Madrid/La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicita penas de hasta 13 años de privación de libertad contra los participantes en las protestas del 13 de marzo en Morón. En la causa hay 19 imputados por sedición y otros delitos, entre ellos varias mujeres y menores de edad, según informó Martí Noticias.
Para los menores, el órgano fiscal pide siete años de prisión, con excepción del adolescente Christian de Jesús Crespo, de 17 años, para quien reclama ocho. El joven tenía 16 en el momento de los hechos, recién cumplida la edad penal en Cuba. Para Brian Pérez Muñoz, de 28, y el resto de los adultos la petición es de 12 años. Los familiares de los procesados denuncian “acusaciones infundadas” y cuestionan la gravedad de los cargos y el uso del delito de sedición.
“Le están imponiendo sedición, y a mi hijo ni se le probó sabotaje. Llegó al local cuando ya estaba todo revuelto”, dijo a Martí Noticias Dayarmé Muñoz, madre de Pérez Muñoz. “Lo que siente lo expresó, pero de ahí a que entró a dar candela o tirar piedras, eso nunca fue comprobado”.
Muñoz relata que su hijo está detenido desde el día de la protesta y que fue trasladado un mes después a la cárcel de máxima severidad de Canaleta, en prisión provisional. Según su versión, en estos siete meses se le han denegado cuatro cambios de medida y una queja.
“Lo que siente lo expresó, pero de ahí a que entró a dar candela o tirar piedras, eso nunca fue comprobado”
Marielkis Álvarez, madre de Jesús Crespo aseguró que las pruebas carecen de sustento. “Lo acusan de haber irrumpido dentro de la sede del Partido cuando en realidad no es cierto”. Según explicó, a su hijo le tomaron huellas de olor, dactilares y de calzado, y todas dieron negativo. La única prueba en su contra, afirma, es un video donde no se le ve el rostro y en el que lo identifican por la estatura y un tatuaje.
También figura entre los acusados Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, para quien se piden siete años, aunque cumple prisión domiciliaria. Este adolescente fue detenido en los días posteriores a la protesta cuando ya se contaban más de 16 arrestados, y fue trasladado posteriormente a Canaleta, acusado de sabotaje y bajo prisión provisional.
Las autoridades no han entregado a los familiares el documento oficial de acusación. Ese hermetismo y el temor de los allegados hacen que aún no se conozcan públicamente los nombres de los 19 procesados. Los familiares insisten en que lo único que hicieron los detenidos fue expresarse libremente y exigen la nulidad de los cargos de sedición, además de justicia y libertad.
Los familiares insisten en que lo único que hicieron los detenidos fue expresarse libremente y exigen la nulidad de los cargos de sedición, además de justicia y libertad
La noche del 13 de marzo, cientos de vecinos de Morón salieron a las calles como protesta por los apagones prolongados y el deterioro de las condiciones de vida. La manifestación terminó con la toma de la sede municipal del Partido Comunista, a la que le prendieron fuego, y la esperada respuesta de las fuerzas policiales. En días posteriores hubo una fuerte campaña represiva en Morón, y las autoridades confirmaron públicamente a los detenidos, entre ellos varios menores de edad, atribuyendo los hechos a personas “pagadas” desde Miami.
Varias organizaciones independientes, como Cubalex, han cuestionado lo desproporcionado de la respuesta policial a las protestas de Morón. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza, y la presencia de menores entre los detenidos.
Según el último recuento de la ONG Prisoners Defenders, existen actualmente 1.355 presos políticos en Cuba.
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