72% de indígenas en cárceles son inocentes, afirman abogados

Boca del Río, Ver.- El secretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, firmó un convenio de colaboración con 27 agrupaciones de abogados del estado, que se suman al Proyecto Inocencia, el cual tiene como finalidad asistir a detenidos, originarios de las comunidades indígenas, que se encuentran en los 21 distritos judiciales con que cuenta Veracruz.

Y es que de acuerdo a datos de la abogacía, a nivel estatal hay siete mil 200 personas detenidas y de éstas 3,500 deberían de estar en libertad, debido a las “trampas” que existen en la impartición de justicia, menciona el también abogado veracruzano.

¿Cuál es el objetivo de Proyecto Inocencia?

El defensor legal aclara que la iniciativa no tiene como finalidad “fabricar inocentes”, sino lograr la liberación de aquellas personas a quienes se les fabricaron delitos o a quienes se les violó el debido proceso o que no tuvieron acceso a una debida defensa.

“Hoy toca firmar con abogados de distintas partes del estado, donde vamos a firmar con este compromiso, no venimos a fabricar inocentes, vamos a liberar solamente a aquellos que sean inocentes, ese es el motivo, que Veracruz esté enterado, que sepan las familias de estas personas que tienen presos inocentes que muy pronto haremos todo el esfuerzo con la suma de abogados para poder regresar a estas personas indebidamente en prisiones”, expresa.

José Manuel del Río Virgen detalla que esta iniciativa surge luego de que él mismo fue víctima de una detención arbitraria que lo mantuvo en prisión, hasta que consiguió el amparo de la justicia federal que le dio la razón para comprobar su inocencia.

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El secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República refirió que los indígenas veracruzanos y del país representan el sector de la población que menos se puede defender.

Se calcula que por lo menos el 72 por ciento (de los indígenas encarcelados en el país) son inocentes

Insiste que se trata de un proyecto que no pretende defender culpables, sino evitar casos en los que por una aplicación indebida de la ley, o en su caso, por un actuar inadecuado de las personas encargadas de ejecutarla, hoy hay personas privadas de su libertad.