El informe de Oxfam México, Oligarquía o democracia: nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México, publicado en febrero de 2026, advierte sobre la disyuntiva que enfrenta la sociedad mexicana: avanzar hacia una mayor justicia económica o permitir la consolidación de estructuras oligárquicas. Su tesis central sostiene que la desigualdad extrema no es un fenómeno natural ni inevitable, sino el resultado de decisiones políticas e institucionales que han favorecido la concentración de la riqueza y del poder económico.
Las consecuencias de este proceso trascienden el ámbito económico. Cuando la riqueza se concentra de manera extrema, también se concentra la capacidad de influir en las instituciones y en las decisiones públicas. En estas circunstancias, Oxfam Internacional sostiene en Contra el imperio de los más ricos: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, que el principio democrático de «una persona, un voto» corre el riesgo de ser sustituido, en la práctica, por una lógica de «un dólar, un voto».
Según Oxfam, el 1 % más rico de la población mexicana —aproximadamente 1.3 millones de personas— concentra el 35 % del ingreso total y posee el 40 % de la riqueza privada nacional. A noviembre de 2025, México contaba con 22 milmillonarios cuya fortuna conjunta ascendía a 219 300 millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos.
Para explicar la persistencia de esta concentración, Oxfam retoma la tesis desarrollada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. Según el economista francés, cuando la tasa de rendimiento del capital (r) supera de forma sostenida la tasa de crecimiento económico (g), la riqueza acumulada crece más rápido que la producción y los ingresos del trabajo. El resultado es una dinámica en la que el patrimonio heredado adquiere un peso cada vez mayor frente al esfuerzo y al mérito individual.
En México, esta dinámica resulta especialmente visible. Oxfam señala que entre 1996 y 2025 la riqueza de los milmillonarios se multiplicó por 4.2, mientras que la economía nacional ni siquiera duplicó su tamaño. Desde el inicio de la pandemia en 2020, la fortuna agregada de este grupo creció un 101 % en términos reales; la de Carlos Slim aumentó un 66 %, mientras que la de Germán Larrea se multiplicó por 2.4.
La concentración patrimonial adquiere además una dimensión política. El informe de Oxfam subraya que las grandes fortunas mexicanas mantienen una estrecha relación con las privatizaciones de las décadas de 1980 y 1990, así como con concesiones, licencias y permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos. El control de infraestructuras y servicios esenciales proporciona a estos actores no solo recursos económicos extraordinarios, sino también una potencial capacidad de influencia sobre las decisiones públicas y el modelo de desarrollo.
Para comprender cómo la concentración económica puede traducirse en poder político, Oxfam recurre a la teoría que Jeffrey A. Winters, sostiene en el libro Oligarquía. Para este politólogo, la oligarquía no sólo se define simplemente por el gobierno de unos pocos, sino también, por la concentración del poder material y por la capacidad de quienes poseen grandes fortunas para proteger sus intereses frente al Estado y la sociedad.
La conexión entre riqueza y poder político radica precisamente en la capacidad de defender el patrimonio. Para los grandes propietarios, la preservación de la riqueza constituye un objetivo central. En las democracias contemporáneas, este interés suele manifestarse en la resistencia a políticas fiscales, regulatorias o redistributivas que puedan afectar sus activos. Oxfam emplea este enfoque para mostrar cómo la concentración económica puede generar una capacidad de influencia que trasciende la competencia electoral.
En el caso mexicano, dicha influencia se expresa también como poder de veto. El control de infraestructuras críticas, concesiones y activos estratégicos otorga a determinados grupos una posición privilegiada para defender sus intereses y condicionar decisiones públicas. En consecuencia, la desigualdad económica deja de ser exclusivamente una cuestión distributiva para convertirse en un problema de poder.
La aportación de Winters permite comprender una paradoja fundamental: democracia y oligarquía no son necesariamente sistemas excluyentes. Una sociedad puede conservar elecciones competitivas, instituciones representativas y derechos políticos universales y, al mismo tiempo, experimentar una extraordinaria concentración del poder económico. En ese contexto, la igualdad formal del voto puede coexistir con profundas desigualdades en la capacidad real de influir sobre las decisiones colectivas.
