Al asegurar que no existe subordinación del Poder Judicial hacia el Ejecutivo estatal, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre pidió prudencia en el manejo de la carta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que circuló en redes sociales y en la que se plantea que se dicta la línea de las sentencias que emiten los jueces locales.
En entrevista, tras la guardia de honor al monumento a Miguel Hidalgo, aseguró que el Poder Judicial no ha sido notificado de ningún resolutivo del organismo internacional; así como tampoco se les solicitó ningún informe especial.
¿Qué dice la carta de la ONU?
Consideró la carta que emitió la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
El documento revela que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia presuntamente se habría molestado por no ser consultada por la jueza Angélica “N” para tomar la decisión y la habría amenazado por liberar a Itiel “N”, alias el “Compa Playa”, un objeto del gobierno.
“Contiene las manifestaciones que ella realizó de carácter subjetivo, las cuales están sujetas a ser corroboradas en un momento dado. Sería hablar sin un fundamento, sería especular, yo no me atrevería a especular porque tendríamos que ver qué sucede”, respondió la magistrada.
La magistrada se defendió al afirmar que la carta contiene manifestaciones subjetivas, por lo que debe ser corroborada.
“Es una carta que se hizo con manifestaciones de una persona, que está sujeta a corroboración, a aprobarse, en redes sociales cada quien puede opinar lo que guste, pero siempre les comento que quien tenga una queja en contra de un juez coloque su queja ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción”, comentó.
Ante ello, pidió prudencia con la información que porta la carta, misma que no ha sido recibida en el Poder Judicial.
“Hay que ser prudentes con lo que dijo la ONU porque yo lo que veo es que esa carta que está en Internet porque no nos ha sido notificado al Poder Judicial de manera oficial esa situación, ni se nos ha hecho ningún requerimiento, está sustentada en manifestaciones subjetivas de una persona, yo creo que todos tenemos derecho a ser oídos, pero no me atrevo a decir que así es”, expuso.
En su opinión, ha existido mucha confusión en torno a la coordinación que el Poder a su cargo tiene con el Ejecutivo estatal al mencionarse que hay subordinación.
“Una cosa es la coordinación y otra la subordinación, tenemos que estar muy claros en ese tema, los jueces resuelven conforme a derecho, tan es así que autos, sentencias, se revisan, se confirman, se modifican en el amparo, a final el juez resuelve conforme a lo que está sucediendo en una audiencia y se desahoga en un juzgado, es aventurado decir que le damos línea o punto para resolver”, opinó.
Resaltó que los jueces cumplen con las sentencias conforme a derecho; sin embargo, hubo casos en los que se aplicaban resolutivos que ponían en riesgo a las víctimas.
“Cuando yo me manifesté fue porque empecé a ver sentencias en delitos graves como secuestros, pederastia, mandar a domiciliaria a gente que es vecina de la víctima, entonces me generaron alarma, pero el tema de los amparos. A razón de todo esto que se dio ya se ha moderado ese tema, ya se precisa la prisión preventiva oficiosa y no se considera de la misma forma la prisión preventiva justificada”, agregó.
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