El segundo periodo del rectorado de Martín Aguilar Sánchez viene a confirmar su responsabilidad personal y moral en la caída de la Universidad Veracruzana (UV) en los rankings nacionales e internacionales, la falta de una idea clara del concepto de la universidad que Veracruz requiere y que, al contrario de lo que se esperaba de un investigador de izquierda, simuló un proyecto de austeridad que devino en un modelo de depredación presupuestal para favorecer al grupo compacto con el que tomó el poder por asalto.
Tal simulación ha tenido sus costos. En 2020, la UV se encontraba en el 11° lugar nacional y el 61° en el nivel de América Latina, de acuerdo con la clasificación internacional de universidades Webometrics. No obstante, considerando únicamente a las instituciones públicas, habría ocupado el sexto lugar nacional.
Las universidades públicas estatales que se colocaban antes de la llegada de Martín Aguilar a la rectoría universitaria eran la Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Autónoma del Estado de México (UAEM), Autónoma de Nuevo León (UANL), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de Guadalajara (UdeG).
En ese momento, los indicadores considerados en esta clasificación ponían a la UV por encima de instituciones del mayor renombre nacional, tales como la Universidad Iberoamericana o Universidad de las Américas, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) o Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), todo esto según la liga en http://www.webometrics.info, cuya clasificación fue elaborada por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo público de investigación en España.
Apenas en marzo de 2026, dicho sitio volvió a publicar nuevamente su diagnóstico que “incluye las mejores instituciones académicas, logros en investigación, oferta de programas y reconocimiento mundial para guiar a estudiantes, educadores e investigadores a tomar decisiones informadas”.
En esta oportunidad, la UV cayó hasta la ubicación 26 en la clasificación de las 30 mejores universidades, sólo por encima del Instituto Occidental de Tecnología y Educación Superior, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Las razones por las que se desplomó se debieron al deterioro de sus indicadores académicos, problemas de gestión financiera y tensiones internas motivadas principalmente por la irregular manera en la que Martín Aguilar forzó la legislación para mantenerse por un segundo periodo. Mediciones de evaluadores globales como QS World University Rankings y el Shanghai Ranking, entre otros, muestran una drástica debacle que la sacó del top 20 nacional.
A la par de estas clasificaciones, entre investigadores, sindicatos y la propia comunidad se considera que la UV pasa por un deterioro en su reputación académica y empleabilidad; un prácticamente nulo impacto en investigación, lo que se confirma por el bajo número de citas por profesor en revistas u otras publicaciones de alto impacto internacional, además de la cada vez más exigua captación de estudiantes y profesores, al tiempo que el intercambio global de estudiantes se mantiene estancado desde hace ya varios años.
Este escenario se agudiza en la actualidad con el actual rectorado, que carece de una estrategia clara de competitividad y visibilidad global; lo peor es que tampoco se percibe un plan de recuperación que saque a la UV de los indicadores negativos en los que actualmente se encuentra.
Aunado a ello, los conflictos internos originados por un estilo de gestión autoritario –como respuesta al repudio entre el estudiantado y la planta académica que provocó la manera en que el grupo de Aguilar manipuló a la Junta de Gobierno para que avalara ilegalmente su permanencia– ha aislado a la camarilla rectoral de las necesidades reales de la comunidad, dando como resultado paralelo un enrarecimiento del ambiente de productividad académica y el bienestar estudiantil.
A lo anterior se le añade la acusada crisis financiera que reporta desde el año pasado, lo que se refleja en el deterioro de las instalaciones, laboratorios y servicios sanitarios, en sentido opuesto a los elevados ingresos por cuotas e inscripciones que aporta la comunidad estudiantil.
Se ha pretendido justificar con este afectación presupuestal la evolución negativa de la Universidad Veracruzana y señalado como el factor más determinante detrás de su pérdida de competitividad en los rankings globales y nacionales, puesto que la relación entre el presupuesto de una universidad pública y su posicionamiento institucional no es directa, sino estructural: menos recursos libres implican menor financiamiento para la investigación científica de alto impacto, el mantenimiento tecnológico y la internacionalización.
No obstante, Martín Aguilar Sánchez ha gozado de un incremento nominal constante aprobado por el Consejo Universitario General, que pasó de 9 mil 500 millones de pesos en 2024 a 11 mil 186 millones de pesos en 2026 –sin dejar de considerar que parte de este incremento se debió a la inercia inflacionaria y las presiones salariales–; sin embargo, es de destacar que se ha visto incapaz de contener una inercia aparentemente contradictoria, pues en tanto el presupuesto total sube, el desempeño institucional en las clasificaciones nacionales e internacionales va en picada.
