Orizaba, Ver.- Lo que parecía ser un inmueble asegurado para el patrimonio municipal de Orizaba vuelve a convertirse en un dolor de cabeza jurídico. La plaza de toros La Concordia quedó nuevamente bajo presión después de que la Justicia Federal ordenara reinscribir una hipoteca cuyo monto principal asciende a 40 millones 677 mil pesos, reconociendo además al acreedor la prelación que tenía antes de que el gravamen fuera cancelado.
El golpe para el ayuntamiento es especialmente delicado: la resolución contempla que la hipoteca también deberá quedar asentada, en su caso, en la escritura que pudiera hacerse con motivo de una traslación de dominio a favor del municipio.
Es decir, cualquier eventual título de propiedad municipal no quedaría ajeno a los derechos hipotecarios reconocidos por la Justicia Federal. El fallo, relacionado con el expediente 908/2021, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y ordenó al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, restituir los derechos que habían sido vulnerados.
La sentencia establece específicamente la reinscripción de la hipoteca constituida a favor del finado empresario dulcero Roberto Cruz Carrera, así como las anotaciones marginales correspondientes en las inscripciones registrales 2459 y 3649.
La consecuencia jurídica es relevante: el acreedor conserva el grado de prelación y los derechos derivados de la garantía hipotecaria en los términos que tenía antes de la cancelación del gravamen. Y con un adeudo principal de más de 40.6 millones de pesos, la disputa deja de ser únicamente registral y vuelve a colocar sobre la mesa el destino mismo del inmueble.
El antecedente que ensombrece el caso
A esta batalla jurídica se suma un episodio que durante años ha levantado cuestionamientos alrededor de La Concordia.
Durante el segundo periodo de gobierno municipal de Juan Manuel Diez Francos, el ayuntamiento de Orizaba habría dado a conocer que contaba con una escritura con la que pretendía acreditar la propiedad del inmueble. Sin embargo, según los antecedentes aportados, ese documento posteriormente fue señalado como falso.
Este antecedente adquiere ahora especial relevancia, pues la resolución federal ordena que los derechos hipotecarios sean nuevamente reconocidos en los registros y contempla incluso la posibilidad de que exista una escritura derivada de una eventual traslación de dominio a favor del ayuntamiento.
La sentencia, cabe precisar, no declara la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de origen. El propio fallo señala que la parte quejosa fue ajena a esa controversia y, por ello, únicamente se restituyen sus derechos registrales hipotecarios.
El encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Orizaba deberá atender la determinación judicial y realizar la reinscripción del gravamen conforme a lo ordenado.
El auto de fecha 25 de agosto de 2026, publicado el 26 de agosto, requirió a las autoridades responsables cumplir con la ejecutoria federal en un plazo de tres días posteriores a la recepción del oficio y presentar las constancias correspondientes.
Si las autoridades incumplen, podrían enfrentar multas de entre 230 y 2 mil 295 UMA y, de persistir el desacato, el expediente podría ser remitido al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar el procedimiento de inejecución.
Incluso, la resolución advierte que dicho procedimiento puede llegar hasta la separación del cargo y consignación de los funcionarios responsables. Con el propietario original, Luis Gutiérrez Príncipe, fallecido, la situación jurídica del inmueble se vuelve todavía más compleja.
La plaza de toros La Concordia, uno de los inmuebles más emblemáticos de Orizaba, queda así atrapada entre una hipoteca superior a los 40 millones de pesos, derechos registrales que deberán ser restituidos, una eventual traslación de dominio al ayuntamiento y el antecedente de una escritura cuya autenticidad fue cuestionada.
Por ahora, la Justicia Federal ya estableció una obligación concreta: la hipoteca debe volver a los registros con el grado de prelación que tenía antes de ser cancelada.
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