Otra referencia teórica fundamental retomada por Oxfam procede de las investigaciones de Martin Gilens, especialmente del libro Abundancia e influencia: desigualdad económica y poder político en Estados Unidos. Su aporte permite analizar cómo la concentración del poder material se traduce en efectos concretos sobre los procesos de decisión política y sobre la capacidad real de distintos grupos sociales para incidir en las políticas públicas.
Gilens sostiene que, aunque todos los ciudadanos disfruten formalmente de los mismos derechos políticos, la capacidad efectiva para influir en las decisiones públicas no se distribuye de manera equitativa. En contextos de elevada desigualdad, los grupos de mayores ingresos pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas, convirtiendo el principio de «una persona, un voto» en una igualdad esencialmente formal.
Oxfam retoma la tesis de que los gobiernos tienden a responder con mayor intensidad a las preferencias de los sectores más acomodados, mientras que las preferencias de las mayorías tienen una incidencia significativamente menor cuando entran en conflicto con los intereses de las élites económicas. Desde esta perspectiva, la desigualdad económica termina convirtiéndose en desigualdad política.
Para Gilens, la erosión democrática, por tanto, puede producirse de forma gradual, mediante procesos de captura institucional. Cuando grupos económicamente poderosos logran orientar las decisiones públicas, influir en las agendas gubernamentales o bloquear reformas contrarias a sus intereses, la democracia conserva sus procedimientos formales, pero pierde capacidad para representar efectivamente las preferencias de la mayoría.
A partir de los planteamientos de Piketty, Winters y Gilens, Oxfam identifica diversos mecanismos mediante los cuales la concentración de la riqueza puede transformarse en concentración de poder político.
Para Gilens, la acumulación de recursos económicos permite financiar las campañas políticas y a su vez, que las élites influyan en las agendas políticas y en el diseño de las políticas públicas, favoreciendo leyes, contratos y decisiones que protejan sus intereses. A ello se suma, como señala Piketty, la transmisión intergeneracional del patrimonio, que puede convertir el poder económico en un fenómeno dinástico, relativamente independiente de la legitimidad electoral.
Para Oxfam México, esta influencia también opera mediante redes informales que conectan empresas, gobiernos y organismos reguladores. Oxfam Internacional destaca el acceso privilegiado de grandes empresarios a las más altas esferas de decisión y plantea la necesidad de regular tanto las actividades de lobby como las puertas giratorias entre el sector público y los intereses privados.
El control de infraestructuras estratégicas y otros activos esenciales puede proporcionar, asimismo, una importante capacidad de presión sobre los gobiernos. Oxfam México señala incluso la posibilidad de utilizar la amenaza de suspender inversiones como mecanismo para condicionar decisiones públicas consideradas contrarias a determinados intereses empresariales.
La influencia económica se extiende también al espacio público y deliberativo. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación puede permitir a grandes corporaciones incidir en la formación de opiniones y en la construcción de narrativas sobre cuestiones fiscales, ambientales y económicas. Por ello, Oxfam Internacional propone establecer límites a dicha concentración.
Finalmente, la desigualdad económica puede traducirse en desigualdad ante la justicia. Según Winters, cuando el acceso efectivo a la defensa jurídica depende de la capacidad económica, el Estado de derecho corre el riesgo de convertirse en un privilegio. Oxfam recupera aquí la idea de una «industria de la defensa de ingresos», integrada por abogados, contadores y especialistas dedicados a proteger grandes patrimonios y minimizar sus obligaciones fiscales.
En síntesis, el argumento de Oxfam puede representarse como una cadena de retroalimentación: la concentración de la riqueza genera poder material; este poder permite influir en las instituciones y en la opinión pública; dicha influencia puede traducirse en captura de las políticas públicas; y la captura institucional, a su vez, favorece reglas y decisiones que reproducen o profundizan la concentración económica.
Desde esta perspectiva, defender la democracia exige no solo preservar las instituciones electorales, sino también limitar aquellas formas de concentración económica capaces de transformarse en poder político. Con este propósito, Oxfam formula nueve propuestas orientadas a recuperar el control democrático de la economía mexicana. Su planteamiento —transformar, reparar y redistribuir— parte de la necesidad de recuperar la economía de la captura oligárquica y ponerla al servicio de la sociedad.
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