Un tribunal federal anuló la suspensión de visados, cuestionó su legalidad y permitió revisar solicitudes rechazadas exclusivamente por esta medida.
América Castillo
La suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países quedó sin efecto tras el fallo de una jueza federal de Estados Unidos. La decisión anuló la política impulsada por el Gobierno de Donald Trump a principios de año.
La medida impedía emitir estos documentos a personas de las naciones incluidas en la lista. Esto afectaba a quienes buscaban establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Entre los países contemplados estaban Brasil, Colombia y Cuba, además de otras naciones de Latinoamérica y el Caribe.
Declaran ilegal la suspensión
La resolución fue dictada por Jeannette Vargas, jueza del Distrito Sur de Nueva York. En una sentencia de 61 páginas, consideró que la prohibición era “manifiestamente ilegal”.
La magistrada cuestionó además la postura de la Administración estadounidense. El Gobierno justificó la medida bajo el argumento de que los solicitantes provenientes de esos países podían representar un riesgo elevado de convertirse en una “carga pública” para Estados Unidos.
Cuestionan rechazo de solicitudes
Según la resolución, funcionarios estadounidenses habían recibido instrucciones para rechazar solicitudes incluso cuando los aspirantes cumplían con los requisitos establecidos. Esto ocurría aun cuando existían posibilidades de que pudieran sostenerse económicamente por cuenta propia.
Vargas señaló que esa práctica contradecía las disposiciones que obligan a evaluar las solicitudes de manera individual.
También concluyó que Marco Rubio, secretario de Estado, excedió las facultades legales de su cargo al establecer la suspensión.
Cuestionan rechazos y efectos de la medida
A partir del fallo, las solicitudes que hayan sido rechazadas exclusivamente debido a esta política podrán ser sometidas nuevamente a revisión.
De acuerdo con The New York Times, entre los demandantes se encuentran cinco colombianos a quienes se les negó el visado. También hay seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron afectaciones a familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, sostuvo que las leyes migratorias no deben emplearse como instrumentos para justificar actos de discriminación.
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