Habrá precios topados para el sector privado cubano, pero sin fecha a la vista

Madrid/Habrá precios “topados” para seis artículos de primera necesidad, pero nadie sabe cuándo. Es seguro que la medida, que inicialmente entraba en vigor este lunes 1 de julio, no se aplicará por ahora. Hicieron falta cuatro días de especulaciones e incertidumbre para que el Gobierno apareciera a zanjar la situación, aunque se ha clarificado poco. 

“La medida no entró en vigor este lunes, a partir de la necesidad de continuar los intercambios con los actores económicos, sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización, así como atender los estados de opinión de la población”, dijo la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, en Canal Caribe la noche del martes, tras una jornada en la que era casi imposible encontrar en las tiendas de la Isla alguno de los productos cuyos precios tendrán un máximo. Esa situación de carestía extrema es, para muchos, la razón real por la que posponer la medida.

La noticia comenzó a circular el pasado fin de semana, cuando en redes sociales se hicieron virales tablas con precios máximos de venta para los negocios privados en seis productos: el pollo, la leche en polvo, el aceite, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente en polvo. Era, presuntamente, el resultado de varias reuniones mantenidas entre las autoridades municipales –autorizadas por la misma resolución que establece beneficios máximos del 30% a establecer precios máximos– y el sector privado, aunque, por sus comentarios, los empresarios parecían haber concertado poco y acatado mucho. 

Esa situación de carestía extrema es, para muchos, la razón real de posponer la medida

Los precios llegaron a ser anunciados incluso en las redes sociales de algunos organismos municipales, que no solo marcaron la fecha de inicio (para el 1 de julio), sino que facilitaban teléfonos a la población instándola a denunciar si veían los productos más caros. Sin embargo, el lunes la confusión empezó a reinar. Las mismas instituciones que habían informado se echaban atrás o, directamente, negaban tener conocimiento de la situación. Este martes, con la población sumida en la incertidumbre y las tiendas vacías –previsiblemente a la espera de mayor claridad– la viceministra explicó, relativamente, la situación. 

Según Rodríguez, “la decisión fue precedida de un estudio amplio sobre la demanda y las necesidades de la población” e intenta establecer una propuesta de “regulación de precios” que, según sus palabras, será también para las tiendas del Estado y “temporal”.  

La información asegura que “durante los últimos meses, las autoridades de los territorios y las direcciones de Finanzas han realizado al menos 3.400 intercambios con los actores económicos no estatales” y que la decisión de echar el freno se debe a la “necesidad de extender esos debates al resto de los negocios y seguir atendiendo a los criterios emitidos por el pueblo”. 

Para la funcionaria, los empresarios emitieron criterios que se tendrán en cuenta en el “perfeccionamiento de la política de precios”. El sector privado señaló en las reuniones su preocupación por el alto costo de la adquisición de las mercancías, así como del transporte. 

En uno de esos encuentros, cuyo audio ha sido filtrado y publicado por El Toque, la viceministra abre la puerta a una exención arancelaria. “Sería más adelante, en las importaciones posteriores que se hagan y por eso los precios máximos minoristas propuestos son más altos, porque incluyen el arancel”, dijo. Se trataría de otro volantazo en la política gubernamental, que a principios de este año anunció su voluntad de encarecer los aranceles a productos finales y reducirlo a los intermedios para fomentar la producción nacional. La segunda parte se ha cumplido pero la primera, muy probablemente por temor al desabastecimiento, no se había decretado aún –salvo en el tabaco y las bebidas alcohólicas– y ahora pende de un hilo.

En esa reunión hubo al menos dos empresarios que vaticinaron lo que pasaría. “De entrada, puedo decir que no habrá leche, aceite ni pollo”, advirtió uno. “Si quieren que sigan entrando productos de primera necesidad, este no es el camino”, reprochó otro, que añadió que no podía ”trasladar la incertidumbre al proveedor extranjero”. 

En esa reunión hubo al menos dos empresarios que vaticinaron lo que pasaría. “De entrada, puedo decir que no habrá leche, aceite ni pollo”

También hubo malestar cuando se advirtió a la viceministra que las tiendas en moneda libremente convertible tienen márgenes de beneficio que rondan el 200% y la respuesta fue que ahí se venden “otro tipo de productos” y se reclamó que los transportistas estatales muchas veces no tienen combustible o vehículos y hay que recurrir a uno privado, mucho más caro. Además, no faltó la mención a la tasa de cambio, cuyo impacto reconoció Rodríguez. “Está en estudio la evaluación de una solución, cuando existan la condiciones”.

El audio zanja una cuestión importante, el tope a los precios será publicado en una nueva Gaceta Oficial cuando se haya zanjado la cuestión. “Los precios concertados del pollo, el aceite, el detergente en polvo, la salchicha, la leche en polvo y las pastas alimenticias serán recogidos en otra resolución y publicados antes de su entrada en vigor”, dijo la funcionaria.

Por el momento lo que sí está en vigor, señaló la información de Canal Caribe, es la aplicación del decreto 30, aprobado en 2021 para el control de precios estatales y que establece multas de entre 5.000 a 15.000 pesos a los comercios que los infrinjan. A fin de que se cumpla, hay hasta 7.000 inspectores por todo el país que apoyarán más tarde al “tope de precios” a los privados. 

Si las explicaciones devuelven la comida a tiendas y mercados, al menos temporalmente, se sabrá a lo largo del día, pero la política de comunicación del Gobierno ya ha puesto –antes que los precios topados– en jaque a la economía nacional.