Lo anterior se puede entender porque la UV se ha convertido en una gigantesca maquinaria de consumo presupuestal para mantener su plantilla laboral, pues como se ha visto la mayor parte del incremento presupuestal de la UV de 2025 a 2026 no se destina a equipar laboratorios ni a becar investigadores. Se absorbe casi por completo en honrar compromisos laborales heredados, cuotas de seguridad social (pensiones), e incrementos al salario mínimo general. Al ser el rubro de servicios personales (nómina de profesores y administrativos) un gasto rígido, el dinero disponible para la operación sustantiva de la universidad se reduce en términos reales.
De esto ya se dio cuenta en La Jornada Veracruz el 31 de marzo del presente año, cuando se explicó el elaborado mecanismo que esconde un enredado esquema de manipulación de tabuladores, compensaciones adicionales, bonos y otros recursos administrativos. Sin pudor alguno, se pretende ocultar “la existencia de inusuales condiciones salariales de una casta dorada en la UV encabezada por el rector prorrogado Martín Aguilar Sánchez, producto de incrementos salariales anuales, en algunos casos superiores a los que la institución otorga a su base laboral y académica, los cuales colocan por encima del salario de la gobernadora del estado las percepciones del jerarca universitario y de algunos de sus más próximos allegados”.
Aunado a lo anterior, la añeja disputa de la UV con el gobierno del estado de Veracruz por el incumplimiento de éste al incremento que por ley se estipula debe recibir del 4 por ciento del presupuesto general estatal –y que ningún rectorado, sea por cálculo político y para preservar sus cuotas de poder e intereses grupales, ha decidido exigir frontalmente a las autoridades estatales–, alcanzó en el ejercicio fiscal de 2025 su pico más bajo.
El silencio cómplice del rector alcanza su máxima expresión ante el notable recorte a los Fondos Federales Concursables. Históricamente, las universidades públicas mexicanas complementaban su gasto de excelencia mediante bolsas de fondos federales extraordinarios organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) –como el antiguo Profexce o fondos de equipamiento–. La desaparición y centralización de estas bolsas obligó a la UV a depender estrictamente de su subsidio básico regular, eliminando el capital semilla enfocado en proyectos de alta investigación científica, que es precisamente el indicador de mayor peso en rankings como el de Shanghai (ARWU) o QS, y cuyos efectos se ven en aquella drástica caída en el reconocimiento internacional.
Mal desempeño en rubros de evaluación
Este ahogo financiero se traduce en métricas reprobatorias ante los evaluadores internacionales e impacta directamente en pérdida de citas científicas por profesor, pues la investigación científica requiere reactivos de laboratorio, suscripciones a bases de datos internacionales indexadas y viáticos para congresos. Al aplicarse estrictos “planes de austeridad” institucionales, se recorta el apoyo marginal a la investigación, disminuyendo la producción y visibilidad de los científicos de la UV.
Otro efecto es el deterioro de la infraestructura y servicios dado que la falta de capital líquido ha provocado que facultades enteras operen con laboratorios obsoletos o servicios sanitarios deficientes, dañando la experiencia del estudiante y disminuyendo la “reputación de empleabilidad” percibida por el mercado laboral.
Todo esto conduce a la caída drástica en internacionalización, pues al quedar atrás los fondos robustos para movilidad estudiantil, no hay manera de ofertar flujos atractivos para intercambio de profesores y alumnos extranjeros, por lo que la UV pierde los valiosos puntos que otorgan los rankings globales en el aspecto de diversidad internacional.
El Plan de Austeridad y Ahorro, instituido bajo la administración del rector Martín Aguilar Sánchez, resulta contradictorio en su concepción pues su debilidad institucional y afán para congraciarse con las autoridades estatales promulgó que se alinearía con la austeridad republicana del gobierno federal. Sin embargo, el análisis de su implementación revela una profunda incongruencia: mientras la narrativa oficial defiende una optimización administrativa para ampliar la matrícula, la comunidad científica y estudiantil califica el plan como una “austeridad engañosa” que desmantela las funciones sustantivas y de investigación de la UV, al tiempo que robustece la calidad de los ingresos de la alta burocracia que acompaña al rector desde el inicio de mandato.
