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El Parlamento cubano rechaza una petición para tramitar una ley de amnistía

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(EFE).- El Parlamento cubano rechazó este sábado una petición para tramitar una ley de amnistía, una iniciativa de una treintena de familiares de presos considerados políticos o de conciencia por distintas ONG.

Varios activistas opositores radicados fuera de Cuba mostraron en la red social X una carta de la Oficina de Atención a la Población del Parlamento en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.

El documento califica de “improcedente” la solicitud llegada a esa dependencia.

Familiares de 33 presos —condenados en su mayoría por participar en protestas antigubernamentales como la del 11 de julio de 2021 (11J) — entregaron a finales de enero una carta en la Asamblea Nacional en la que piden una ley de amnistía.

Familiares de 33 presos entregaron a finales de enero una carta en la Asamblea Nacional en la que piden una ley de amnistía

Suscribieron el texto familiares de presos de alcance mediático como los disidentes Maykel Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como opositores y activistas como Félix Navarro, Lisandra Góngora, Luis Robles y Lázaro Yuri Valle Roca.

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, elaboró un documento en el que describe ocho vías para liberar a los condenados por las protestas antigubernamentales de los últimos años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió este documento recientemente a la Cancillería cubana.

Solo por el 11J, las mayores protestas antigubernamentales de Cuba en décadas, se han registrado unas 700 sentencias de cárcel, algunas de hasta 30 años, según registros de distintas ONG como Justicia 11J y Prisoners Defenders.

Asimismo, estas organizaciones cifran por encima de 1.000 los presos políticos actualmente en el país.

Justicia 11J ha documentado en estos últimos dos años la detención de 1.887 manifestantes, de los que 793 continúan en prisión. Más de 900 personas han sido sancionadas y cerca de un centenar se han marchado al exilio.

El Gobierno cubano tachó de “contrarrevolucionarios” a los manifestantes del 11J procesados y aseguró que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959.

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