La Contraloría explica al Supremo las razones de la inhabilitación de María Corina Machado

Caracas, 25 dic (EFE).- La Contraloría General de Venezuela expuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones de la inhabilitación política impuesta a la líder opositora María Corina Machado, según informó este lunes la corte, en medio del proceso de revisión de estas sanciones, acordado entre el Gobierno y el principal bloque antichavista.

En su página web, el TSJ indicó que el pasado jueves recibió documentación por parte de la Contraloría, “dando cumplimiento” al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.

Esta instancia había dado un plazo de tres días -que venció el 21 de diciembre- a la Contraloría para la “remisión de los antecedentes administrativos” de este caso, según el cual, Machado, candidata para las presidenciales de 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no puede ocupar cargos de elección popular hasta 2030.

Asimismo, el TSJ pidió al organismo que impuso la sanción entregar una “copia certificada de los actos administrativos” que conllevaron a la inhabilitación, una medida que fue anunciada en 2015 con una extensión de 12 meses y que este año se conoció que su vigencia es de 15 años.

Sin ofrecer detalles, el Supremo aseguró que ha recibido lo que había solicitado a la Contraloría, por lo que ahora corresponde a la Corte analizar la documentación y decidir si admite la demanda interpuesta por la opositora, que pide que le sea levantada la inhabilitación, y si procede el amparo cautelar en este caso.

Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió al TSJ revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la PUD en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos de cara a los comicios del segundo semestre de 2024.

La exdiputada liberal arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre, cuando recibió el 92,35 % de los votos, en una contienda que fue declarada como “suspendida” por el Supremo, una semana después de realizarse.