La acción fue presentada luego de una conferencia de prensa en la que José Viquez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), afirmó que las evidencias recopiladas apuntan a una red con despliegue territorial, infiltración, análisis de datos, monitoreo digital y presuntos vínculos judiciales.
Según precisó, esas operaciones estarían destinadas a intimidar liderazgos, debilitar organizaciones y favorecer la apertura de procesos penales mediante información obtenida de forma ilegal.
Viquez reclamó una investigación independiente y rigurosa que permita establecer la existencia, composición, financiamiento y cadena de mando de la estructura denunciada, así como revisar las autorizaciones judiciales y administrativas, el empleo de recursos públicos y las tecnologías de vigilancia utilizadas.
A su turno, el presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Guzmán, aseguró que las acciones de seguimiento, acoso e intimidación también alcanzarían a familiares cercanos de dirigentes sociales.
Guzmán consideró que detrás de la red de vigilancia estarían los planes de Estados Unidos para dominar la región, a través de la recientemente anunciada política Escudo de las Américas, iniciativa que, según afirmó, cuenta entre sus integrantes con gobiernos “lacayos y súbditos”, como el del presidente panameño José Raúl Mulino.
Por su parte, el abogado Antonio Vargas señaló como responsables, entre otros funcionarios, además del jefe de Estado, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y al director nacional de Inteligencia Policial, Julio Cedeño, acusaciones que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
También mencionó al mayor Carlos Carvajal, jefe de la red ilegal de inteligencia; y entre los agentes que lograron infiltrar en los movimientos al sargento primero José Urriola; y al cabo segundo Bryan Rodríguez.
De acuerdo con los denunciantes, la estructura habría comenzado a operar en agosto de 2025 y estaría integrada por al menos 40 agentes vinculados con la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP).
Entre las conductas atribuidas figuran infiltración de marchas y reuniones, seguimiento físico, monitoreo de redes sociales, intervención de comunicaciones y recopilación de información privada.
Las organizaciones también expresaron preocupación por el eventual empleo de programas de vigilancia intrusiva, como Pegasus, y solicitaron al Estado informar si alguna institución panameña adquirió, contrató o utilizó esas herramientas.
A comienzos de septiembre, representantes de las organizaciones entregaron en Ciudad de Guatemala una carta conjunta a organismos de Naciones Unidas, dirigida a las relatorías sobre defensores de derechos humanos, libertad de reunión y asociación, libertad de opinión y expresión y derecho a la privacidad.
Los denunciantes pidieron además el cierre de la unidad de investigación señalada y medidas de protección para las presuntas víctimas, incluidos periodistas que investigan el caso, ante posibles represalias.
La Procuraduría deberá determinar ahora la veracidad de las denuncias, establecer eventuales responsabilidades y precisar si las operaciones señaladas contaron con autorización legal.
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Con información de PRENSA LATINA https://www.prensa-latina.cu/2026/09/08/denuncian-espionaje-gubernamental-contra-organizaciones-panamenas/