Así que la austeridad republicana del rector, plasmada en la norma emitida por su área administrativa, plantea por un lado la reducción en servicios generales poniéndole topes a viáticos, pasajes nacionales e internacionales, telefonía, papelería y otros consumibles. Aguilar se pone “estricto” con los llamados gastos de representación controlado, es decir, la restricción de eventos protocolarios ostentosos –pese a los 150 mil pesos que se gastó en el cambio de sede para el evento de su IV informe en 2025, donde lo “prorrogaron”–, comidas de representación y uso de vehículos oficiales solo para actividades esenciales que incluye la optimización de espacios, reduciendo las rentas adicionales por medio de la genial idea de consolidar la matrícula.
Hasta ahí, el relato austero parece razonablemente congruente, sin embargo, resulta una falsa bandera que oculta dos aspectos esenciales: el fracaso en el aspecto académico y en el incremento a los privilegios de su casta dorada burocrática.
El fracaso académico del rectorado de Martín se explica por la gran contradicción del plan que se sustentó en la reelección y radica en dónde se está recortando y a quiénes beneficia realmente, al incentivar un desequilibrio reflejado de inmediato en el estancamiento e incluso caída de la institución en las posiciones internacionales.
Las principales críticas internas apuntan a que el ahorro no es parejo. Investigaciones periodísticas y reclamos de la comunidad evidencian que, mientras los insumos para las facultades escasean, los salarios y prestaciones tabuladas de los mandos administrativos y de rectoría mantuvieron aumentos reales constantes. El discurso del recorte de sueldos al 40 por ciento inicial terminó diluido frente a las evoluciones de aguinaldos y bonificaciones de la cúpula directiva, lo que mermó la legitimidad moral del plan y confirmó lo que parecería la real motivación de buscar la reelección por encima de la legalidad jurídica del procedimiento interno al que se prestó una Junta de Gobierno deslegitimada por renuncias de algunos de sus miembros y la complacencia con el proyecto reeleccionista.
Para sustentar la crisis institucional de la UV basta recurrir a los indicadores de los organismos de evaluación internacional que sostienen lo fundamental que es para una universidad el rubro de la investigación. Bajo el modelo de austeridad del rector Aguilar Sánchez, los institutos de la UV han sufrido de trabas burocráticas y financieras para autorizar viajes a congresos internacionales; retrasos drásticos en la adquisición y actualización de software especializado, licencias científicas y reactivos de laboratorio, además de falta de capital semilla institucional para proyectos locales, forzando a los investigadores a depender exclusivamente de los cada vez más escasos fondos federales del SECIHTI.
Por otro lado, aunque la rectoría reportó inversiones en obra pública por el orden de los 202 millones de pesos en infraestructura general, la distribución en los campus regionales (como Poza Rica, Minatitlán o Córdoba-Orizaba) ha provocado fuertes tensiones. El alumnado denuncia de forma recurrente que la “austeridad” se traduce cotidianamente en laboratorios con equipo obsoleto, falta de conectividad digital adecuada para clases híbridas, paros estudiantiles recurrentes por la escasez de insumos médicos en facultades del área de la salud e incapacidad inmediata para restaurar daños por contingencias climáticas sin solicitar ayuda externa, como ahora mismo sucede con la Facultad de Medicina del campus Orizaba.
Otro aspecto se refiere al subejercicio del presupuesto que en el peor de los casos puede atribuirse a una falta de planeación o incapacidad, sin embargo, sectores de investigadores y sindicatos han acusado a la administración de Aguilar Sánchez de incurrir en subejercicios financieros millonarios. Bajo la lógica crítica, congelar dinero o “no gastarlo” bajo el estandarte de la austeridad y la disciplina financiera ha paralizado la operatividad ordinaria de la universidad, perjudicando los mismos indicadores institucionales que miden la excelencia educativa.
El plan de austeridad de Martín Aguilar ha funcionado como un mecanismo de contención política y disciplinaria del gasto ante la insuficiencia del subsidio estatal (el eterno conflicto por el 4 por ciento constitucional de Veracruz), pero ha fracasado rotundamente como estrategia de desarrollo institucional. Al castigar la operatividad diaria de las aulas y laboratorios en aras de mantener finanzas formalmente sanas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la UV sacrificó el dinamismo, la visibilidad internacional y la calidad pedagógica, pilares que hoy la mantienen en una situación lamentable.
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