La Fiscalía de Perú presentó este jueves (27.06.2024) una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado.
El Ministerio Público informó en la red social X (antes Twitter) que la denuncia constitucional -fórmula empleada para altos o ex altos cargos públicos- se hizo por “las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo”, en las que supuestamente negó sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra.
La denuncia se realizó por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía y también comprendió la omisión de haber consignado en su declaración jurada de 2018 su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones de CyM Vizcarra. Los casos denunciados cuestionan los presuntos vínculos de la empresa de Vizcarra con Odebrecht.
El exgobernante fue ministro de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), del que era vicepresidente y al que sucedió luego de su renuncia, en marzo de 2018.
Días antes, se informó que Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional (TC) que anule la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que le impuso en 2022 el Congreso para, de esa manera, poder “participar en la vida política” de su país. El Congreso aprobó esa sanción contra el exgobernante por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski.
El Poder Judicial también evalúa una demanda de amparo presentada por el exmandatario para que se anule otra inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por su presunta vacunación irregular contra el COVID-19. Esa decisión le impidió asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el exjefe de Estado presentó, aún sin éxito, diversos recursos para buscar revertir la sanción.
La Fiscalía archivó una investigación contra Vizcarra por la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19, por considerar que no advirtió “ninguna acción dolosa”. Tras conocerse esa decisión, el exgobernante aseguró que la medida fiscal confirmó que siempre actuó “con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley” durante su mandato.
Además de estos casos, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
ama (efe, tvpe)
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