El 23 de marzo de 2024, una prohibición de circulación paralizará Bolivia, para facilitar el censo nacional más reciente desde 2012. Las brigadas destinadas a esta tarea exhaustiva avanzarán de puerta en puerta, para recopilar información, directamente de las viviendas, acerca de los habitantes del país.
Originalmente, la celebración del censo estaba planeada para noviembre de 2022, pero fue postergada por más de un año por “razones técnicas”, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y es que el Censo Nacional de Población y Vivienda de Bolivia de 2024 es más que una herramienta para el diseño de políticas públicas, y viene acompañado de una fuerte polémica.
Los municipios más poblados ganan
“Está verdaderamente mucho en juego”, subraya la Dra. Moira Zuazo, socióloga política e investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín.
La académica boliviana explica que, por un lado, los resultados del registro definirán la distribución del 20 por ciento de los impuestos nacionales destinados a los municipios y el cinco por ciento que reciben las universidades.
Tradicionalmente, estos recursos son distribuidos per cápita. “Cuanta más población tengas, más recursos tienes derecho a recibir”, señala Zuazo en entrevista con DW.
Por otro lado, en base a los datos demográficos, también se definirá la redistribución de los 130 escaños parlamentarios de la Cámara de Diputados. El Tribunal Supremo Electoral asignará los escaños según el número de habitantes en los departamentos bolivianos.
Migración rural-urbana
Como consecuencia de la migración de áreas rurales hacia zonas metropolitanas, la Dra. Daniela Osorio, del Instituto de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés), cree que bastiones de la oposición al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), como Santa Cruz, verán incrementada su representación parlamentaria, en detrimento de departamentos del Occidente.
Santa Cruz, el departamento con el mayor crecimiento económico y destino de la migración interna de Bolivia, incluso amenaza con disputarle el liderazgo político a La Paz, actual sede del Gobierno.
La politóloga Osorio recuerda a DW que, en 2022, Santa Cruz declaró un paro que se extendió por más de un mes, en protesta por el retraso en la ejecución del censo: “Este paro se desactivó únicamente tras obtener un compromiso por parte del INE de publicar los resultados antes de septiembre de este año, lo que permitiría actualizar la asignación de escaños de cara a las elecciones nacionales de 2025″.
Asimismo, la experta del GIGA apunta que “el pacto fiscal revela profundas tensiones aún sin resolver en Bolivia”: “Numerosos municipios rurales han experimentado una notable reducción de su población debido a la migración interna, disponen de presupuestos que apenas cubren sus gastos burocráticos y no tienen la posibilidad de invertir en proyectos de desarrollo. La actualización censal amenaza con agravar esta problemática”.
Desinformación y ataques al INE
En opinión de la Dra. Osorio, el potencial explosivo del censo también radica en “la polarización política y la baja confianza de los bolivianos en las instituciones del Estado”. La postergación del censo debido a supuestos problemas técnicos habría afectado la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística, “dificultando la lucha contra la desinformación en redes sociales”.
“La decisión del INE de restringir la cobertura mediática, bajo el argumento de ‘secreto estadístico’, no ha hecho más que aumentar las dudas”, dice la politóloga, quien agrega que mucha de la desinformación y los ataques al INE vienen de parte de figuras de la oposición.
Revalorización de las raíces indígenas
Más allá del potencial de conflicto del censo, Moira Zuazo destaca, sobre todo, su impacto positivo en la formación del actual Estado plurinacional boliviano. “La reforma de 1994 fue fundamental”, dice la investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín y explica que, en aquel entonces, se acordó por primera vez la redistribución del 20 por ciento de los ingresos fiscales por densidad demográfica.
“Fue la primera vez que llegaron recursos públicos a la gran mayoría de los municipios rurales en el país. Recién a partir de la revalorización de las raíces indígenas ancladas en los ámbitos rurales fue posible pensar una nueva estructura de país”, sostiene Zuazo, convencida de que “el Estado plurinacional es hijo de este proceso de revalorización de todo el legado indígena, campesino”.
(ms)
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