La segunda Marcha por el Agua en Guadalajara exigió justicia por la presunta represión del 11 de octubre y la liberación de cuatro personas vinculadas a proceso.
América Castillo
La segunda Marcha por el Agua en Guadalajara, Jalisco, reunió a manifestantes que exigieron acceso al agua limpia y justicia por la represión violenta denunciada durante la movilización del domingo 11 de octubre, atribuida a autoridades estatales.
Las y los participantes se concentraron en las inmediaciones del Parque Rojo para evitar posibles confrontaciones ante la presencia de personas encapuchadas señaladas como presuntas provocadoras. Posteriormente, la movilización llegó al Palacio de Gobierno de Guadalajara.
CEPAD exige la liberación de cuatro manifestantes
En este contexto el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD),exigió la liberación de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro, quienes fueron vinculados a proceso por un juez por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, en el contexto de las manifestaciones en defensa del derecho al agua.
Ante esta decisión, el organismo denunció la criminalización de la protesta social y sostuvo que ninguna persona debe enfrentar un proceso judicial por ejercer su derecho a manifestarse
‼️ACTUALIZACIÓN‼️
Continúa la audiencia de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro.
Exigimos a las autoridades un juicio justo y libertad para los compañeros de la marcha “Agua Limpia para Guadalajara”
#ProtestarNoEsUnDelito
#TodosLosOjosEnPuenteGrande https://t.co/sjVFzpz7Sq— CEPAD (@CEPAD_AC) October 16, 2026
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión y de manifestación. En un comunicado, también pidió evitar el uso innecesario de la fuerza, como el que se observó durante la marcha del día 11.
Además, la CNDH informó que entrevistó a casi todas las personas detenidas y retenidas. El organismo también realizó certificaciones médicas que permitieron documentar lesiones y afectaciones físicas y psicológicas, presuntamente derivadas del trato que recibieron por parte de policías estatales y antimotines.
A partir de estos hallazgos, la CNDH señaló la necesidad de aplicar el Protocolo de Estambul para esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que las personas permanecieron retenidas.
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