Cuba necesita leyes inspiradas de EE UU para atraer capital

La Habana/Miguel Díaz-Canel presumió este viernes de haber dado respaldo jurídico a 134 de las 176 reformas económicas aprobadas en junio, pero un análisis publicado este sábado por la Universidad de Columbia considera insuficiente el camino emprendido por el Gobierno cubano. La jurista Natalia Delgado, directora del Cuba Capacity Building Project, sostiene que La Habana sigue sin crear el marco legal necesario para atraer grandes cantidades de capital privado, especialmente el de los cubanos residentes en el extranjero.

El Estado cubano “no ha adoptado leyes corporativas y comerciales modernas y se ha centrado, en cambio, en modificar su ley de inversión extranjera”, afirma Delgado, autora del análisis publicado en la página del proyecto Horizonte Cubano. La jurista defiende que las primeras inversiones importantes tras una eventual apertura económica probablemente procederían de la diáspora cubana, como ocurrió en China y Vietnam durante sus respectivos procesos de apertura. Las redes familiares y los vínculos con el país de origen, argumenta, hacen que esos emigrados tengan mayor disposición a asumir riesgos que los inversores extranjeros sin conexiones con la Isla. En Vietnam, las remesas llegaron a convertirse en capital semilla para pequeños negocios familiares, restaurantes y empresas agrícolas.

Sin embargo, la legislación cubana sigue priorizando los grandes proyectos seleccionados y supervisados por el Estado, y no para canalizar miles de pequeñas inversiones privadas. Aunque la reforma de la Ley de Inversión Extranjera eliminó algunos trámites, Delgado considera que la norma sigue siendo “innecesariamente compleja y engorrosa” y refleja la permanencia de una concepción de Cuba como economía socialista planificada.

Unas reglas fiscales y contables similares, por ejemplo, simplificarían el cumplimiento de las obligaciones ante las autoridades de Cuba y EE UU

Para la autora, una de las claves estaría en adoptar leyes societarias y comerciales similares a las estadounidenses. La razón no es solo que ese modelo facilite la creación de empresas, sino que es el sistema jurídico que ya conoce la mayor parte de la diáspora cubana, que tendría que cumplir con las normas de ambos países al invertir en la Isla. Unas reglas fiscales y contables similares, por ejemplo, simplificarían el cumplimiento de las obligaciones ante las autoridades de Cuba y EE UU.

Delgado pone como ejemplo la Ley General de Sociedades del estado de Delaware, cuya estructura permite constituir una empresa con rapidez porque muchas de las reglas que regulan su funcionamiento ya están establecidas en la propia legislación. Los fundadores no tienen que definir desde cero cuestiones como las facultades de los directivos, la transferencia de acciones, los dividendos, las fusiones, la venta de activos o la disolución de la sociedad.

El análisis señala tres aspectos problemáticos de la actual Ley de Inversión Extranjera propuesta por Cuba. En primer lugar, la legislación parece contemplar únicamente inversiones de gran capital destinadas a proyectos de envergadura en sectores determinados por la política gubernamental. Esto dificultaría la entrada de capital de la diáspora cubana a empresas relativamente pequeñas. Su aplicación a cada préstamo o inversión en el sector privado cubano resultaría un procedimiento excesivamente complejo y lento. “¿Es posible que Cuba no considere “capital de inversión” los aportes de capital hechos a empresas cubanas mediante remesas de familiares y amigos en el extranjero?”, se pregunta Delgado.

El segundo problema para la autora es que Cuba ha adoptado “políticas sectoriales” para identificar las áreas de inversión que el país necesita

El segundo problema para la autora es que Cuba ha adoptado “políticas sectoriales” para identificar las áreas de inversión que el país necesita, lo cual, según la analista, es un “vestigio” de la planificación centralizada socialista y resulta poco compatible con una economía de mercado, en la que aparecen de forma constante nuevas oportunidades que no podían anticipar quienes diseñaron esas políticas.

Los objetivos empresariales de la empresa multinacional a menudo no coinciden con estas políticas sectoriales gubernamentales y eso conllevaría a pérdidas de inversiones que serían lamentables, puesto que cualquier inversión extranjera genera beneficios para la economía nacional.

En tercer lugar, la actual Ley de Inversión Extranjera exige diversos niveles de autorización y sucesivos plazos de toma de decisiones en vez de concentrar los esfuerzos de revisión únicamente en las inversiones que realmente requieran un escrutinio gubernamental riguroso.

Delgado propone diferenciar entre el “capital pasivo”, que llega a una empresa cubana gestionada localmente, y el “capital activo”, cuando el inversor extranjero obtiene el control de la compañía o participa directamente en su administración. Una inversión de un cubano residente en el exterior en una pequeña empresa agrícola o de construcción gestionada por sus familiares en la Isla, sostiene, no debería someterse al mismo nivel de escrutinio que una operación extranjera que implique el control de una empresa de telecomunicaciones, transporte o infraestructura.

Para las operaciones que sí requieran supervisión, Delgado propone un mecanismo inspirado en el Comité de Inversión Extranjera de EE UU

Ese tipo de legislación, sostiene Delgado, permitiría a Cuba pasar de un sistema en el que cada inversión debe ser examinada y autorizada a otro en el que las reglas generales establezcan de antemano qué puede hacer una empresa. El Gobierno conservaría la facultad de revisar las operaciones que puedan comprometer la seguridad nacional o afectar sectores estratégicos, pero no tendría que intervenir en cada aporte de capital.

Para las operaciones que sí requieran supervisión, Delgado propone un mecanismo inspirado en el Comité de Inversión Extranjera de EE UU, que concentra en un organismo la revisión de las inversiones que pueden afectar la seguridad nacional. El objetivo, en ese modelo, no es proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera, sino determinar si una operación puede poner bajo control extranjero activos o tecnologías consideradas estratégicas.

La autora llega a la conclusión de que Cuba necesita urgentemente “adoptar leyes comerciales y corporativas modernas para poder aspirar de manera realista a la necesaria entrada del capital extranjero”, y abandonar los vestigios de la centralización socialista. “Hasta ahora, parece que se siguen aprobando leyes diseñadas para generar empleos a funcionarios gubernamentales en vez de crear riqueza a través del sector privado”.