La Habana/El Ministro de Finanzas y Precios aprobó una nueva prórroga para la importación libre de alimentos, útiles de aseo y medicamentos sin fines comerciales de los viajeros que entren a la Isla. La medida se extiende esta vez hasta el 30 de septiembre con un carácter “excepcional y temporal”.
La resolución adoptada en 2021 y que ha sido extendida varias veces, mantiene el límite del valor en aduana de 500 dólares estadounidenses para las importaciones que realizan las personas naturales mediante envíos.
El documento con fecha del 26 de junio, aunque fue publicado este jueves, indica que el límite de valor para los artículos importados es de 500 dólares y hasta 50 kilogramos, en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República.
Asimismo, precisa que se mantiene el beneficio de la exención arancelaria excepcional por los primeros 30 dólares del valor, o su peso equivalente de 3 kilos del envío, y solo se aplicará el exceso de la tarifa a un 30%.
La normativa se aplica con la condición de que esos artículos se presenten ante la Aduana en “bultos separados” del resto de los productos
En el caso de los alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos que sean importados por personas naturales como envíos aéreos, marítimos y postales, se autoriza hasta un límite de 200 dólares o un peso de hasta 20 kilos, según la resolución.
Además, señala que la normativa se aplica con la condición de que esos artículos se presenten ante la Aduana en “bultos separados” del resto de los productos.
La legislación vigente en Cuba sobre la importación de equipaje consiste en un complejo sistema de puntos y límites de peso que establece aranceles a los excesos de artículos traídos por los viajeros.
La libre importación de alimentos y medicinas entró en vigor por primera vez en julio de 2021, pocos días después de las protestas multitudinarias del 11J y en medio de una situación muy crítica para obtener este tipo de productos.
En aquel momento se anunció que la norma estaría vigente hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno se ha visto obligado a prorrogarla en multitud de ocasiones, con plazos de entre seis y tres meses, ya que las condiciones no solo no han mejorado, sino que continúan empeorando.
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