La Habana/El Estado cubano está dispuesto a alquilar la infraestructura que los empresarios privados necesitan para importar combustible, pero sin renunciar al control de los accesos, las instalaciones y los servicios imprescindibles para recibirlo. El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, en Varadero, ha sacado a licitación cuatro tanques con capacidad conjunta para 170.000 litros, en medio de la grave escasez energética y de las dificultades de las mipymes para operar al margen de las empresas estatales.
La convocatoria fue publicada este miércoles por la Unidad Empresarial de Base Aeropuerto Varadero, perteneciente a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios. La entidad ofrece en un solo bloque dos depósitos de 50 metros cúbicos y otros dos de 35, situados en la base de combustibles de la terminal y sobre una superficie total de 215,8 metros cuadrados.
El precio establecido es de 1.224 pesos mensuales por metro cuadrado, para un coste total de 264.139,20 pesos. Al cambio informal de este viernes, la suma equivale a unos 400 dólares, aunque el adjudicatario deberá pagar también los gastos asociados al funcionamiento de los depósitos, la seguridad y el mantenimiento ordinario.
Los interesados disponen de 15 días naturales desde la publicación del anuncio y podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de julio. Los sobres serán abiertos cuatro días después, ante notario, en la sede de la empresa. Entre los documentos exigidos figuran los datos legales del aspirante, una carta de solicitud, el presupuesto del proyecto, una descripción de la actividad prevista y un certificado de la Oficina Nacional de Administración Tributaria que acredite que no tiene deudas.
Los 170.000 litros equivalen a unos ocho isotanques de los empleados actualmente para enviar carburante a la Isla, con poco más de 20.000 litros cada uno
La convocatoria no aclara si el ganador estará autorizado a vender el producto almacenado o deberá utilizarlo exclusivamente para sus propias operaciones. Los tanques podrían resultar útiles para empresas con flotas de vehículos, industrias, comercios o negocios dependientes de grupos electrógenos, pero nada en el pliego permite asegurar que ese vaya a ser su destino.
Los 170.000 litros equivalen a unos ocho isotanques de los empleados actualmente para enviar carburante a la Isla, con poco más de 20.000 litros cada uno, en un proceso caro y poco eficiente que obliga a trasladar los recipientes, vaciarlos y devolverlos para volver a cargarlos.
Las primeras operaciones privadas comenzaron después de que la Administración de Donald Trump aclarara en febrero que determinadas exportaciones de combustible podían destinarse a actividades económicas no estatales o venderse directamente a particulares para uso personal y familiar. La política pretende favorecer al sector privado sin que el producto termine en manos del Gobierno cubano o de sus empresas militares.
La cadena, sin embargo, dista mucho de ser privada. El empresario aporta las divisas y asume el riesgo de la compra, pero necesita una importadora autorizada, un puerto, depósitos, controles aduaneros, camiones cisternas y, en muchos casos, dispensadores de combustible para abastecer los vehículos. Todos esos eslabones permanecen en manos estatales.
El problema quedó expuesto con el frustrado proyecto de Vanguard Energy. La empresa de Coral Gables anunció a comienzos de junio que había firmado un contrato con una agencia importadora cubana para almacenar gasolina y diésel en instalaciones de la estatal Unión Cuba-Petróleo, Cupet.
Vanguard pretendía sustituir los pequeños contenedores por buques con más de 250.000 barriles y realizar un envío cada mes o cada 40 días. La compañía conservaría la propiedad del combustible y lo vendería exclusivamente a clientes examinados previamente, entre ellos negocios privados y organizaciones humanitarias.
El contrato obliga al adjudicatario a dar mantenimiento a los tanques, pagar las facturas en un plazo de 30 días, asumir las reparaciones menores y responder por los daños
La operación quedó paralizada cuando el Departamento de Estado aclaró que Vanguard no había recibido autorización para un acuerdo que implicaba instalaciones estatales cubanas. El obstáculo se hizo aún mayor el 11 de junio, cuando Washington sancionó directamente a Cupet, congeló sus eventuales activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a ciudadanos y compañías de EE UU realizar transacciones con la petrolera estatal sin una licencia.
La licitación de Varadero no menciona a Cupet ni establece relación alguna con Vanguard. Sí demuestra que Ecasa dispone de depósitos que puede alquilar a operadores necesitados de espacio, mientras cobra por la infraestructura y mantiene el control sobre una instalación situada dentro de un aeropuerto internacional.
El contrato obliga al adjudicatario a dar mantenimiento a los tanques, pagar las facturas en un plazo de 30 días, asumir las reparaciones menores y responder por los daños. No podrá ceder ni subarrendar el espacio y todos sus trabajadores tendrán que estar acreditados ante las autoridades aeroportuarias.
Una cláusula condiciona además el arrendamiento al “reinicio de las operaciones aeroportuarias”, aunque el Juan Gualberto Gómez continúa recibiendo vuelos. La expresión podría referirse a la base de combustibles o a una actividad actualmente suspendida, pero Ecasa no lo explica ni informa de la duración del contrato.
La oferta aparece después de meses de restricciones en el suministro de queroseno en los aeropuertos cubanos, que obligaron a varias aerolíneas internacionales a cancelar rutas, reducir frecuencias o programar escalas en otros países para repostar.
Más que cuatro tanques en busca de ocupante, la licitación retrata el modelo que se configura alrededor del combustible privado. Los empresarios pueden pagarlo e importarlo, pero el Estado conserva las puertas de entrada, los controles y buena parte de la infraestructura necesaria para almacenarlo y distribuirlo.
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