El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este viernes (03.11.2023) que “espera” el fallo de la Corte Suprema de Justicia ante varias demandas de inconstitucionalidad presentadas contra un polémico contrato minero que ha desatado una grave crisis con masivas protestas en las calles.
“Con el respeto debido a la separación de los poderes del Estado, esperemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el mandatario panameño en la red social X (antes Twitter).
Cortizo también ratificó la ley de moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y rechaza las que están en trámite, propuesto por el Ejecutivo como una vía de escape a la crisis que azota el país desde hace 12 días con masivas protestas, huelgas gremiales y bloqueos en las carreteras.
La firma del presidente a esa ley se da pocas horas después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) la aprobara en tercer y último debate durante unas sesiones extraordinarias.
“Informo al país que he sancionado la Ley 407 de 2023 ‘Que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional’ (Ley de Moratoria)”, escribió Cortizo en sus redes sociales.
Un comunicado oficial señala que esa ley, propuesta la semana anterior por el Ejecutivo, “se fundamenta en el principio precautorio, que implica la responsabilidad del Estado de salvaguardar la salud de la población y garantizar un entorno limpio y libre de contaminación”.
El Parlamento panameño eliminó el día anterior un artículo de esa ley que derogaba el polémico contrato entre el Estado y la canadiense First Quantum Minerals (FQM), dejando el futuro de ese pacto minero en manos de la Corte Suprema de Justicia para fallar sobre su alegada inconstitucionalidad.
La Corte Suprema de Justicia con la última palabra
En tanto, la Corte Suprema ha admitido casi una decena de demandas de inconstitucionalidad contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de FQM, para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica durante 20 años prorrogables.
Una de ellas está más avanzada que el resto y tanto el fiscal general como el procurador de la Administración han opinado que ese pacto minero es “inconstitucional”, según medios locales, después de que la Corte Suprema les remitiera esa denuncia para que “emitieran su concepto” con base en la ley panameña.
Grupos ambientalistas y juristas alegan que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte -el máximo órgano de Justicia- pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible futura demanda internacional de parte de la empresa minera por incumplimiento del contrato.
Ambientalistas: “No cantamos victoria”
Por su parte, movimientos ambientalistas y sociales señalaron que “no cantan victoria” ante la “falta” del fallo de la Corte Suprema, por lo que aseguran que seguirán protestando.
“(La ley) es un gran paso, aunque no soluciona todo el problema de la minería; es un hito importante”, publicó en X el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, uno de los más fuertes. “No cantamos victoria. Aún falta el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ, y que el Gobierno haga valer esta Ley de Moratoria Minera a nivel nacional”, agregó.
ama (efe, presidencia)
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