en la estructura de impuestos, que podría sostener la promoción y prevención en salud. Esto es una señal muy preocupante, ya que las razones fundamentales por las que no se ha podido avanzar en garantizar el derecho constitucional a la salud es precisamente la falta de recursos económicos para más infraestructura, equipamiento y personal.

No se percibe tampoco un cambio sustancial en el modelo de atención. Está muy centrado en la atención médica clínica, aunque se argumente que el primer nivel de atención es el de mayor impacto. Hay una serie de programas que se pueden interpretar como de educación para la salud o preventivos. Desafortunadamente no parecen tener mucho impacto si se juzgue con su impacto en anteriores administraciones. Tal vez el programa de obesidad en las escuelas sea uno de los más importantes, pero habría que garantizar condiciones para su implementación. Igualmente, no se aprecia un éxito garantizado para el programa de diabetes.

México necesita un sistema universal de salud, pero el problema es construirlo.