Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Ortega en Nicaragua tras las detenciones de dirigentes opositores

El Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua luego de que el mandatario sandinista continuara su avance contra la oposición y detuviera a cuatro dirigentes que podían competir con él en las elecciones de noviembre.

Las medidas punitivas alcanzan “a cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

“Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y llevando al país a una mayor tiranía (…) Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, advirtió Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Las personas incluidas en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU son Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Ortega y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada.

Las medidas bloquean todos los activos de los funcionarios señalados y los congelan fuera del sistema financiero estadounidense.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, reiteró que la administración de Biden pidió a Ortega “que libere inmediatamente a los candidatos presidenciales, así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados durante la última semana”.

La ONU le pidió a Nicaragua la liberación de los líderes opositores detenidos

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a Nicaragua la liberación de los líderes de la oposición que han sido detenidos y la restitución de sus derechos políticos.

“El secretario general está muy preocupado por los recientes arrestos y detenciones, así como por la invalidación de candidaturas de líderes de la oposición en Nicaragua”, dijo el vocero de Guterres, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.

Según Dujarric, el jefe de Naciones Unidas considera que estos acontecimientos “pueden minar seriamente la confianza en el proceso democrático de cara a las elecciones generales de noviembre” y ve necesario un acuerdo amplio para que haya una participación “creíble e inclusiva” en esos comicios.

Guterres llamó además a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) también se sumaron al repudio.

“La CIDH y la OACNUDH resaltan que la persecución penal en contra de los precandidatos y la precandidata de la oposición presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso”, se informó en un comunicado.

Por otra parte, la CIDH y la OACNUDH hacen presente que estos eventos, sumados a la cancelación de la personería jurídica de dos partidos de oposición y el persistente hostigamiento por parte de las autoridades en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, periodistas y medios de información independientes continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes erosionando la confianza en las instituciones, profundizando el grave deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.

En tal sentido, la CIDH y la OACNUDH instan a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, de todas las personas que aspiran a concurrir para cargos de elección pública y de los y las votantes para que se les permita escoger libremente la opción de su preferencia.

Naciones Unidas la CIDH y la OACNUDH reaccionaron de esta forma a las detenciones de cuatro aspirantes opositores a las elecciones en Nicaragua y de otras figuras contrarias al Gobierno de Daniel Ortega.

La Policía Nacional informó en la noche del martes de la detención de Juan Sebastián Chamorro García bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Chamorro, sobrino político de la ex presidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), se ha convertido en el cuarto aspirante opositor a la Presidencia que es investigado y detenido en los últimos días.

La primera detenida fue Cristiana Chamorro, prima de Juan Sebastián, hija de la ex mandataria Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.

Efectivos de la Policía ingresaron el miércoles 2 de junio a su domicilio con una orden de “allanamiento y detención” emitida por una jueza local. Tras cinco horas de allanamiento, a las 5:15 pm (hora de Managua) Cristiana quedó bajo arresto domiciliario, según reveló su hermano Carlos Fernando Chamorro.

El Ministerio Público de Nicaragua la acusó por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Tras su detención, el secretario general de la ONU ya había expresado públicamente su preocupación.

Tras ella fue arrestado también Arturo Cruz, embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa.

Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 hora local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular.

Cuando ya habían pasado varias horas del sábado sin que se conociera el paradero del candidato y también ex embajador, el Ministerio Público de Nicaragua confirmó su detención: “Fue detenido (…) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

El tercer arrestado fue el dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.

Maradiaga, un académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.

El martes, la Policía Nacional nicaragüense informó que detuvo también al economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera.

Tanto el dirigente empresarial como la activista opositora fueron arrestados bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, dijo la Policía Nacional en una declaración.

La Policía aseguró que Granera, que aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, “permanece en su casa bajo custodia policial”.

Mientras el ex titular del Cosep fue trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, en Managua.

“Ambos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, señaló la Policía Nacional.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: