La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este sábado (07.10.2023) el envío de una delegación integrada, entre otros, por el exministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla para mediar en la crisis de Guatemala.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio respuesta así a la petición que le hizo el Gobierno guatemalteco para que iniciara “un proceso de mediación” con mesas de diálogo para resolver la crisis desatada tras las elecciones presidenciales.
En una carta para el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, el secretario general reveló que ha determinado que “una misión de mediación y diálogo” viaje a Ciudad de Guatemala en “la fecha más próxima posible”. La misión estará conformada por Rosadilla, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata, y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.
Su objetivo será el de “reunirse con los actores principales de la coyuntura social y política” en Guatemala, así como presentar “recomendaciones puntuales” para que el Gobierno pueda tomar “decisiones políticas urgentes” para resolver el malestar social.
Protestas siguen por sexto día consecutivo
Miles de personas guatemaltecas continuaron exigiendo este sábado en todo el territorio -con masivos bloqueos y manifestaciones- la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana por sus supuestos intentos de interferir en las elecciones celebradas este año.
La cifra de carreteras bloqueadas este sábado fue la más alta de la semana, con más de 80 vías tapadas por manifestantes, desde que el 2 de octubre fueran convocadas e iniciadas las protestas por la organización indígena 48 cantones de Totonicapán.
La agrupación ha dividido sus esfuerzos con protestas frente al Ministerio Público (Fiscalía) en la Ciudad de Guatemala y también en su departamento, donde tiene bloqueado el paso en sus principales carreteras.
A las manifestaciones se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades y personal sanitario. El 6 de octubre, la gremial que agrupa a los mercados públicos del país advirtió que cerrarían todos sus puntos de venta si Porras no renuncia antes del 9 de octubre.
El pedido de renuncia contra los tres funcionarios señalados llega después de que la Fiscalía interviniera -de forma inédita- en el proceso electoral, con el decomiso hace una semana de actas de votaciones, además de varios allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo de León.
ama (efe, afp)
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