La huelga del CEU en 1987 trascendió la UNAM y abrió un debate nacional sobre el financiamiento, el acceso y el futuro de la educación superior en México, en medio de la crisis económica y las políticas de austeridad.
Escucha este especial de Rafael Burgos con la producción de Diana Susano.
Rafael Burgos
Durante 19 días, la huelga de 1987 paralizó a la Universidad Nacional. Pero el conflicto rebasó, por mucho, las puertas de Ciudad Universitaria.
Era un debate profundo sobre qué educación superior necesitaba México en plena crisis económica, y su eco llegó a la Presidencia, al Congreso, a los sindicatos y a las aulas de todo el país.
¿Qué pasó en la UNAM, en el país y en el resto de las universidades?
Empecemos por el contexto. En octubre de 1986, mientras los estudiantes de la UNAM apenas comenzaban a organizarse, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, se reunía en Manzanillo, Colima.
Ahí, el presidente Miguel de la Madrid pidió a más de 70 rectores “vencer inercias y derribar mitos” para renovar a las instituciones.
Se discutía el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, un plan de la ANUIES y la SEP que buscaba alinear la universidad al desarrollo económico y reducir la matrícula de bachillerato.
El dirigente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Juan Casillas García de León, recordó que, en solo 25 años, el sistema había pasado de 70 mil a más de un millón cien mil alumnos, reconociendo su preocupación por la falta de recursos.
El propio rector Jorge Carpizo propuso llevar a la Secretaría de Programación y Presupuesto los problemas financieros de las instituciones, argumentando que, para cumplir su función, necesitaban un financiamiento adecuado.
La reforma de la UNAM no se discutía en el vacío: era parte de una agenda nacional fijada por la austeridad.
«Esta misma generación que gritó de dolor cuando estallaron»
Los estudiantes lo sabían. Desde la mesa de diálogo, el dirigente Óscar Moreno ubicó su lucha en esa misma crisis y habló a nombre de una generación marcada por las recientes tragedias del país:
«Esta misma generación que gritó de dolor cuando estallaron… los tanques de gas en San Juanico, esa misma generación que gritó de dolor el diecinueve de septiembre cuando se cimbró la tierra en esta ciudad, pero que transformó su dolor en organización y acción. Somos una generación que se organiza, decide y actúa».
Dentro de la UNAM, el movimiento sumó aliados rápidamente. En noviembre, madres y padres de familia formaron una comisión de apoyo.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) propuso un convenio general de condiciones de estudio y, para el 22 de enero, firmó un pacto de solidaridad con el CEU.
Por su parte, los profesores integraron el Consejo Académico Universitario para exigir representación propia en el eventual congreso.
Pero la UNAM también estaba fracturada: el 21 de enero, un mitin de directores y funcionarios se manifestó contra la huelga, entre denuncias de acarreo y presiones.
La tensión alcanzó el presupuesto
El 3 de febrero, a cinco días de iniciada la huelga, las autoridades anunciaron un presupuesto para la UNAM de 290 mil millones de pesos en 1987 —un incremento del 121 por ciento respecto al año anterior—. La cifra dialogaba directamente con una de las demandas centrales del CEU: duplicar el subsidio universitario.
Fuera de las aulas, el movimiento resonó en otros sectores. El 29 de enero, el mismo día que estalló la huelga, la CNTE encabezó una marcha en apoyo al CEU, a la que se sumaron obreros en huelga de la Cervecería Moctezuma.
Desde la mesa de diálogo, Óscar Moreno ya había convocado a esa alianza:
«Convocamos a todo el pueblo que nos escucha… junto con los trabajadores de la educación… en contra de una crisis que nosotros no creamos, de la cual no somos responsables y que sin embargo se nos quiere hacer pagar a todo costo».
El conflicto retumbó en los poderes públicos
En el Congreso de la Unión, los debates subieron de tono el 28 de enero y el 4 de febrero: el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, denunció una campaña de desprestigio dirigida a criminalizar a los jóvenes huelguistas; el PAN sostuvo que la huelga frenaba el diálogo y el PRI exigió a los partidos de oposición «sacar las manos» de la universidad.
En tanto, el secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, había afirmado desde mediados de enero que debían ser los propios universitarios quienes decidieran el alcance de su reforma.
Y el 11 de febrero —un día después de que el Consejo Universitario suspendiera los reglamentos—, el presidente De la Madrid encomendó a la SEP evaluar la creación de un nuevo centro de educación superior.
¿Y qué sucedía en el resto del país?
A principios de febrero, el auditorio de Filosofía y Letras albergó el Encuentro Nacional de Estudiantes, con representantes de una veintena de instituciones de todo el país.
Al clausurarlo, la dirigencia del CEU anunció que buscaría una coordinación nacional para incidir en la educación superior.
El 9 de febrero, el Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios llamó a un paro de 24 horas en respaldo al CEU, exigiendo más subsidio y mejoras salariales.
Aunque la convocatoria no logró el impacto esperado, interrumpió actividades en universidades de Sinaloa, Guerrero, Chapingo, Michoacán, Oaxaca y Puebla, y de forma parcial en Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Chihuahua y Morelos.
A la ola de solidaridad se sumaron también los sindicatos del Colegio de México, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, Colegio de Bachilleres, la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar.
Seis días después de levantada la huelga
El 23 de febrero, seis días después de levantada la huelga, 12 de los colaboradores más cercanos del rector Carpizo renunciaron para permitirle reestructurar su equipo.
Esa misma noche, en televisión nacional, el rector reconoció lo inevitable: el conflicto había cambiado de naturaleza; dejó de ser un problema estrictamente académico para convertirse en un movimiento social.
El movimiento de 1986 y 1987 no consiguió todas sus demandas, pero transformó para siempre la historia de la universidad pública.
Detuvo las reformas, abrió un debate impostergable sobre la gratuidad y el acceso a la educación, y dejó un principio asentado: ninguna reforma universitaria se puede imponer a espaldas de su comunidad.
El Congreso Universitario tardaría en llegar hasta 1990, pero la lección de aquellos días quedó grabada en la memoria del país: la juventud organizada puede discutir, cara a cara y con argumentos, el modelo de educación y de nación que quiere para su futuro.
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