Tras semanas de huelga y movilizaciones, el CEU logró que la UNAM suspendiera los reglamentos en disputa y convocara a un Congreso Universitario. La huelga terminó el 17 de febrero de 1987.
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Escucha este especial con Rafael Burgos con la producción de Diana Susano.
Rafael Burgos
El 29 de enero de 1987, justo a la medianoche, estalló la huelga en la UNAM. Las pláticas entre el CEU y la Rectoría se habían roto. Sin un interlocutor con capacidad real de decisión, el conflicto parecía no tener salida.
¿Cómo se destrabó el diálogo?
Para entenderlo, hay que regresar unos días en el tiempo. El 27 de enero, desde el auditorio Justo Sierra y ante los micrófonos de Radio UNAM, el Consejo Estudiantil Universitario hizo la jugada que cambiaría el rumbo de la historia.
Hasta ese momento, exigían la derogación de los reglamentos. Sin embargo, ese día ofrecieron aceptar solo su suspensión, siempre y cuando se convocara a un Congreso Universitario con carácter resolutivo. Así lo explicaba Carlos Imaz, al reprochar a la comisión de Rectoría su cerrazón:
«Quién hizo la propuesta del congreso fue el Consejo Estudiantil Universitario, quién hizo una contrapropuesta a la Rectoría fue el Consejo Estudiantil Universitario, quién les propuso el referéndum fue el Consejo Estudiantil Universitario… plantea además que en caso de haber un consenso hacia el congreso resolutivo, los estudiantes hemos decidido… la posibilidad de aceptar una suspensión de los reglamentos aprobados el once y doce de septiembre».
Pero la comisión de Rectoría no cedió. Dos días después, Mario Ruiz Massieu rechazó el referéndum y dejó claro por qué esa mesa de negociación estaba estancada:
«La comisión de Rectoría no acepta por ahora el referéndum… considera que el único órgano legalmente capacitado para emitir la convocatoria, señalar las bases, mecanismos, tiempos y agendas, es el Consejo Universitario».
Ahí estaba el nudo del conflicto: el CEU tenía una propuesta, pero enfrente no había quién pudiera aprobarla.
La salida llegó cuando los estudiantes cambiaron de interlocutor. El 30 de enero, ya con la huelga en marcha, la asamblea del CEU pidió al Consejo Universitario nombrar una comisión de diez representantes para reanudar el diálogo.
Los dirigentes argumentaron que la representación de Rectoría no tenía facultad de decisión. Además, lanzaron una advertencia: el Consejo Universitario era la última instancia; si no resolvía, el conflicto tendría que escalarse directamente ante el Estado.
La presión social y política aumentó. El 3 y 4 de febrero, el CEU realizó movilizaciones simultáneas en la capital. Al mismo tiempo, dentro de la universidad la tensión era evidente.
Profesores de ocho colegios respaldaron la idea del Congreso resolutivo y crearon el Consejo Académico Universitario.
Paralelamente, los dirigentes Carlos Imaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos firmaron una propuesta para que dicho Congreso discutiera, primero, los grandes problemas nacionales y, después, la universidad que requería el país.
El 9 de febrero, la marea estudiantil fue contundente: cientos de miles de jóvenes marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. Los contingentes tardaron más de dos horas solo en terminar de ingresar a la plaza.
Al día siguiente, 10 de febrero, el Consejo Universitario se reunió en el Colegio de Ingenieros Civiles. Tras doce horas de intenso debate, cedieron en lo que un mes antes parecía imposible: suspendieron los tres reglamentos en disputa, convocaron a un Congreso Universitario plural y acordaron asumir sus conclusiones.
A la salida, Carlos Imaz afirmó que los estudiantes habían ganado. Imanol Ordorika fue más cauteloso y pidió evaluar con frialdad los resultados.
La discusión regresó a las aulas. El 11 de febrero, en las asambleas de las escuelas, la tensión se concentró en una sola palabra: “asumir”.
¿Obligaba el Consejo a cumplir lo acordado en el Congreso, o solo a tomarlo en cuenta?
Era la misma duda que el representante de Rectoría, José Barros Horcasitas, había planteado semanas antes:
«Este referéndum significa simplemente aceptar, asumir las conclusiones del congreso por ser resolutivo, tal y como devengan, o tiene capacidad de acuerdo a su concepto el Consejo Universitario de modificar, de matizar, de discutir y de sancionar las propuestas».
A lo que Imanol Ordorika respondió:
«El Consejo Universitario tiene la obligación de refrendar los acuerdos independientemente de que los miembros de ese Consejo Universitario que formen parte del congreso estén o no de acuerdo con lo que se haya resuelto de manera colectiva por las representaciones sectoriales».
Pese a la respuesta, la incertidumbre persistía y treinta y cuatro asambleas votaron por continuar el paro.
El riesgo de un desgaste destructivo comenzó a pesar. El 13 de febrero, Ordorika advirtió que prolongar la huelga abría la puerta a la represión. Antonio Santos reconoció que el movimiento podía perder el respaldo social acumulado.
La postura cambió el 14 de febrero, cuando 31 de las 44 escuelas votaron por levantar la huelga bajo seis garantías de no represalias y validez académica.
La tensión se mantuvo hasta el último minuto. Tras desencuentros finales y la entrega de un documento sin firma de última hora por parte de las autoridades a la medianoche, a las dos de la mañana del 17 de febrero de 1987, la comisión del CEU retiró las banderas rojinegras.
Horas más tarde, entregaron la Torre de Rectoría.
El diálogo no se destrabó porque una parte haya sido derrotada, sino porque ambas aceptaron cambiar el terreno del juego: el CEU pasó de exigir la abrogación total a aceptar la suspensión negociada, y la Rectoría pasó del rechazo a convocar un Congreso.
Como lo resumió en su momento la dirigente estudiantil Andrea González: había motivos para celebrar lo conseguido, pero en realidad, todo estaba por comenzar.
Sin embargo, lo vivido en la UNAM no fue un hecho aislado.
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