Orizaba, Ver.- La disputa por dos terrenos de origen ejidal en la comunidad Santa Ana Atzacan permanece en los tribunales luego de que familias que se dicen afectadas señalaran presuntas irregularidades en contratos y posteriores operaciones relacionadas con la propiedad de los predios.
Sonia López, una de las personas involucradas en el conflicto, afirmó que los terrenos cuentan con documentación que, de acuerdo con su versión, respalda los derechos de sus legítimos propietarios como escrituras públicas, permisos y otras constancias.
Agregó que posteriores contratos que considera irregulares provocó un conflicto que se ha prolongado durante años.
La inconformidad también alcanzó a un notario contra quien los afectados emprendieron acciones legales debido a su presunta participación en operaciones que, según señalaron, habrían favorecido a una persona que se presentó como propietaria de los inmuebles. Estas acusaciones deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
El expediente relacionado con los contratos cuestionados se encuentra ante el Tribunal Unitario Agrario número 31, instancia que, según Sonia López, se declaró competente para atender la demanda promovida por los involucrados y analizar la situación jurídica de los terrenos.
Los predios en disputa se localizan en Santa Ana y tienen superficies aproximadas de 7 mil y 5 mil 400 metros cuadrados.
De acuerdo con la denuncia, ambos fueron cercados y posteriormente bardados, situación que incrementó la inconformidad de quienes reclaman derechos sobre esas tierras.
Los afectados relacionan estas acciones con lo que denominan un Cártel Inmobiliario, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existieron actos ilegales, quiénes intervinieron en las operaciones y si los documentos utilizados para acreditar la propiedad tienen validez jurídica.
Mientras el procedimiento continúa, las familias involucradas demandan que se analice de manera integral la documentación presentada y que se establezca con claridad quién cuenta con derechos legales sobre los terrenos, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones impugnadas.
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